Con dureza se manifiestan las tres asociaciones judiciales de tendencia conservadora, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente, contra la magistrada en excedencia Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en un comunicado conjunto difundido este martes. El motivo, las declaraciones efectuadas por Rosell en la tertulia del podcast La Base de Público, de hace una semana, titulado 'Poder Judicial y 'normalidad' democrática'.

El podcast, dirigido y conducido por Pablo Iglesias, requirió la opinión de los tertulianos sobre la anormalidad que supone tener al Consejo General del Poder Judicial en funciones desde hace tres años y cómo contribuye el hecho a la calidad democrática. Victoria Rosell abogó por dotar de una mayor democratización el sistema de acceso a la Carrera Judicial: "Parte del gran engaño es la famosa independencia del sistema memorístico de la oposición [para ser juez y jueza] y del sistema del preparador, que no solo no hace jueces independientes, hace jueces dependientes, pero dependientes de qué; de tu preparador que generalmente es alguien de la cúpula que no ha tenido ninguna formación en Derechos Humanos, muchísimo menos en feminismo, y que con un poco de suerte ya era juez en el franquismo". 

El sistema de preparación de la oposición para ser juez o jueza exige a los candidatos contar con un preparador, normalmente magistrados con larga trayectoria en la carrera judicial. Según una investigación de Público, los opositores invierten una media de 25.000 euros en temarios y preparadores para sacarse la oposición.

A continuación, Rosell se refirió a "presiones sutiles" recibidas por jueces y juezas en la base de la carrera judicial. "Yo sí me he encontrado una cúpula de la carrera judicial que te dice: "Ya sabes lo que te espera si no archivas esto o si sigues adelante con esto. Y también en casos de pederastia hemos visto a preparadores o a padres magistrados decirles a hijas juezas de pueblo: "Con el cura, no; con el obispo, no; con la Iglesia, no. Quizá de ahí venga parte de la impunidad en este país".

Estas declaraciones basadas en la experiencia de Rosell en el mundo judicial, amparadas en su libertad de expresión, no han gustado nada a las tres asociaciones anteriormente mencionadas, que manifiestan en su comunicado consensuado: "La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género está admitiendo que ha tenido conocimiento de conductas que podrían llegar a ser constitutivas de graves delitos, sin que haya aclarado si procedió a denunciarlas por la vía correspondiente". 

"Si las ha denunciado --continúa el comunicado conjunto--, exigimos que aclare públicamente de cuántos casos se trata y cuál fue el resultado de su denuncia.
Si no las ha denunciado, exigimos que lo haga a la mayor brevedad
cumpliendo con su obligación legal de hacerlo".

El comunicado concluye, en una interpretación quizá sobredimensionada y descontextualizada: "Entre tanto deja de contribuir al oscurantismo y la ocultación que dice denunciar, consideramos gravemente irresponsable que un miembro destacado del poder ejecutivo extienda sobre toda la Carrera Judicial
española (especialmente sobre las Juezas jóvenes) una sospecha
generalizada de connivencia con autores de graves delitos, como la
pederastia, razón por las que las anteriores exigencias resultan ineludibles". 

De las cuatro asociaciones judiciales, solamente la asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), se posicionó públicamente contra la corrupción desplegada por el juez Salvador Alba contra Rosell. El juez fue condenado a seis años y medio de prisión por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad con los que trató de dañar la imagen de la jueza Rosell, cuando era diputada de Podemos.