La Audiencia Nacional deniega el traslado urgente a España de una familia afgana amenazada por los talibanes

Tras la toma de Kabul por los talibanes, el 15 de agosto de 2021, propiciada por la retirada pactada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, tras 20 años de guerra, se instauró un régimen de terror, una teocracia islámica que criminaliza a las mujeres y que cumple tres años mientras el mundo se olvida poco a poco de las víctimas.

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores español, 2.900 personas afganas han sido evacuadas desde agosto de 2021 y trasladadas a España ante el peligro para sus vidas y su libertad. La mayoría de los rescatados habían sido colaboradores de las tropas españolas en Afganistán, mientras duró el despliegue de fuerzas de la OTAN. 

Familias afganas siguen llegando a España tres años después del regreso de un régimen opresor que acaba de ratificar una ley de moralidad que prohíbe que se escuche las voces de las mujeres en la vía pública. Para los talibanes, que obligan a las mujeres a salir a la calle con el velo integral, las voces femeninas también son símbolos de inmoralidad, igual que sus cuerpos. 

Con este panorama, el sueño de miles de familias afganas es salir del país. Pero no solo de Afganistán, también de los países vecinos, que acogen el 90% del éxodo afgano. La situación es muy grave en Irán y en Pakistán  ya que ambos estados han puesto en marcha programas de deportación masiva de ciudadanos afganos. 

Desde noviembre pasado, Pakistán ha deportado a medio millón de personas afganas indocumentadas. Y en Irán no se están renovando los visados a los refugiados, denuncian los solicitantes de asilo. 

Traslado urgente a España

Una de estas familias afganas refugiadas en la capital iraní, que apenas sale a la calle para evitar que la Policía le pida sus visados, ya expirados, acaba de ver roto su sueño de llegar a España. La Audiencia Nacional ha denegado su petición de medida cautelar de facilitar su traslado urgente a España para que aquí pueda presentar una solicitud de protección internacional. 

El grupo familiar que pide ayuda a España está formado por 13 personas: un matrimonio con cuatro hijos, de entre 18 y tres años de edad; tres hermanas del hombre, con dos hijos menores de edad; y los padres del hombre. 

El objetivo de estas personas es que se les conceda de forma urgente el salvoconducto en Irán para poder viajar a España, algo que es competencia de la Embajada española en Teherán. 

Según el artículo 38 de la ley de asilo española, las embajadas españolas pueden promover el traslado a España de las personas solicitantes de protección internacional. Los requisitos son que los peticionarios no sean del mismo país donde se encuentra la embajada española y que exista peligro para su vida. 

"No sufren temor real"

La familia en cuestión cumple el primer requisito pero no el segundo, según dictaminó el embajador español en Teherán, en septiembre de 2023: "No sufren temor real y fundado de sufrir persecución en su
país de origen". El jefe de la legación española no se fía de esta familia y la Audiencia Nacional, tampoco. 

La familia, que había solicitado ayuda para venir a España en julio de 2023, recurrió la resolución negativa del embajador y el asunto lo ha visto la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional este verano. La magistrada Isabel García García-Blanco es la ponente del auto por el que se desestima la pretensión de estas personas afganas, fechado el 26 de julio pasado. 

La Sala concluye que "aun en la eventualidad de que se produjera el regreso a Afganistán desde Irán del grupo familiar recurrente, al momento presente, por lo alegado y probado, no se estima la existencia de un riesgo efectivo de ninguno de sus miembros hasta el punto de que su vida o su integridad física correría grave peligro". 

Y para alegar semejante afirmación, los magistrados apuntan que la familia ha entrado y salido de Afganistán cuando ha querido, que algunos de los pasaportes han sido expedido en Afganistán en los últimos años, lo que demostraría que no son perseguidos en el país de los talibanes. 

Amenazas a los colaboradores de la OTAN

Sin embargo, el padre de familia teme lo peor si son deportados a Afganistán, donde cree que "la detención, torturas o incluso la ejecución extrajudicial de los mismos es absolutamente factible e incluso previsible", consta en su recurso.

El hombre ha relatado algunos "actos de acoso": "Tengo una carta de amenaza. Al principio la enviaron a mi tienda, luego lo enviaron a mi casa y se lo han dado personalmente a mi hijo. Tuve que salir de mi región". Pero las autoridades talibanes le localizaron. " Me convocaron para presentarme ante el tribunal. Me llamaron por teléfono. Encontraron mi número en el cartel de mi tienda. Me preguntaron por qué no me había presentado. Ahora mismo los talibanes confiscaron una de mis casas. Destruí mi SIM card [tarjeta del teléfono móvil] y me compré otra SIM y siempre cambaba mi domicilio de una comarca a otra. Íbamos a casas de conocidos". 

Estas presiones las recibió la familia, según el relato del hombre, tres meses después del triunfo de los talibanes, que no veían con buenos ojos a los compatriotas que habían colaborado con las tropas de la OTAN antes de su regreso a Afganistán. Es el caso de este padre de familia y de su propio padre; ambos habían colaborado durante cinco años con las tropas españolas destacadas en Afganistán. Y para demostrarlo, aportaron al procedimiento judicial dos cartas firmadas por dos antiguos mandos del Ejército español. 

La carta del coronel

Un coronel de Caballería, antiguo agregado de Defensa en
Afganistán y Pakistán, escribió en octubre de 2022 al embajador en Irán avalando a la familia. Los jueces de la Audiencia Nacional destacan la incongruencia de que la fecha de la carta es casi un año antes de que la familia oficializara la petición de ser trasladada a España ante la misma embajada. 

El coronel relataba que el padre de esta familia trabajó con el Ejército Español en logística, en un equipo de reconstrucción provincial, desde 2008 a 2013, cuando montó una tienda, que hubo de cerrar con la llegada de los talibanes. 

"Cuando se produjo la evacuación en agosto del año 2021, no pudo venir ya que, como muchos otros, no recibió comunicación.
En la situación actual ha decidido pedir visado y asilo en España, viniendo a sus propias expensas. Esta familia está en la lista de colaboradores de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa", concluye el coronel. 

La otra carta aportada es la de un capitán del Ejército de Tierra y jefe de la unidad de apoyo en una de las bases españolas y certifica que el abuelo de esta familia fue vigilante de la entrada de la base desde 2008 a 2013.  

Sin embargo, el número de identificación del abuelo no coincide exactamente con el número de pasaporte y los jueces dudan de la identidad. En todo caso, la Audiencia Nacional afirma que la colaboración con el Ejército español de ambos hombres sería "marginal" y "que en cualquier caso habría cesado a partir de 2013 (ocho años antes de la retirada de las tropas)".