La financiación autonómica El apoyo del PSOE al cupo vasco desarma el discurso andalucista de Susana Díaz

El Congreso aprobó este pasado martes la tramitación por lectura única de las leyes del cupo vasco y navarro con el apoyo explícito del PSOE. Era lo previsto, pero al Gobierno andaluz le ha colocado en una situación incómoda ante los líderes de la oposición, que llevan meses sentados en una mesa de trabajo en el Parlamento, convocados por Susana Díaz, para consensuar "una posición única y más fuerte" de Andalucía en el debate de la reforma de la financiación autonómica. Podemos, IU y, sobre todo, Ciudadanos (socio de Gobierno de Díaz, que ha votado contra el cupo vasco) se preguntan de qué sirve ahora formar ese frente andaluz para reclamar en Madrid una mejor financiación en esta comunidad, si PSOE y PP ya han antepuesto los privilegios de un territorio (Euskadi y Navarra) por encima del resto.

El Ejecutivo andaluz se siente desautorizado, descarta visibilizar su malestar con Ferraz por "el manejo de los tiempos" y prefiere poner el foco sobre el Gobierno de Mariano Rajoy, al que apremian para que presente la propuesta del nuevo modelo de financiación antes de fin de año. Pero el discurso andalucista de Susana Díaz se ha quebrado. Fuentes de Presidencia advierten de que la posición de Andalucía y de otras comunidades infrafinanciadas en el debate territorial ha quedado relegada y admiten que "lo deseable hubiera sido que el cupo vasco se discutiese dentro del debate del nuevo modelo de financiación autonómica, que se hubieran acompasado ambas negociaciones" para alcanzar "una posición conjunta entre todas las regiones" y "no privilegiar a unas sobre otras".

El apoyo del PSOE de Pedro Sánchez al cupo vasco era previsible, dado que el lehendakari Íñigo Urkullu gobierna su comunidad con el respaldo de los socialistas. Las leyes serán enviadas al Senado este jueves para su aprobación definitiva. Pero a Díaz le ha parecido "precipitado" y un "error de cálculo" el apoyo de su partido, porque confirma que el debate territorial y el problema de la financiación autonómica se va a negociar en dos mesas por separado, primero se garantizarán e implementarán los privilegios de unos territorios, ya consolidados en la Constitución (Euskadi y Navarra), y luego se sentarán a hablar de la insuficiencia financiera del resto de comunidades de régimen común. "Ese luego, sin precisar cuándo, porque no hay fechas, y en cualquier caso ya será para pelearnos por lo que quede de la tarta de fondos estatales, como siempre", se queja un miembro de la Junta.

Susana Díaz no discute el cupo vasco en abierto (como hacen sus socios de Ciudadanos), porque reconoce que es un derecho blindado en la Carta Magna, pero considera que el conflicto secesionista catalán y la insuficiencia financiera de otras regiones (Valencia, Extremadura, Andalucía…) han empujado al país a un debate profundo y de carácter estructural sobre el reparto de fondos entre comunidades y sobre cómo éstas financian sus servicios básicos. "Era el momento de afrontar una reforma integral, por eso se está hablando también de revisar la Constitución", dicen.

La negociación bilateral entre el Gobierno y un territorio del norte era el peor de los escenarios, aquello que Díaz se había comprometido a no tolerar. "Estaremos muy vigilantes", repite desde hace semanas. Al final ha sucedido, sólo que el privilegiado es Euskadi, y no Cataluña. Hasta ahora la "vigilancia" andaluza ha puesto el foco en el conflicto catalán, sobre todo tras oír a miembros del Ejecutivo afirmar que Rajoy está dispuesto a negociar el pacto fiscal con el próximo gobierno catalán que salga de las urnas. Así lo avanzó el martes The Guardian, aunque en la misma línea se había expresado anteriormente el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista a The Financial Times. Esta vez, el rotativo británico cita fuentes del Gobierno de España, según las cuales, Rajoy baraja permitir que Cataluña recaude sus propios impuestos y tenga una hacienda propia, similar a la de Euskadi. "Sí los catalanes piden un pacto fiscal, estamos preparados para debatirlo. Estamos abiertos a discutirlo, teniendo en cuenta que la Constitución de España también establece la solidaridad (entre las regiones)", según fuentes citadas por The Guardian.

