Pocas visitas de hospital han tenido una repercusión tan grande. Tanta, que 18 meses más tarde aún hay tres jóvenes presos de manera preventiva, aguardando que acabe un proceso en el que podrían ser condenados a largas penas de prisión. Ocurrió el 16 de octubre de 2016 en el Complejo Hospitalario de navarra. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se presentó allí para visitar al teniente que la madrugada anterior había sufrido una rotura de tobillo tras verse involucrado en una reyerta fuera de un bar de Altsasu. Luego de la visita, el agente optó por presentar una denuncia ante sus compañeros de la Benemérita en lugar de hacerlo en la Policía Foral, encargada del caso.

“Quedamos en que volvería por la tarde al hospital para tomarle la denuncia, pero hubo comunicaciones entre mandos superiores y me dijeron que iba a denunciar en la Guardia Civil”, declaró esta semana en la Audiencia Nacional uno de los policías forales –agentes de ámbito autonómico- que había emprendido averiguaciones en torno a la pelea más famosa y polémica de la historia de Navarra.

¿Qué le dijo Fernández de Mesa al teniente para que cambiara de opinión? La pregunta sigue, y en principio seguirá, sin respuesta. Se trata de uno de los grandes misterios que encierra el proceso judicial contra ocho jóvenes de Altsasu acusados de terrorismo por aquella pelea de bar en octubre de 2016. El juicio que se desarrolla en el tribunal madrileño ha vivido esta semana su primera etapa con la toma de declaraciones de acusados, denunciantes y testigos de ambas partes. De momento, las sombras siguen ganándole a las luces.

En efecto, las madres y padres de los jóvenes acusados han llegado a la conclusión que tanto temían: el procedimiento que ha llevado a sus hijos al banquillo ha estado marcado por varias irregularidades. Una de las más graves quedó puesta sobre la mesa con el testimonio del dueño del bar Koxka, el establecimiento donde se produjo la trifulca. El hostelero comprobó con estupor que su firma no aparece en la declaración realizada ante la Policía Foral y atribuida a su persona, aunque eso no es todo: “aquí hay cosas que yo no dije”, advirtió.

Por ejemplo, en el procedimiento se le atribuye al propietario del Koxka haber dicho que los hechos ocurridos en el exterior del bar fueron “premeditados”, lo que valdría precisamente para amparar la acusación de “terrorismo” que pesa contra los imputados. Sin embargo, el testigo declaró en la Audiencia que había dicho exactamente lo contrario. “No podía saber ni si fue premeditado ni si participó gente que sabía pegar porque ni siquiera vi nada”, alegó.

A criterio de Amaia Izko, una de las abogadas defensoras, este hecho constituye “una irregularidad muy grave: un testigo ha ido a declarar ante unos policías y han recogido en el acta cosas que él no ha dicho”. “La consecuencia directa será que esa declaración, que constaba en el procedimiento, no se pueda tener en cuenta a ningún efecto”, apuntó la letrada a Público.

El rojo no es negro

El color de la camiseta de Adur Martínez de Alda, uno de los tres jóvenes que permanece en la cárcel desde noviembre de 2016 y sobre el que pesa una petición de 50 años de cárcel, también ha sido materia de polémica. La novia del teniente de la Guardia Civil identificó a Adur como uno de los agresores, y lo hizo asegurando que llevaba puesta una camiseta roja. Sin embargo, una foto de aquella noche demuestra que el joven llevaba una camiseta negra.

Ese aspecto fue ratificado por un video difundido por el programa “En Jake” de ETB2, en el que se aprecia a Adur con la misma vestimenta de color oscuro. De hecho, tanto él como su madre negaron ante el tribunal que esa noche hubiese estado allí. El video de ETB había sido rechazado por los jueces, pero esta semana, ante una nueva solicitud de la defensa, sí ha sido admitido como prueba.

“¿Va a manifestaciones?”

Su madre, Bel Pozueta, ha sido objeto de preguntas de claro sesgo ideológico durante su declaración. “Se insistió en su ideología y en su participación en manifestaciones”, denunció este viernes el colectivo de Madres y Padres de los Jóvenes de Altsasu (Altsasu Gurasoak).

De hecho, ese mismo tipo de preguntas también fueron formuladas por el abogado del estado, la fiscalía y la acusación (COVITE) a otros testigos propuestos por la defensa. Entre ellos se encontraba el alcalde de esa localidad navarra, Javier Ollo (Geroa Bai), quien incluso ha tenido que aclarar los motivos por los que acudió a la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Pamplona. Lo hizo, indicó, porque defiende la “proporcionalidad en el tratamiento de los hechos”.

Fichas fotográficas

Otro aspecto llamativo del procedimiento ha sido la forma en que se realizó el reconocimiento fotográfico de los imputados. Según comprobó la defensa, en cada ficha aparecía la persona acusada junto a otras que tenían claros rasgos de otra etnia. “Con fichas así resulta fácil concluir que hay intención de identificar a ciertas personas en concreto, más allá de los hechos ocurridos”, destacaron desde Altsasu Gurasoak. En tal sentido, destacaron que durante el juicio se ha podido establecer que tales reconocimientos fueron diseñados por el servicio de Información de la Guardia Civil.

Precisamente, el juicio se reanudará el lunes con las declaraciones de los peritos del área de Inteligencia de la Benemérita, quienes estuvieron a cargo del informe entregado a la jueza Carmen Lamela. En aquel documento contradijeron lo establecido en un primer momento por la propia Guardia Civil y pasaron a catalogar estos hechos como “terrorismo”, tal como reclamaba COVITE en su calidad de acusación popular.

La sesión seguirá el martes con la comparecencia de peritos médicos que hablarán sobre las lesiones de los denunciantes, mientras que los días miércoles, jueves y viernes estarán reservados para la presentación de los informes con las conclusiones. Tras la primera semana de juicio, la abogada Izko lo tiene claro: “llevamos cinco días de juicio y no hay ni un elemento que esté cerca de dibujar algo que parezca terrorismo”, subrayó.