El conflicto por el estatus de la Guardia Civil, y los derechos que van ligados a él, ha vuelto a estallar con motivo de la nueva ofensiva lanzada por el Gobierno del PP para 'remilitarizar' el cuerpo. La mayoría de asociaciones han presentado un comunicado este mismo miércoles en protesta por las enmiendas que el Gobierno quiere incluir en su régimen disciplinario. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha acusado al PP de estar 'empecinado en recortar los derechos de los representantes de los trabajadores' del cuerpo y, de esta manera, 'ha conseguido que las asociaciones profesionales, que representan a más del 96% de los guardias civiles en todas sus escalas en el Consejo, se hayan unido para reclamar que no se restrinjan sus derechos como representantes'.

En 2007 se produjeron varias movilizaciones del cuerpo pidiendo mejoras laborales y por un régimen disciplinario propio, ya que a la Guardia Civil, por ser un cuerpo militar, tiene unos derechos más restringidos de asociación y protesta, al igual que las Fuerzas Armadas. Entonces, el Gobierno socialista de Zapatero se vio empujado a promulgar la Ley de Derechos y Deberes, 'con la que se mejoraban las condiciones', explica a Público Juan Antonio Delgado, portavoz de la AUGC. Desde ese momento, se les deja de aplicar el código penal militar y se le da un nuevo estatus de representante de los trabajadores a las asociaciones del cuerpo. Les pareció bien 'para empezar', pero seguía siendo 'poco'.

'Somos los que menos cobramos, los que menos derechos tenemos, los más pisoteados'Desde entonces, la aspiración de las asociaciones era seguir progresando en esta línea, adquiriendo cada vez más derechos y obteniendo un 'estatus propio' como guardias civiles, distinto al de la Policía por ser militares pero también al de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado por dar marcha atrás. La forma que ha escogido ha sido, en vez de retocar la ley de los socialistas, aprovechar que se está modificando el reglamento de las Fuerzas Armadas para incluir unas disposiciones adicionales a través de las cuales éste pasa a ser también aplicable a la Guardia Civil. Así, les quedan más restringidos los derechos de asociación y protesta.

'Quieren que estemos en el Consejo de la Guardia Civil y que resolvamos nuestros problemas de forma interna' explica Delgado. Pero no están de acuerdo. Y, por eso, en ocasiones como ésta se sienten dispuestos a dar la batalla. El portavoz de las asociaciones añade que lo que quiere el Gobierno es 'una Guardia Civil barata y obediente', siendo 'los que menos cobramos, los que menos derechos tenemos, los más pisoteados'. Por este motivo, todas las asociaciones, menos la de los representantes de los generarles, APROGC, 'han pedido en un escrito al Director General, Arsenio Fernández de Mesa, que se pronuncie contra el contenido de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular quiere incluir en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, utilizando como subterfugio el trámite parlamentario del régimen sancionador de las Fuerzas Armadas'.

En ese mismo comunicado, las asociaciones, que cuentan con 14 de los 16 vocales del Consejo elegidos por los guardias civiles, 'recuerdan al Director General que el intento del Partido Popular por amordazar a los legítimos representantes de los trabajadores de esta Institución va, claramente, en contra del dictamen del pasado 4 de abril del Consejo de Estado'. Ese dictamen establecía que las disposiciones dirigidas a la Guardia Civil debían tramitarse por una iniciativa legislativa distinta a la de las Fuerzas Armadas, punto que se está saltando el PP con las enmiendas presentadas en el Congreso que incluyen a ambos cuerpos. Además, también afirmaba que 'el derecho de representación no existe sin el derecho de reivindicación, sin el derecho de manifestación y sin la libertad de expresión'. 'Tres pilares en la defensa de los intereses de los trabajadores de la Guardia Civil que, primero el Gobierno, y ahora el Partido Popular pretende arrebatar a las Asociaciones Profesionales amenazándolas con sancionar a sus ejecutivas al completo por ejercer este derecho de representación'. Entienden también que de esta manera 'sólo persiguen volver a situar a los guardias civiles en estados de ciudadanía que no se corresponden con un cuerpo policial moderno al servicio de la sociedad'.