La asociación conservadora de la Guardia Civil, obligada a readmitir a sus ex dirigentes
La Unión de Guardias Civiles (UGC) no cumple la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid que le obliga a readmitir a los seis cargos provinciales expulsados tras denunciar irregularidades en el uso de los fondos, por parte de la Ejecutiva Nacional que dirige Ramón Prendes, y a anular todos los acuerdos adoptados desde 2016.
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madrid, Actualizado:
La Unión de Guardias Civiles (UGC), que lidera Ramón Prendes y que engloba a un sector conservador de agentes de la Benemérita, lleva condenada en sentencia firme por la Audiencia Provincial de Madrid desde mayo a readmitir a seis dirigentes provinciales por vulnerar sus derechos. Estos fueron expulsados en 2016, después de que denunciaron irregularidades en los fondos de la asociación, que tiene como fin ayudar a los guardias.
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Los agentes formaban parte de las direcciones provinciales de Galicia, País Vasco, Navarra, Murcia, Baleares y de la Federación de Tráfico. "La Ejecutiva Nacional utilizó un comité para expulsarnos sin pasar por el comité de garantías, vulnerando nuestros derechos, los recogidos en los estatutos de la asociación y las leyes que nos protegen a todos, como la Ley Orgánica 1/2002, que protege el derecho de asociación, la Ley 11/2007, que reguladora los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, y el artículo 22 de la Constitución", aseguran los afectados.
Público se ha puesto en contacto tanto con el despacho del abogado madrileño Ignacio Fuster Fabra, que lleva a la UGC, como con su secretario general, Ramón Prendes, pero ninguno ha devuelto la llamada para responder sobre este asunto.
Todos los acuerdos de la UGC desde 2016 son nulos
Pero la sentencia de la Audiencia Provincia de Madrid es clara y urge a una rápida modificación de la estructura y de la organización que ahora mismo mantiene la Unión de Guardia Civiles para relacionarse con sus afiliados, con otras organizaciones y también con la Dirección General de la Guardia Civil y con el Ministerio del Interior, que en la actualidad encabeza Fernando Grande-Marlaska.
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Por un lado, sentencia, "que los acuerdos impugnados son contrarios a la ley y los Estatutos, y nulos de pleno derecho, dejándolos sin efecto, procediendo a considerar a los actores miembros de la asociación sin interrupción alguna, manteniendo los cargos que ostentaban hasta el momento de la expulsión".
Por otro, "la nulidad de todos los acuerdos de los comités o congresos asociativos que se hayan celebrado desde el cese o puedan celebrarse hasta la presente resolución".