Un año después del 1 de octubre, la demanda de un referéndum pactado no caduca

Llega la efeméride más importante para el movimiento independentista. En el epicentro de la tardor calenta [otoño caliente], el 1 de octubre: una de las experiencias de organización popular que ha llevado más lejos el desafío contra el Estado en los últimos 40 años. La fecha del referéndum fue un punto de inflexión en el estado anímico del soberanismo, que ha visto como la ilusión de hacer efectiva la República proclamada el 27 de octubre se ha ido desdibujando poco a poco entre la implacable oposición del ejecutivo central y la ambigüedad de un gobierno catalán que se paró a la línea de meta. La calle, con obstinado compromiso, pasó de poner el cuerpo a recibir la porra. Un año después del 1 de octubre, la política catalana respira otros aires.

"Si llega una suspensión o inhabilitación del TC, que no es competente en esta esfera del derecho a nivel internacional, no nos detendrá, nosotros proseguiremos", decía la secretaria general de ERC ahora al exilio, Marta Rovira, a principios de septiembre del año pasado, haciendo referencia al derecho a la autodeterminación. A pesar de que los republicanos siempre han insistido que su escenario ideal era lo del diálogo con el Estado, estos días se hace difícil situarlos en tesituras de desobediencia tales como las que defendían hace doce meses. ERC apuesta por la necesidad de ensanchar la base, de ralentizar los ritmos: "Si el 1-O es una lección de país, el 3-O es el horizonte", decía Rovira hace unos días al diario El 9 nou. “Nunca seremos independientes por la vía de la insurgencia. Pero ellos nunca conseguirán que pertenezcamos a España por una vía que no sea democrática", opinaba en una entrevista en el semanario El Temps el diputado en el Congreso, Joan Tardà. Distancias marcadas con la desobediencia y fuego lento para abrir espacios desde la bilateralidad.

La sociedad civil protagoniza el 1-O

Los movimientos en política institucional de este año –ya sean por un proceso de aprendizaje o por renuncias políticas– han generado un impacto evidente en la sociedad civil. La sensación de sacrificio y de entrega durante la organización del referéndum ha evolucionado en frustración al ver que, un año después, los costes de aquella experiencia de desobediencia masiva están más presentes que el rédito conseguido. La masa de gente que ha continuado movilizada -pasando por encima de la persecución de activistas de los Comités en Defensa de la República (CDR) y el encarcelamiento de los dos líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- se siendo poco acompañada por unos partidos políticos que, además, protagonizan disputas por el liderazgo dentro del bloque. Muestra de ello han estado las diferencias causadas por la suspensión de diputados o por la presentación de una polémica moción en el Congreso entre el PDeCAT i el PSOE que finalmente no llegó a puerto.

Este domingo, los municipios catalanes se han llenado de actas organizados por los vecinos en cada centro de votación. En los titulares, vuelven a salir los nombres de pequeños centros urbanos y de los barrios que fueron los protagonistas durante aquella jornada, ya sea por la brutalidad policial o por las astucias de los vecinos y vecinas que escondían urnas a ascensores, misas y cementerios. Son, entre otros muchos, los de Dosrius (Maresme), Sant Joan de Vilatorrada (Bages), Callús (Bages), Sant Carles de la Ràpita (Montisà), o Sant Julià de Ramis (Gironès), municipio donde tenía que votar Puigdemont y que mañana acogerá de manera excepcional el Consejo Ejecutivo del gobierno catalán, además de puntos de votación referenciales como la IES Pau Claris, la Escuela Mediterránea o la IES Jaume Balmes, de Barcelona.