Alejandra Jacinto: "La Comunidad de Madrid es una fábrica de ocupas"

¿Cómo valora esta reciente condena de Naciones Unidas a España?

Es un caso ejemplar. Una familia que vivía de alquiler y no pudieron pagarlo por la precariedad laboral. Antes de perjudicar al propietario, deciden ocupar una casa vacía del BBVA y tratan de regularizar su situación. Es paradigmático también porque la Audiencia Provincial de Madrid les absuelve del delito de usurpación por su estado de necesidad. Es solo un caso más de todos los que se producen en la Comunidad de Madrid. Familias vulnerables sin alternativa habitacional, a pesar de llevar muchos años pidiendo vivienda pública, pidiendo salir de esa situación. Es la octava ocasión que la ONU condena a España por casos que tiene un patrón común: ocurren en la Comunidad de Madrid. El Estado tiene unas obligaciones internacionales que no aplica, y de tiene que dar cumplimiento a este dictamen y darles una alternativa de vivienda.

Una de las razones de esta condena es el requisito de la Comunidad de Madrid que rechaza la solicitud de vivienda pública de familias que viven ocupando. ¿Qué busca este requisito? ¿Resuelve algo?

Esto perpetúa situaciones de exclusión residencial, perpetúa la desigualdad. La Comunidad de Madrid mantiene una legislación que impide a personas salir de esta situación a familias que se ven abocadas a ocupar una vivienda, normalmente vacía y de grandes tenedores. Por estas normas digo que la Comunidad de Madrid actúa como una fábrica de ocupas, porque no le permite salir del círculo vicioso que es la ocupación por necesidad. La mayoría no lo hacen porque quieran, sino porque necesitan una vivienda estable. Y es la Comunidad de Madrid la que impide que eso deje de suceder. Es hipócrita y mezquino ver cómo ponen en marcha iniciativas como el "teléfono antiokupas" o la oficina contra la okupación. Si de verdad quisiera resolver estos problemas deberían garantizar el derecho a la vivienda. En cierto modo le interesa que se den estas situaciones porque su marco y su política de vivienda se basa en que esta sea un derecho solo para quien pueda pagársela, un derecho limitado.

Ayuso le llamó "abogada fracasada". Ahora esta condena a España llega por un caso que inició usted y que es responsabilidad de la comunidad que ella gobierna. ¿Qué le responde?

Entiendo que para alguien como Ayuso sea un fracaso que se lleven estos temas a los tribunales. Este caso es un éxito colectivo para el avance en derechos. Una gobernante a la que se le llena la boca hablando de la Constitución debería hacer un cursillo avanzado en materia de derechos. Las normas internacionales se deben cumplir. Y las sentencias también, como la anulación de la venta de vivienda pública a fondos buitre, en cuyo caso también participé. Ayuso ha estado años dilatando la ejecución de esa sentencia.

¿Por qué es este caso tan importante para el derecho a la vivienda?

Fue el primer caso en el que se obtuvo la primera medida cautelar por la que el Comité DESC de la ONU instaba al juzgado a suspender su desahucio. Luego han venido más, y gracias a la PAH y a la Coordinadora de Vivienda de Madrid se han ido aplazando otros desalojos. Antes, en 2015, hubo otro caso, el de un hombre que acabó viviendo en un coche tras su desahucio sin alternativa. Pero el de Richard y Josefina abrió una vía. Se atendió la petición de la ONU y requirió a la Administración una alternativa. Cuatro años después siguen sin otorgarla y la Comunidad de Madrid sigue penalizando estas situaciones y condenando a la familia a seguir ocupando.

¿Por qué no se aplican los dictámenes del Comité DESC de la ONU? ¿Qué se puede hacer?

No se aplican porque falta formación en materia de derechos humanos. Cuando España suscribe un tratado tiene que aplicarlo obligatoriamente. Pero también hay una falta de voluntad política manifiesta de las administraciones. No solo de la Comunidad de Madrid. Creo que una parte del Gobierno de coalición no quiere acatar el derecho internacional porque eso significaría que debe haber una ley de vivienda que incorporara el cumplimiento de estos dictámenes de forma inmediata. No puede ser que en un Estado de derecho, los ciudadanos que encuentran amparo en el organismos internacionales luego tengan que verse sometidos a una especie de tortura burocrática, a un largo periplo judicial, para hacer valer sus derechos.

