Donostia.- Cuando quedan unos pocos meses para las elecciones generales, los acontecimientos han acabado por confirmar lo que muchos agentes políticos y sociales vascos auguraban ya en 2012: la del Gobierno de Mariano Rajoy será una legislatura perdida para la culminación del proceso de paz abierto en el País Vasco en 2011 con el cese definitivo dela violencia de ETA. Las vías de resolución del conflicto están ciertamente atascadas al menos en el plano político, y así ha quedado de manifiesto esta última semana en la que el proceso ha vuelto a cobrar protagonismo no ya tanto por la importante movilización por los derechos de los presos que se produjo el domingo en Bilbao, sino por inmediata respuesta policial del Ejecutivo conservador con la detención y posterior liberación de una docena de abogados de esos reclusos, apenas 48 horas después de esa masiva manifestación.

Hoy parece completamente improbable que se produzcan novedades importantes a corto plazo. Y distintos sectores de la sociedad vasca empiezan a percibir con hastío y cierta indiferenciaesa falta de avances tras el anuncio de la banda en octubre de hace cuatro años. A pesar de esa renuncia a la actividad armada el Gobierno no ha modificado un ápice su postura, anunciada ya por el propio Rajoy nada más llegar a La Moncloa, acerca de a los presos de ETA –e incluso también los que exclusivamente por su actividad política independentista los tribunales han vinculado con el terrorismo- que hace que a diferencia del resto de reclusos, cumplan sus condenas en cárceles alejadas de Euskadi.

En contra de lo que opina la mayoría de partidos vascos, y la mayoría de la sociedad, el PP se niega además a iniciar cualquier tipo de diálogo al respecto hasta que ETA desaparezca, y sigue impulsando operaciones policiales contra el que denominan "entorno" de la banda. Pero como ha ocurrido esta semana con la detención y prácticamente inmediata liberación de una docena de abogados (otros tres arrestados sí fueron encarcelados por su supuesta vinculación a la financiación de Herrira, organización de apoyo a presos ilegalizada por los tribunales), parece que el Gobierno esté tratando de complacer a los sectores más reacios al proceso de paz en lugar de dar solución al conflicto.

Parece que el Partido Popular quiere volver a sacarse a ETA y a su entorno de la chistera con un objetivo electoral

"El Gobierno es consciente de que está en pleno año electoral, que está afectado continuamente por casos de corrupción y que se avecina una movilización de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), y parece que quiere volver a sacarse a ETA y a su llamado entorno de la chistera con un claro objetivo electoral". El que pronuncia esas palabras es Paul Rios, coordinador de Lokarri, movimiento pacifista y a favor del diálogo que precisamente ha anunciado su disolución para el próximo mes de marzo al considerar que se han cumplido sus objetivos fundacionales. En declaraciones a Público, Rios considera que los conservadores "siguen actuando como si ETA siguiera ejerciendo la actividad armada, y no sólo no apoyan el proceso de paz sino que además ponen obstáculos a aquellos que están en disposición de buscar y alcanzar acuerdos".

Hoy en día, el 73% de los vascos apoyan el acercamiento de los presos a cárceles próximas a sus domicilios, según se desprende del Sociómetro del Gobierno Vasco sobre Paz y Convivencia del pasado mes de marzo de 2014.

ETA parece haberse propuesto esperar un cambio de Gobierno que le sea más favorable a sus intereses antes de dar cualquier paso

En el otro extremo al PP, ETA ha renunciado, por el momento, a proseguir con su desarme y que éste sea verificado por las autoridades actuales. Y aunque ya nadie cuestiona que el proceso sea irreversible, la organización terrorista parece haberse propuesto esperar un cambio de Gobierno que le sea más favorable a sus intereses antes de dar cualquier paso en ese sentido.

Asimismo, los sectores de la izquierda abertzale que históricamente respaldaron la actividad armada, si bien es incuestionable su compromiso por la paz y por la vías exclusivamente democráticas, se resisten a desautorizar la reciente actividad violenta. Así quedó de manifiesto hace unos días en el Parlamento vasco, cuando EH Bildu no respaldó una iniciativa de condena a los atentados de París por incluir una referencia a los "efectos criminales del fanatismo" que el texto apuntaba a que había "sufrido" el País Vasco "durante muchos años".

Por parte de los miembros del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskara) que engloba a reclusos condenados por su actividad en ETA o por su vinculación a la banda, también sigue habiendo reticencias a pedir perdón y a reconocer el daño causado de manera individual a las víctimas del terrorismo.

Mientras tanto las principales asociaciones de esas víctimas consideran, por su parte, que quienes sí han asumido ese daño lo hacen de manera "interesada" y "a cambio de una recompensa".
En un Manifiesto por la Dignidad suscrito por muchas de ellas el pasado verano volvían a manifestarse en contra de cualquier conversación o negociación con ETA, contradiciendo así las recomendaciones de los verificadores internacionales, e insistiendo en que "el Gobierno y los partidos políticos pueden y deben evitar la impunidad política, histórica y moral".

"ETA debería reforzar y acelerar el desarme, y el Gobierno tendría que contactar con ETA"

La recomendación de Paul Rios a unos y a otros es clara: "ETA debería reforzar y acelerar el desarme, y el Gobierno tendría que contactar con ETA y colaborar y sentarse a hablar con el Gobierno vasco y el resto de los partidos en el marco del Plan de Paz" puesto en marcha por el equipo del lehendakari, Iñigo Urkullu. Pero ante la dificultad de acercar posiciones entre ambos polos, el máximo responsable de Lokarri observa esperanzado la proliferación de iniciativas surgidas en el ámbito ciudadano a favor de la reconciliación, de la asunción de responsabilidades y del perdón.

Su propia organización impulsó hace ya meses la dinámica Hitzorduak (citas), en la que víctimas, expresos de ETA y otros agentes implicados en el proceso intercambiaron sus experiencias a través de una serie de conferencias abiertas. Distintos sectores han reconocido también los beneficios sociales que produjo la iniciativa irlandesa para la paz y la reconciliación Glencree, que ya hace un par de años reunió a víctimas de ETA, de los GAL y de los abusos policiales que intercambiaron sus experiencias en distintos actos. Diferentes ayuntamientos vascos tradicionalmente polarizados como el de Tolosa o el de Errenteria han puesto en marcha también programas de diálogo y acercamiento entre unos y otros en pro de la paz. Incluso plataformas que persiguen el derecho a decidir como la iniciativa GureEskuDago, se han planteado sus objetivos siendo conscientes de que "es necesario crear nuevas alianzas", aparcando "viejas heridas" y "reconstruyendo los nexos de unión" entre los vascos. Desde el PNV, PSE e IU aplauden estas iniciativas y esperan el desbloqueo de la situación para poder avanzar hacia la resolución definitiva.