Los sobrecostes, la deuda que se multiplicó por siete en una década o el derroche de 70 millones de euros anuales en el pago de seguros Swaps marcaron los periodos de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. En opinión del concejal de Economía y Hacienda de la actual Corporación municipal, Carlos Sánchez Mato, "eso tiene que tener responsabilidad política asociada".

Sánchez Mato ha presentado este jueves el primer informe de la Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda, adelantado por Público, que hace balance de las políticas de "impacto negativo" sobre los madrileños desarrolladas entre los años 2003 y 2005, bajo gobiernos del PP. "La auditoría ha llegado para quedarse", advirtió. ¿El objetivo? "Establecer una serie de pilares complejos para que no puedan existir mantos de oscuridad sobre políticas públicas", explicó el edil.

También recordó que esta labor, un "mandato del Pleno", ha supuesto un "esfuerzo muy considerable" dentro del Ayuntamiento desde que comenzó su andadura, en julio de 2015, y que continuará a lo largo de la legislatura.

En un futuro próximo, previsiblemente incluirán otros casos que hasta el momento no figuran en el informe, que tiene un carácter "preliminar", de "producto intermedio", en palabras de su autora, la economista Bibiana Medialdea, también responsable del Consejo Asesor en esta materia y presente en la presentación junto a Mato y el subdirector general de Auditoría Ciudadana de la Deuda y las Políticas Públicas, Álvaro Sánchez Martí. Medialdea explica que aún no hay una cifra final que englobe el impacto económico de estas políticas -"Correspondería a la parte final del trabajo"- y recuerda que, al trabajar sobre "impactos integrales", no siempre habrá una "traducción monetaria inmediata".

Participación ciudadana

Asimismo, dice que el objetivo de esta iniciativa "no es que se quede en estudios muy buenos, serios y concienzudos", sino que este trabajo "rebose y llegue a la población", que los ciudadanos madrileños participen en esta segunda fase de "manera activa". Para ello se han puesto en marcha foros locales, y se elaborarán nuevos informes que recojan otros casos de políticas públicas que hayan podido causar "efectos negativos sobre la población". 

"El esfuerzo tendrá sentido si nos sirve para corregir el rumbo cuando hay políticas que causan daño o no tienen el efecto deseado", apostillaba. Paralelamente, el concejal recuerda que la Subdirección General de Auditoría de la Deuda y Políticas Públicas y el Consejo Asesor siguen trabajando para identificar "eventos o situaciones que pueden acabar ante la Justicia" o en denuncias públicas de tipo político.

De hecho, el Consistorio no precisa qué parte del volumen de deuda analizado consideraría "ilegítima", ya que éste es un "concepto político". "Cuando hay alguna partida considerada susceptible de ilegalidad lo que se hace es llevarlo a los tribunales; son los jueces los que tienen que decidir si los sobrecostes no son válidos", afirmaba.