Asociaciones de prensa piden al Ayuntamiento de Sevilla la retirada de publicidad institucional a webs ultras

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han pedido al Ayuntamiento de Sevilla que retiren la publicidad institucional de medios y webs ultras, al considerar que incluyen en el reparto a "empresas condenadas por mentir" y "no ajustarse a las audiencias objetivas de los medios"

La empresa pública de Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM), controlada por el Gobierno popular del PP, adjudicó el 17 de noviembre un contrato de publicidad institucional por valor de 264.500 euros – 320.045 con IVA– a varios medios de comunicación y webs ultras como Estado de Alarma, Ok Diario o El Debate.

Las asociaciones han recordado dos dos resoluciones sobre la publicidad institucional que aprobaron el pasado abril. "Exigir a las Administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales que, para el reparto de la publicidad institucional, se atenga a la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia, que establece que el criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación (prensa, televisión, radio e internet) es la audiencia medida de forma objetiva por las empresas especializadas en medición de audiencias, ponderada con las tarifas ofertadas".

La segunda resolución "insta a las administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales a que no contemplen en el reparto de estas ayudas públicas a aquellas empresas periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos, o por promover informaciones falsas".

Es por ello que ambas consideran que la distribución de esta campaña de publicidad por parte de TUSSAM las incumple "claramente". "El reparto económico no se ajusta al criterio de audiencia de los medios de comunicación establecidos por los propios tribunales de Justicia, y que defiende la FAPE, y se concede dinero público a empresas y medios de comunicación que han sido condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus periodistas, por publicar y difundir mentiras e informaciones falsas".