MADRID.- La artimaña de la recusación como fórmula de defensa, retraso y desprestigio de los jueces que juzgan un caso de corrupción política ha alcanzado un nuevo grado este viernes, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado de plano la recusación del juez Javier Martínez Lázaro, quien fue designado ayer mismo instructor de la también recusación del juez José Ricardo de Prada, uno de los miembros del tribunal que juzgará la trama corrupta de Gürtel a partir de este martes, 4 de octubre.

El Pleno de la Sala de lo Penal ha incluido en el orden del día la ultima recusación planteada ayer mismo por Pablo Crespo, número dos de la trama Gúrtel, contra Javier Martinez Lazaro y ha acordado por unanimidad rechazarla ad limine (de plano).

Con esta fulminante decisión, la Audiencia Nacional pone pie en pared a las maniobras de las recusaciones. No en vano Martínez Lázaro era el juez sobre quien, según los cálculos de reparto, iba a recaer la instrucción de una recusación del tribunal de Gürtel. Y Crespo reclamó en su escrito de recusación a De Prada que se le comunicara con antelación suficiente la identidad del instructor, ya que varios jueces de la Audiencia Nacional -entre ellos citaba a Martínez Lázaro- habían apoyado al juez Baltasar Garzón de manera "expresa y ostensiblemente" cuando fue condenado por el Tribunal Supremo por autorizar escuchas entre los abogados e imputados de Gürtel en prisión.

El Pleno de la Sala de lo Penal no ha dejado que esta espiral crezca y, ahora, Martinez Lázaro -ex vocal del CGPJ a propuesta del PSOE- instruirá la recusación planteada a José Ricardo de Prada por Crespo y la mayoría de las defensas y tendrá que resolver si la admite o no entre este viernes y el lunes, porque el martes comienza el juicio.

La recusación a De Prada es la tercera que la Sala debe afrontar antes de iniciar el juicio de la primera época de la trama Gúrtel. Crespo argumenta que este juez de talante progresista apoyó a Garzón, en cuya Fundación ha sido invitado a dar conferencias -que no cobró por ellas-, así como los vínculos de su hija Pilar Eirene de Prada con el abogado Gonzalo Boyé, que ejerce una de las acusaciones en este caso.

Además, el Pleno ha aceptado las recusaciones planteadas a los jueces Concepción Espejel y Enrique López en otras dos piezas de Gürtel, la abierta por los contratos con AENA y la de los contratos con las administraciones públicas de Jerez.

Freno al abuso

López y Espejel fueron apartados hace un año del juicio de la primera época de Gürtel que comienza este martes porque su participación afectaba a la apariencia de imparcialidad que debe regir en un tribunal.

El acuerdo de la Audiencia Nacional supone un intento de frenar la deriva que alcanza ya al Supremo. Así, el magistrado Cándido Conde Pumpido no tiene intención de apartarse de la instrucción de la pieza sobre Rita Barberá, exalcaldesa del PP de Valencia, por mucho que haya sido Fiscal General del Estado en la etapa del PSOE.

La ley limita las causas de recusación -enemistad manifiesta, interés directo en el caso..-, así que esta interpretación de la Audiencia Nacional de la apariencia de parcialidad da más juego a las defensas y comienza a utilizarse en otras causas. Así, el PP ha intentado recusar de esta manera a la juez instructora de la destrucción de los discos duros de Bárcenas, decisión que debe resolver la Audiencia de Madrid.

Los magistrados López y Espejel fueron apartados dentro de un debate que persiste en al Audiencia Nacional, donde aún existe división entre los jueces por las razones que llevaron a aceptar la recusación de sus compañeros, en especial de Espejel.

Enrique López fue apartado del tribunal de la Gürtel porque participó en 78 conferencias de la Fundación FAES del PP, intervenciones en las que cobró casi 14.000 euros, cuando la exministra Ana Mato forma parte de la dirección de este think tank popular y está encausada en Gürtel como partícipe a título lucrativo.

Además, López fue aupado en tres ocasiones por dicho partido para cargos de relevancia: vocal del Consejo General del Poder Judicial, por un lado, y, en dos ocasiones, magistrado del Tribunal Constitucional.

Por su parte, Concepción Espejel fue nombrada vocal de CGPJ por el Senado, controlado por la mayoría absoluta del PP y entre los votantes se encontraba Luis Bárcenas, uno de los principales procesados y entonces senador popular. Espejel tiene una relación de amistad con María Dolores de Cospedal, secretaria general de esta formación política.