SEVILLA.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Álvaro Martín que cite a declarar en calidad de investigados (antes imputados) a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico por el que la Junta concedió las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En un escrito elevado al Juzgado el día 25 de enero, el Ministerio Público considera que, además de los exconsejeros Francisco Vallejo y Manuel Recio --citados a declarar el próximo día 9 de febrero--, "es necesario que sean oídas" en calidad de investigadas "aquellas personas que hasta el dictado" del auto de 17 de noviembre de 2015 donde la juez María Núñez Bolaños abrió esta pieza separada "no habían sido oídas" en el seno del caso ERE.

De este modo, la Fiscalía pide al juez de refuerzo Álvaro Martín que cite a declarar en calidad de investigados, y dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico, tanto a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán como a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.

En un auto dictado el 27 de enero, el magistrado de Instrucción número 6 de Sevilla resuelve que, "una vez aportada" una serie de documental requerida por la propia Fiscalía Anticorrupción y acordada en esta misma resolución, "se resolverá sobre las citaciones solicitadas conforme a derecho".

De este modo, y a petición del Ministerio Público, el instructor pide a la Intervención General de la Junta que remita "cualquier tipo de informe o documento elaborado" por la misma en el periodo 2000-2012 y destinado a los miembros de los órganos de gestión de las agencias y empresas públicas de la Junta, "en particular a las personas de la Consejería de Hacienda que formaban parte" del Consejo Rector de IFA/IDEA.

Asimismo, el juez requiere a la Intervención General de la Junta para que facilite la relación de personal que participó en los trabajos y elaboración de los informes de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA en el periodo 2001-2012, "detallando funciones desarrolladas por los mismos en cada ejercicio", así como de aquellas personas que participaron en la elaboración por la Intervención de las memorias sobre Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre Control Financiero Permanente de los ejercicios 2004 a 2007.

Cita a declarar la exinterventora general de la Junta

Además, el juez libra oficio a la Junta para que aporte el expediente completo relativo al ERE de la sociedad Valeo Iluminación, de manera que, una vez aportado el mismo, se dará traslado a los peritos designados de la Intervención General del Estado "como objeto de la pericia" en el informe a realizar de Valeo a fin de que informen sobre el tratamiento presupuestario y de gestión material de dos ayudas concedidas a trabajadores de esta sociedad "atendiendo a la diferente aplicación presupuestaria".

En este sentido, el magistrado reclama a la Junta que emita un listado de expedientes tramitados relativos a ayudas previas a la jubilación (APJO) en el periodo 2000-2010, indicando solicitudes presentadas, resoluciones recaídas, importe en su caso y aplicación presupuestaria.

El juez, que cita a declarar el día 1 de marzo en calidad de testigo-perito a la ex interventora general de la Junta Rocío Marcos Ortiz, también acuerda dar traslado a los peritos de la Intervención General del Estado de una serie de informes realizados por la Cámara de Cuentas de Andalucía relativos al uso de las transferencias de fiscalización o capital.

Entre estos informes, destacan los relativos a la fiscalización de regularidad de la empresa pública Extenda (2005), del grupo de empresas Sandetel, Sadesi y Citandalucía (2007) o del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (2007).

Otros informes son los relativos a la fiscalización de regularidad de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (2004), la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil (2003), la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía (2001), o la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (2000), y la fiscalización de las Fuentes de Financiación y de la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (2011).

Varias declaraciones aplazadas

En este auto, el juez aplaza al 17 de febrero las declaraciones previstas inicialmente para este martes de cuatro investigados dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico, en concreto las del exviceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta entre 1986 y 1987 y presidente de Unicaja, Braulio Medel; del que fuera presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler; del expresidente de El Monte José María Bueno Lidón, y de Ana María Peña Solís, que fuera secretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación.

La Fiscalía pidió suspender estas comparecencias "como garantía necesaria para el adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes y del principio de igualdad de todas ellas ante el proceso, dando por tanto un plazo prudencial a las partes, algunas de ellas personadas en fechas muy recientes, para que se instruyan de todo lo actuado a la fecha".

El juez, no obstante, sí mantiene las declaraciones previstas para el 9 de febrero, dentro de esta misma pieza separada, de los exconsejeros de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo y Manuel Recio --a quienes investigó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta que perdieron su aforamiento-- y del exviceconsejero de Agricultura y Pesca, Juan Paniagua Díaz.

Las declaraciones continuarán el día 10 de febrero con cuatro testigos y finalizarán el día 11 de febrero con las comparecencias del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; del exdirector general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero; del exdirector de Industria Jesús Nieto, y del exviceconsejero de Economía José Salgueiro.

Hay que recordar que, dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico, la juez incluyó a 52 exaltos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. No obstante, la pieza ya solo afecta a 51 personas tras el reciente fallecimiento del ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía Morales.