¿Se puede saber cuántos casos como el de Richard y Josefina hay en la Comunidad de Madrid?

No hay registros y la Comunidad se ha negado sistemáticamente a que haya un observatorio de vivienda que lo analice. Sí sabemos que hay una media de 20 desahucios al día que se ejecutan, a los que hay que sumar los desahucios silenciosos y los casos de precariedad habitacional en que viven muchos madrileños, familias que viven en hacinamiento, en infravivienda y familias a las que el precio de los alquileres les impide acceder a un hogar. Madrid es una de las regiones donde más suben los precios y donde menos políticas hay para frenar esta especulación.

¿Cómo resume la política de vivienda del PP en la Comunidad de Madrid?

Como politiqueo inmobiliario, pero también pasa con la sanidad. Toda la política del PP madrileño se basa en el ladrillo. No hay una sola política que pretenda frenar el modelo especulativo, sino todo lo contrario. Falta un modelo que busque un parque público de vivienda, o que garantice que cuando se construya va a seguir siendo pública. El famoso Plan Vive de Ayuso va a construir cero viviendas públicas. El modelo del PP es construir viviendas con cierto grado de protección y al cabo de los años acaba en manos privadas. Construyes un parque público temporal.

El Euribor ya roza el 3%, aumentan las cuotas de las hipotecas y también el coste de la vida. ¿Volveremos a ver una oleada de desahucios como en la anterior crisis?

Si las administraciones públicas y el Gobierno no aprenden de los errores del pasado, sí. Si no se congela la subida de las hipotecas, como está pidiendo Unidas Podemos, tropezaremos dos veces con la misma piedra. Y sería reprochable. Se trata de rescatar a la gente cuando vienen mal dadas. Las cuotas hipotecarias se están disparando para muchas familias y el Gobierno se debe situar del lado de la gente y no hacer como en la crisis anterior, rescatar a la banca. Se deben congelar las hipotecas a tipo variable.

¿Cómo valora las medidas del Gobierno sobre el alza de las hipotecas?

Insuficientes. En un contexto de precios disparatados no puedes proponer a los bancos de forma naif un código de buenas prácticas voluntario. Como Estado tienes que posicionarte de parte de la gente. Eso pasa por entender que los grandes especuladores tienen que ganar un poco menos, aunque sea de forma temporal, para que la gente pueda vivir. No ya vivir mejor, solo vivir.

¿Cree que habrá ley de vivienda antes de las elecciones generales?

No sería aceptable que no llegara esta ley. Si el PSOE no atiende esta demanda social se equivocaría y creo que le pasaría factura electoral. Es la mayor tarea pendiente del Estado para garantizar el cumplimiento de la Constitución española, pero seguimos negándonos a impedir la especulación, algo que dice explícitamente la Constitución. La ley tiene que salir y tiene que ser garantista, no una mera declaración de intenciones. Debe incluir la regulación de precios de los alquileres, tanto de los grandes tenedores como el de las personas físicas, que también acumulan vivienda y también especulan. Y hace falta un parque público que no pueda ser enajenable, que no pueda ser vendido. También hacen falta medidas como la dación en pago en caso de no poder hacer frente a la hipoteca, poder saldar la deuda con la entrega de la casa. Y también hay que aplicar una política fiscal que desincentive que haya vivienda vacía, un reproche fiscal penalizando a través del Impuesto de Bienes Inmuebles.

En esta ola inflacionista, el Gobierno ha lanzado ayudas al combustible, ha intervenido en el mercado energético y ahora se plantea atajar la subida de los alimentos ¿Por qué cree que no sigue la misma línea con la vivienda?

Porque el ladrillo manda. Ha mandado en España desde hace más de 50 años y sigue siendo el eje vertebrador de las políticas públicas, nacionales y de forma más feroz a nivel autonómico. Esto tiene que ver con que la especulación inmobiliaria es tan rentable en ciertos sectores que tiene la capacidad de determinar la acción de Gobierno y de influir en partidos políticos. El PP es un claro ejemplo, pero también ocurre con el PSOE. No puede haber intereses económicos por encima de derechos fundamentales. Lo mínimo es que haya una intervención estatal para que no impere la ley de la selva con bienes de primera necesidad.