Así asfixia Feijóo a los ayuntamientos gallegos donde no gobierna el PP, mientras protesta por el reparto de fondos europeos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha emprendido su particular batalla contra el Gobierno por lo que considera un reparto "discriminatorio" de los fondos Next Generation de la Unión Europea para con las comunidades gobernadas por el PP. Y siguiendo el argumentario ideado por Génova, ha amenazado incluso con llevar ese reparto a los tribunales.

Lo cierto es que en Galicia son decenas los ayuntamientos no gobernados por el Partido Popular que se quejan, precisamente, de las artimañas de la Xunta para estrangularlos financieramente al tiempo que prima a los concellos afines. Desde obligarles a asumir la prestación de servicios de competencia autonómica por los que la Xunta paga por debajo de los costes reales, hasta negarles convenios que si suscribe con los alcaldes populares, pasando por proporcionar a éstos información privilegiada para que puedan acceder a subvenciones y ayudas que no llegan a los municipios con alcaldes del PSOE, del BNG y de formaciones independientes.

"La Xunta recibió del Estado 1.500 millones de euros más para hacer frente a los efectos de la pandamia en Galicia. En su reparto discrecional de fondos, no destinó ni un euro a este Ayuntamiento", sostiene la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, quien asegura que su concello tuvo que asumir "en solitario gastos superiores a los treinta millones de euros por la no asunción de sus competencias" por parte del Gobierno de Feijóo. "Es más", añade Rey, "las inversiones de la Xunta para la ciudad en el 2022 son inferiores a las del 2019".

A Coruña -245.000 habitantes- es la segunda urbe más poblada de Galicia. En la primera, Vigo -294.000 personas-, su alcalde, el también socialista Abel Caballero, ha acusado igualmente al presidente de la Xunta de discriminar a su ciudad. Dice que Feijóo "le tiene tirria política" y que "no soporta que a Vigo le vaya bien".

Caballero, quien también preside la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), asegura que Feijóo "miente clamorosamente" cuando acusa al Gobierno central de desatender a los ayuntamientos: "Desde la FEMP conseguimos, y el Gobierno de España lo atendió, superar el objetivo de participación en fondos europeos que nos planteábamos hace un año. Hablábamos de un 14% y lo vamos a superar con creces. Nuestro reconocimiento al Gobierno de España", subraya a Público el regidor.

Sólo entre A Coruña y Vigo suman más de medio millón de habitantes. Casi tantos como todos los gallegos que viven en municipios gobernados por el PP, que no ostenta ninguna de las alcaldías de las grandes ciudades. El poder local de Feijóo se sostiene sobre todo en los municipios pequeños del interior de la comunidad -el municipio más grande con un alcalde del PP es Arteixo (A Coruña), con 33.000 habitantes-.

Los ayuntamientos medianos y pequeños donde el Partido Popular no tiene la alcaldía también se quejan desde hace años de que la Xunta los asfixia obligándolos a asumir competencias propias del Gobierno autonómico, como la ayuda a domicilio para personas mayores y dependientes -servizo de antención no fogar, SAF, en gallego-, sin el respaldo financiero suficiente.

En Moaña (Pontevedra), donde gobierna Leticia Santos (BNG), el concejal de Hacienda, Aldán Santamarina, explica que la Xunta acaba de actualizar los precios del SAF: once euros la hora para el 2021 y el 2022; 11,5 euros para el 2023 y doce para el 2024. Cantidades que no cubren ni de lejos lo que ya cuesta ahora el servicio, que en el municipio supone má de 55.000 horas de atención al año. "La Xunta nos abona 610.000 euros cuando los costes son de más de un millón . Un déficit de 425.000 euros anuales", explica Santamarina. En Moaña viven 20.000 personas, y casi un 25% tienen más de 65 años.

El concejal añade otros dos ejemplos. Las dos trabajadoras sociales del Concello, que ejercen competencias que corresponden a la Xunta, suponen costes salariales -sueldos más cotizaciones- de 103.000 euros al año. El Gobierno de Feijóo sólo paga por ambas 33.000 euros. Es decir otros 70.000 euros de déficit.

Y el otro ejemplo: el protocolo covid de la Xunta obliga al Concello a limpiar y desinfectar los centros escolares del pueblo, cuya titularidad corresponde a la Xunta, durante las horas lectivas. Eso representa un coste añadido de 90.000 euros por curso, que Moaña asume sin que el Gobierno de Feijóo ponga ni un sólo euro.

Sólo esas tres partidas, SAF, trabajadoras sociales y desinfección de centros escolares, representan más de medio millón de euros de déficit por los servicios de competencia autonómica prestados por su Ayuntamiento, que tiene un presupuesto anual de once millones. "Es un escándalo", califica Odilo Barreiro, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Moaña.

