Lejos de estar en la cuerda floja, el pacto entre PP y Ciudadanos sigue hoy más fuerte que nunca. Ninguna de las dos formaciones se plantea que una crisis como la surgida en Murcia a raíz de la imputación de su presidente pueda afectar a sus relaciones a nivel nacional. Y es que Mariano Rajoy, Albert Rivera y sus correspondientes equipos pactaron en su día que dejarían al margen los temas regionales. 

Así lo han confirmado fuentes presentes en las negociaciones del pacto de investidura del presidente del Gobierno. Mientras en el PP agradecen el gesto de C's, los naranjas vuelven a esgrimir el argumento de la "responsabilidad por España" para desligar unos casos de otros. 

Los naranjas intentan no parecer la bisagra de los conservadores y arremeten contra los ellos cada vez que salta un caso de corrupción en sus filas, pero a la vez se resisten a apretar las tuercas del Ejecutivo central porque temen una posible repetición de elecciones en la que el PP se 'trague' los votos que C's consiguió robarles en su día.

Ninguno de los dos partidos se plantea aún ese escenario, pero los de Rivera constatan que jamás amenazarían a Rajoy con no apoyar sus Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo, en caso de que éste no eche de sus filas a sus garbanzos negros. "Seríamos irresponsables si hiciéramos eso", justifican los naranjas.

Pero lo cierto es que tampoco están dispuestos, al menos de momento, a quemar todos los cartuchos en lo que al pacto autonómico en la Región de Murcia se refiere. Los naranjas insisten en que Pedro Antonio Sánchez debe dimitir, pero -igual que ocurre en Alcorcón (Madrid)- se niegan a dar el paso de apoyar una moción de censura, por la que sí aboga Podemos. 

En C's consideran que el presidente de Murcia, que cuenta con el apoyo de Génova y del propio Rajoy, sí está ya imputado formalmente y que por ello debería dimitir, como prometió él mismo. Para ellos, los delitos que presuntamente se le imputan (prevaricación, malversación de caudales y falsedad de documento público, entre otros), sí es corrupción. 

El PP, por su parte, no lo entiende así. Los conservadores se aferran al cambio en la nomenclatura judicial (investigado por imputado) para defender que Pedro Antonio Sánchez no está "formalmente imputado" y, además, insisten en que "no hay enriquecimiento ilícito", por lo que no lo atribuyen a un presunto delito de corrupción. 

De ahí el debate sobre cuándo debe dimitir (o no) el jefe del Ejecutivo murciano. Los conservadores saben que pueden jugar con C's. Al menos, hasta que pasen los días, llegue el día 6 de marzo, Sánchez declare y el juez determine si archiva la causa o sigue el procedimiento hasta el juicio oral. De ser así, al PP ya no le quedarían excusas, dado que sus propios estatutos marcan esa cuestión como motivo de expulsión de la militancia. 

Pactos más estrictos que la ley

Curiosamente, Rivera presentó este martes en el Congreso una Proposición de Ley integral contra la Corrupción en la que también marcan el juicio oral como motivo de incompatibilidad con el cargo público. Su PL fue aprobada por unanimidad, a excepción de la abstención de los 5 diputados del PNV, pero esa cuestión contrasta con sus pactos firmados en las regiones donde son llave de Gobierno -tanto con PP como con PSOE-, en los que exigen que ese límite lo marque "la imputación formal o encausación por corrupción". 

En Ciudadanos defienden que abrieron la mano en su propuesta de reforma del Código Penal porque sabían que, de ser más estrictos, ni PP ni PSOE la habrían apoyado. Además, presumen de haber conseguido arrancar a "la vieja política" en las Comunidades donde gobiernan gracias a su apoyo un compromiso mayor que el marcado en la normativa, precisamente, por haber pactado que se eche a quien resulte imputado. 

Aún así, los naranjas se resisten a hacer uso de su poder a este respecto, dado que nunca han llegado al extremo de presentar una moción de censura como medida de presión. Así ocurrió -y ocurre- en Alcorcón, donde Ignacio Aguado exigió a Cristina Cifuentes la expulsión de David Pérez (y en este caso no se trata de corrupción, sino de unas declaraciones machistas)  pero su grupo municipal no se atrevió a dar el paso para dejar el Ayuntamiento en manos de PSOE y Podemos. 

Por el momento, parece que la Comunidad de Murcia seguirá el mismo camino. "Déjennos graduar la presión que ejercemos (sobre el PP)", pidió este miércoles el portavoz de C's en el Congreso. Su jefe, Albert Rivera, sí amenazó con la posibilidad de apoyar una moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez, pero  Juan Carlos Girauta pidió prudencia. Quieren ir, dijo, paso a paso. Y el primero será una reunión entre los equipos autonómicos de PP y C's en Murcia que todavía no tiene fecha.

Cuando se produzca, los naranjas pedirán "con cordialidad" la dimisión de Sánchez, pero se guardarán en la manga el as de la moción de censura. Mientras tanto, en el PP confían en que los de Rivera no lleguen a ese extremo -tampoco tienen poder para hacerlo solos, sin unirse incómodamente para ellos a PSOE y Podemos- y alargarán las negociaciones hasta que llegue el día 6 de marzo y el juez  archive la causa, como desean. 

Los naranjas tampoco parecen tener especial prisa en tomar decisiones drásticas. "No hay que usar armas nucleares cuando sólo te han disparado una bala", defienden.  Quieren intentar primero la vía de que el PP presente a un candidato alternativo a la Presidencia de Murcia antes de tener que amenazar con dejar caer el Gobierno conservador. Pero también advierten a sus socios de que tampoco se dejarán tomar el pelo. "Pedro Antonio Sánchez no seguirá en la Presidencia de Murcia si sigue imputado", prometen.