"El PP actúa como si las instituciones de Estado fueran suyas". La frase pronunciada esta misma semana por un diputado del PSOE puede servir para entender muchas de las cosas que están ocurriendo en torno a la Operación Lezo.

Hay otra frase que aclara aún más las cosas. Esta apareció en una conversación que mantuvieron el pasado verano Ignacio González y Eduardo Zaplana: "Si no controlas el aparato del Estado estás muerto".

Junten esas dos ideas y podrán empezar a entender: entenderán, aunque no lo compartan, que la trama corrupta encabezada por Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, acusado junto a otros de saquear el dinero público del Canal de Isabel II, era algo más que un latrocinio organizado. En Madrid, al menos, era una forma de gobernar, esquilmando recursos públicos porque nadie se lo podía prohibir. Entenderán, asimismo, por qué la investigación de este nuevo caso de corrupción que afecta de lleno al corazón del PP madrileño ha estado preñada de actuaciones como mínimo discutibles por parte de ciertas instituciones del Estado, en especial de la Fiscalía, pero también desde el Gobierno: el Estado son ellos. 

Ignacio González tenía muy arraigada esa idea de que el Estado era su cortijo particular. Sirva un ejemplo: La Sexta cuenta que en una conversación con su gran amigo Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, González bromea con "pegarle dos tiros a la juez" del caso de su ático en Estepona, caso que surgió antes que el del Canal de Isabel II. Tal era la sensación de impunidad de Ignacio González, que hasta especulaba con la posibilidad de cambiar jueces o de llamar directamente a "Rafa", para los demás ciudadanos Rafael Catalá, ministro de Justicia. 

Y eso no es todo: filtraciones y chivatazos a los acusados sobre la marcha de la investigación judicial; reuniones injustificadas de algunos de los investigados con altos cargos del Gobierno; la dudosa y cuestionable actuación de Manuel Moix, Fiscal Jefe Anticorrupción encargado de dirigir la investigación y aparentemente más preocupado por torpedearla; conversaciones grabadas que dejan al descubierto que los integrantes de la trama sabían que les estaban investigando porque una "juez amiga" les había avisado; charlas también grabadas en las que González habla con Eduardo Zaplana, uno de los prebostes del PP durante el aznarismo, del nombramiento de Moix meses antes de ser oficial su nombramiento y del control de los jueces, sobre quitarlos y ponerlos, como si tal cosa; el SMS del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al propio González dándole ánimos en una nueva versión del "Luis, sé fuerte"; las sospechas que al menos desde el año 2009 gravitaron sobre las actividades de González y que hasta ahora habían caído en saco roto... Han ocurrido tantas cosas que la sombra de la sospecha no sólo alcanza a los acusados: llega también al propio aparato del Estado. 

Lo que parece fuera de toda duda es que Ignacio González y sus cómplices sabían que estaban siendo investigados desde hace meses. La revista Interviú cuenta que en el sumario del caso se recoge una conversación en la que Ignacio González, meses antes de ser detenido, le dice a otro de los acusados: "He hablado con un secretario de Estado y me ha dicho que me ande con cuidado". Ese secretario de Estado aún no está identificado, pues no ha trascendido si es uno del actual Gobierno o lo fue de otro anterior, siempre con Rajoy en la Moncloa.

Quien sí está identificado es el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, del que se ha sabido que el pasado 8 de marzo recibió al hermano de Ignacio González, Pablo, también detenido en la Operación Lezo. El propio juez Velasco, instructor del caso, escribe en un auto: "Al día siguiente de conocer la posible existencia de una investigación a su hermano Ignacio, se habría reunido con un secretario de Estado". Pablo González salió de aquel encuentro diciendo que había ido sido "muy interesante". El ministerio del Interior aún no ha sido capaz de dar explicaciones convincentes sobre esa reunión.

Los chivatazos a González eran constantes y llegaba por diferentes vías: además de las reuniones con altos cargos, González recibió el chivatazo de una jueza amiga. El diario ABC señala que una magistrada informó al presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, de que estaban grabando al que había sido mano derecha de González en Suramérica, Edmundo Rodríguez, quien además es consejero delegado de ese periódico.

El Fiscal Anticorrupción, en la picota

Sin embargo, es el Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, nombrado hace un mes, el que mayores recelos despierta. Las sospechas de parcialidad en su actuación lo impregnan todo. Fue el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, nombrado a su vez por el ministro de Justicia Catalá, quien impuso a Moix para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que nunca había ejercido antes esa especialidad. 

Como informaba Público el pasado sábado, el nombramiento de Moix formó parte de una verdadera caza de brujas en el Ministerio Público que barrió de los puestos de mando a todos los fiscales progresistas y los reemplazó por afines al PP. Moix lo es, al menos esa impresión dejó tras su paso por la Fiscalía de Madrid, donde tuvo, según él mismo ha dicho, "relaciones de carácter institucional" con Ignacio González. 

Es a Moix a quienes muchos señalan como el filtrador. Su actuación está bajo sospecha. El mismo día que el escándalo saltó a los medios de comunicación, se supo que Moix había intentado impedir un registro, que impuso la retirada del delito de organización criminal contra Ignacio González y que trató asimismo de dejar al margen de la investigación la gestión del Canal de Isabel II durante la etapa de Gallardón. Sólo la rebelión de sus subordinados le paró los pies.  

No es la primera vez que la actuación de la Fiscalía queda en entredicho en los últimos meses: el caso Auditorio es un ejemplo reciente de ello, pero hay otros muchos que Público ha recopilado en este artículo.

El último episodio conocido de esta retahíla de hechos anómalos es el envío el pasado 3 de noviembre de un SMS de apoyo a González por parte del ministro de Justicia, Rafael Catalá: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", le dice el ministro a González cuando ya estaba siendo investigado. 

Todos estos chivatazos, filtraciones, conversaciones con políticos, jueces y fiscales que van saliendo a la luz demuestran que los integrantes de la trama estaban tan sobre aviso que el juez Velasco tuvo que ordenar la colocación de un micrófono oculto en el despacho del expresidente madrileño en plena noche para poder avanzar en la investigación, según ha informado la Ser. 

González era experto en tomar precauciones. Según eldiario.es, su obsesión por no ser grabado era tal, que la Comunidad de Madrid se gastó 117.000 euros en 2013 en teléfonos encriptados para evitar escuchas, algo que sin embargo no pudo evitar y que ha terminado por llevar a González a la cárcel pese a que tenía todo a su favor: un fiscal comprensivo y contactos con las más altas instancias del Estado.