El Congreso afronta este martes un Pleno extraordinario para convalidar los últimos decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros, pero el Gobierno no acude con todas las garantías que desearía. De los ocho decretos que la Cámara debe convalidar o rechazar, el Ejecutivo tiene garantizado el éxito de la mayoría, pero los más relevantes, aquellos que desgranan una parte del plan económico de Pedro Sánchez que ha quedado fuera de los Presupuestos, están en el aire.

El caso más complicado es el del real decreto-ley que establece medidas urgentes en materia de vivienda y de alquiler. Entre otras modificaciones, la norma amplía al plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica), lo que de facto representa el aumento del plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada.

Además, se amplía de uno a tres años el plazo de prórroga tácita por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendatario o el arrendador no expresen su voluntad de no renovarlo, y se limitan las garantías adicionales a la fianza a un máximo de dos mensualidades.

La norma no cuenta, al menos de momento, con ninguna garantía de éxito en la votación que tendrá lugar en la Cámara (necesita más votos a favor que en contra); de hecho, es más probable que el Congreso rechace el decreto a que lo convalide. Los problemas empiezan por el principal socio parlamentario del Ejecutivo, Unidos Podemos.

Los de Iglesias tienen la intención de votar “no” al decreto porque éste no recoge las medidas incluidas en el pacto presupuestario firmado entre el grupo confederal y el Gobierno para que los ayuntamientos puedan limitar los precios de los alquileres en las ciudades. El lunes, desde Unidos Podemos aseguraron mantener negociaciones con el Ministerio de Fomento para resolver la situación, aunque lo más probable es que acaben rechazando el decreto.

A este rechazo se sumarán previsiblemente los otros dos grandes grupos de la Cámara, PP y Ciudadanos. Los de Casado se posicionaron en contra del decreto desde su aprobación en el Consejo de Ministros, e incluso trataron de tumbar su contenido a través de una enmienda a la totalidad que presentaron a la ley de emergencia habitacional de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), manifestando su desacuerdo con ambas normativas.

Los de Rivera decidieron que darían su “no” en la reunión del grupo parlamentario que tuvo lugar este lunes. A su juicio, elevar por ley la duración de los alquileres o rebajar las fianzas “están condenadas a reducir la oferta al poner más trabas a los propietarios, que necesitan justo lo contrario, es decir, seguridad jurídica. Además, con menos oferta, como es obvio, los precios no bajarán”, aseguran fuentes del partido.

ERC también votará en contra, mientras que desde el PNV han planteado su voto a favor pero si se tramita como proyecto de ley, para abrir la posibilidad de introducir enmiendas al contenido planteado por el Gobierno.

Polémica por las pensiones de incapacidad

El Ejecutivo también someterá al escrutinio de la Cámara el decreto encaminado a materializar la actualización de las pensiones, que también contiene otras medidas en materia social, laboral y de empleo. Se aplicará una revalorización inicial del 1,6% a las pensiones contributivas del Sistema y del 3% para las mínimas y para las no contributivas.

Las negociaciones también continúan con Unidos Podemos en lo que se refiere a este decreto, aunque los de Iglesias son reticentes a apoyarlo, y podrían decantarse por la abstención. Esto es así porque el Ejecutivo ha introducido en la norma la desvinculación de la pensión por incapacidad permanente del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que, de facto, argumentan desde la formación, es un recorte a esta prestación, que ahora queda ligada a los Presupuestos Generales del Estado.

Grupos como Ciudadanos y ERC ya han avanzado su voto a favor, por lo que el éxito o fracaso del decreto depende del PP, que previsiblemente se abstendrá en la votación, permitiendo la convalidación de la norma.

El Gobierno llevará a la Cámara Baja un decreto de medidas urgentes para la transición justa de la minería del carbón, que formaliza el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal de la minería. Desde Unidos Podemos tampoco han avanzado su abstención, ya que califican de insuficientes las ayudas contempladas para materializar una transición ecológica después del cierre de las explotaciones, y critican que se dejara fuera de las bajas incentivadas y prejubilaciones a trabajadores subcontratados.

ERC votará a favor de esta norma y Ciudadanos ha avanzado que quieren que se tramite como proyecto de ley. Está previsto que el resto de decretos –de creación de una autoridad macroprudencial que sirva para prevenir futuras crisis económicas,en materia tributaria y catastral, de medidas sobre la creación artística y cinematográfica o en materia de marcas y transporte ferroviario– salgan adelante.