Es cierto que la racanería en la financiación de servicios como los SAF afecta a todos los municipios, incluidos los gobernados por el PP, que se ven obligados a detraer partidas de sus inversiones para paliarlo. Pero Barreiro explica que la Xunta compensa a los ayuntamientos del PP con convenios bilaterales que no suscribe con los de otros colores políticos, y que incluso son impropios del departamento que los suscribe. "¿Alguien puede explicar que la Consellería de Medio Ambiente financie con dos millones de euros la construcción de un auditorio en Marín?", se pregunta Barreiro.

Marín, a quince kilómetros de Moaña, tiene 25.000 habitantes, y está gobernada por María Ramallo, ex diputada por el PP en el Congreso y en el Parlamento autonómico. La obra del auditorio cuesta cuatro millones, y además de los dos millons que aportará la Consellería de Medio Ambiente, otros dos vendrán del Fondo Europeo de Desarrollo Regional gracias a la mediación del Gobierno de Feijóo.

Mientras en Marín la Consellería de Medio Ambiente levanta un auditorio, 250 kilómetros al norte la Xunta niega obras como una depuradora de aguas residuales al Ayuntamiento de Barreiros, una localidad de 3.000 habitantes en A Mariña Oriental lucense cuya alcaldesa, Ana Ermida, del BNG, también asegura sufrir la discriminación del Ejecutivo autonómico.

El Ayuntamiento lleva años reclamando una depuradora, con el proyecto ya redactado y cuyos costes representan unos 3,5 millones de euros. "La Xunta pretende pagar sólo un tercio, que la Diputación asuma otro y que nosotros nos hagamos cargo del tercio restante, lo que resulta literalmente imposible porque tenemos un presupuesto de cuatro millones de euros", relata Ermida, quien coincide en que la Xunta, en cambio, sí firma convenios de colaboración con otros concellos del PP para asumir la construcción de depuradoras, potabilizadoras y sistemas de saneamiento.

Barreiros, con algunas de las playas más hermosas del norte de Lugo, necesita una depuradora porque en verano duplica su población, algo que también le sucede a Pontedeume, en A Coruña, que de menos de 8.000 habitantes en invierno pasa a albergar a cerca de 20.000 en los meses de vacaciones.

Su alcalde, Bernardo Fernández, recién nombrado además secretario provincial del PSOE de A Coruña, comparte las denuncias de sus colegas sobre las competencias impropias sin respaldo financiero suficiente que les hace asumir la Xunta, como la limpieza y desinfección anti-covid de los colegios de titularidad autonómica, los salarios de los conserjes de los centros escolares y servicios como la ayuda a domicilio a personas dependientes.

Y añade un elemento más. Desde hace años, el Gobierno de Feijóo acostumbra a promover ayudas varias a los ayuntamientos por el sistema de concurrencia no competitiva. Es decir, que las ayudas se conceden por orden de llegada hasta que la partida presupuestada, siempre limitada, se agota. Y quienes se las llevan siempre son los ayuntamientos del PP.

"Los plazos para pedirlas se abren a las doce de la noche de un sábado, y antes del lunes ya están agotadas, porque los ayuntamientos del PP, que ya conocen de antemano las condiciones y la documentación que deben presentar, las solicitan al instante y se las llevan. El resto, nos quedamos sin ellas. Es evidente que tienen información privilegiada ", sostiene el regidor de Pontedeume.

La alcaldesa de Barreiros y los dos concejales de Moaña citados en este artículo coinciden con él en que esa táctica de la Xunta de conceder esas ayudas por orden de llegada, sin criterios objetivos de ningún tipo y sin tener en cuenta la calidad de los proyectos presentados, ni las necesidades de la población ni la capacidad financiera de cada ayuntamiento, componen un sistema injusto de reparto de las subvenciones públicas que favorece sólo a los ayuntamientos del PP y perjudica al resto.

En Galicia hay 315 municipios. El PP gobierna en 146, la mayoría pequeños y medianos que suman menos de 600.000 personas, y en ninguna gran ciudad —A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo y Vigo están en manos del PSOE, Pontevedra en las del BNG y Ourense en las de la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome—. Es decir, que casi el 78% de la población de Galicia vive en concellos gobernados por otros partidos, que no creen a Feijóo cuando enarbola el argumento de la supuesta discriminación del Gobierno en reparto de fondos europeos.

"Está bien que Feijóo hable de financiación en Madrid, pero a Galicia hay que defenderla defendiendo a los gallegos, dándoles la financiación que merecen sus ayuntamientos con independencia de que vivan en municipios de un color político distinto al del PP", resume Bernardo Fernández.