Andalucía califica los delitos del franquismo como "crímenes contra la humanidad"

El 11 de marzo de 2014, el Consejo de Gobierno andaluz, integrado entonces por la coalición PSOE-IU, aprobó el primer borrador de ley de Memoria Democrática, un proyecto impulsado por los comunistas que fue asumido por los socialistas. Justo tres años después, aquel texto legal ha llegado sin grandes modificaciones al debate final en el Parlamento autonómico, donde ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, IU y Podemos, y la abstención de PP y Ciudadanos. [LAS SEIS CLAVES DE LA LEY DE MEMORIA DE ANDALUCÍA]. 

Andalucía se dota así de una Ley de Memoria propia, que supera en muchos aspectos a la legislación estatal aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, pues considera que los delitos del franquismo son “imprescriptibles” y perseguibles por la justicia universal como “crímenes contra la Humanidad”. Un matiz no menor respecto a la ley estatal, que en su día fue motivo de discordia entre el presidente Zapatero y el juez Baltasar Garzón, el primer magistrado que intentó sin éxito juzgar los crímenes del franquismo.

La Ley andaluza de Memoria vuelve a imprimir un sello izquierdista al Gobierno de Susana Díaz

La Ley andaluza de Memoria vuelve a imprimir un sello izquierdista al Gobierno de Susana Díaz, y su aprobación este miércoles demuestra que la presidenta tiene un excelente control de los tiempos políticos. La norma, planteada como una proposición de ley de IU por primera vez en abril de 2011, no ha sido una prioridad para el gabinete de Díaz en los dos primeros años de legislatura, en los que se ha centrado en afianzar su relación con Ciudadanos, el partido conservador que ahora sustenta al Gobierno, y que este miércoles evitó votar a favor.

Pero el proyecto memorialista ha llegado al debate final en el Parlamento coincidiendo con el inicio de la carrera de Susana Díaz a las primarias del PSOE, permitiéndole rebatir a aquellos que la señalan como la candidata preferida de la derecha. En la recta final, Díaz reaparece aliada con las formaciones progresistas, Podemos e IU, y su Gobierno se distingue como uno de los más ambiciosos en las políticas de reparación y justicia para las víctimas del franquismo, emblema clásico de la izquierda. De hecho, PP y Ciudadanos han reprochado a la presidenta que sacrificara el consenso (el texto legal no integra ni una sola de las más de 70 enmiendas de los grupos conservadores) en aras de lograr “una ley de máximos”.

Ninguna ley de Memoria en España, ni la estatal ni la de Navarra (la única aprobada) lograron el voto favorable del PP. Los populares votaron en contra de la Ley estatal de Memoria Histórica de Zapatero, en 2007, y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy la norma ha quedado derogada de facto, sin dotación económica en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado. La Ley de Creación del Memorial Democrático de Catalunya fue aprobada en 2007 con votos en contra del PP y de Ciudadanos y la ley de fosas del franquismo del Gobierno de Baleares sí salió adelante por unanimidad. La Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Extremadura trabajan ahora en sus propias leyes de Memoria, al amparo de la normativa estatal.

Debate tenso

El proyecto memorialista ha permanecido en un cajón tres años mientras en el exterior desaparecía el bipartidismo, se rompía el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU para ser sustituido por la alianza PSOE-Ciudadanos, la irrupción de Podemos abocaba al socialismo a la mayor crisis de identidad de su historia, desatando luchas internas en sus filas, y la izquierda española implosionaba, incapaz de llegar a acuerdos, y permitiendo que siguiera gobernando la derecha.

El proyecto memorialista ha permanecido en un cajón tres años mientras en el exterior desaparecía el bipartidismo

Los grupos han buscado el consenso en una materia compleja, que toca la fibra sensible de las izquierdas y las derechas de España. Pero el respaldo unánime ha sido inviable, porque conservadores y progresistas aún difieren sobre el relato político de lo que supuso la Guerra Civil, la Dictadura y el franquismo. Ese relato de los hechos está en la exposición de motivos con la que arranca la ley y, aunque los servicios jurídicos del Parlamento advirtieron de que no tenía ninguna repercusión jurídica, PP y Ciudadanos se sintieron “incómodos” con algunas expresiones, y presentaron enmiendas para que se modificasen con ánimo de “no reabrir heridas”. Los populares pidieron eliminar algunas expresiones, como el término “terror fascista”, y Ciudadanos quiso acotar el marco de acción de la ley a la Guerra Civil y la Dictadura, dejando al margen la Transición democrática. IU amagó con votar contra su propia ley si el PSOE se avenía a “dulcificar” el relato de los hechos.

Durante el debate, seguido desde la tribuna por familiares de represaliados y asesinados por el franquismo, se vivieron momentos tensos. Uno de los invitados increpó al diputado de C’s, Sergio Romero, cuando rechazó una “ley de Memoria ideológica”, porque “precisamente el problema hace 80 años fue los españoles antepusieron las ideologías a las vidas”. Desde la tribuna le recordaron que el fascismo dio un golpe de Estado, el presidente de la Cámara amagó con desalojar a los invitados, y el diputado de IU, José Antonio Castro, afeó desde su escaño a Romero por “provocar”.