Todo esto está ocurriendo al margen del peso político de Andalucía en el conjunto del país, y también a pesar del supuesto peso de la federación andaluza en el seno del PSOE. El discurso de Díaz, que abandera el papel de Andalucía como garante de la igualdad entre territorios, está en tela de juicio. La Junta es "cautelosa y prudente", pero "no se engaña": percibe indicios que avanzan hacia un modelo federal asimétrico, donde las especificidades de unas regiones pueden pesar más que las de otras, dibujando un mapa de España a dos velocidades, un cisma entre el norte y el sur, justo el modelo autonómico que Andalucía logró frenar hace ahora 40 años, cuando un millón de andaluces salió a la calle para reclamar un autogobierno equiparable al de Cataluña, Euskadi y Galicia.

La presidenta andaluza asume que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica va a provocar "tirones" dentro de los partidos pues en ellos "conviven sentimientos territoriales distintos

La presidenta andaluza asume que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica va a provocar "tirones" dentro de los partidos pues en ellos "conviven sentimientos territoriales distintos", ha dicho, sin mencionar sus tiranteces con Pedro Sánchez o con el líder del PSC, Miquel Iceta, que concurre a las elecciones catalanas del 21 de diciembre con la promesa de un "pacto fiscal federal". "No sabemos aún qué significa eso", dicen desde el Gobierno andaluz. Díaz no oculta que cuadrar el sudoku de la financiación autonómica es complicado, aunque en los últimos días ha encontrado a una aliada imprevista, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que hace unos días admitió en Málaga que "Andalucía está mal financiada y necesita una financiación mejor". No asumió la "deuda" que la Junta reclama al Gobierno por ese mal reparto de fondos estatales —unos 5.500 millones de euros—, pero al menos sirvió de aval a la tesis del Ejecutivo andaluz.

"Hay quien piensa que su tierra está mal financiada y otros que saben que están bien financiados no quieren perder", dice Díaz. La presidenta andaluza quiere acabar con el "mito" de que "nadie puede perder respecto de lo que está percibiendo" en el actual modelo. "Ahora hay agravios y hay privilegios", señala, subrayando que algunas regiones perciben más de lo que dan, y que es preciso corregir el reparto para que cada una reciba "lo que merece". La diferencia entre la comunidad de régimen común que más recibía del Estado y Andalucía ha pasado de los 489 euros por habitante en 2009, a los 818 euros de 2015. "Esto es maltratar a Andalucía", dice.

El nacionalismo, aliado de gobiernos de PP y PSOE

El debate sobre el cupo vasco que tuvo lugar este martes en la Cámara Baja no es nuevo, aunque el escenario político circundante sea más susceptible. Euskadi y Navarra tienen un régimen fiscal propio, blindado en la Constitución, pero las condiciones económicas del cupo mejoran cada vez que el Gobierno central está en minoría y depende del apoyo de los nacionalistas vascos para sacar adelante los Presupuestos Generales, como es el caso. Ha pasado con un Gobierno del PSOE y del PP.

Ahora, sin embargo, se reproduce este esquema en un momento político especialmente tenso, en el que casi todas las comunidades claman por reabrir el debate territorial, denunciar su insuficiencia financiera, exigir la reforma del modelo de financiación autonómica (que lleva dos años de retraso) y, como colofón, allanar el terreno a una reforma constitucional que clarifique las competencias de comunidades autónomas y corporaciones locales, así como los recursos necesarios para hacer frente a los servicios básicos del Estado de Bienestar. Todo ello tensionado en origen por el conflicto secesionista de Cataluña.

Desde el principio, Susana Díaz ha tomado partido en este complejo debate para que Andalucía sea protagonista del mismo, como lo fue, dice, hace 40 años. Hace meses que todos los partidos políticos andaluces de izquierdas —PSOE, Podemos e IU— y en menor medida los conservadores PP y Ciudadanos se disputan el legado del 4 de diciembre de 1977, fecha que marcó el punto de inflexión de la lucha de los andaluces por una autonomía plena, equiparable a los llamados territorios históricos: Cataluña, Euskadi y Galicia. Los grupos políticos andaluces llevan meses en el Parlamento recibiendo a agentes sociales, expertos, constitucionalistas, etcétera, discutiendo cuáles son las necesidades presupuestarias de Andalucía para gestionar mejor su autogobierno.