VALENCIA.- La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recoge en un informe sobre las diversas adjudicaciones públicas realizadas por la Concejalía del Ayuntamiento de Valencia dirigida por María José Alcón en relación con la Mostra de 2006 que tanto la exedil del PP como el que fuera gerente de Imelsa Marcos Benavent supuestamente perseguían dar los contratos a sociedades acordadas de forma previa, de acuerdo "a intereses particulares" ajenos al general a cambio de una contraprestación.

Para ello, aluden a diversas conversaciones mantenidas entre ambos y a una en la que Alcón pregunta a su interlocutor: "¿De aquí sacaremos alguna cosilla? ¿No? ¿De todos estos?", a lo que Benavent responde: "De todo". "De todos sacaremos algo, para pasar el verano, Marcos", le contesta la exconcejal, y tras referirse a las empresas, añade ella: "Bueno, yo confío en ti y así por lo menos para tomarme unas cervecitas este verano...". En esta conversación, según la UCO, los intervinientes supuestamente hablan sobre el beneficio de los distintos contratos relacionados con el certamen.

Las empresas finalmente resultaron adjudicatarias de los contratos fueron Universo Selección, que logró el servicio de azafatas, chóferes y personal auxiliar; Tres Servicios de Marketing y Creatividad S.L.R, que consiguió los servicios de pre-producción y cierre de las galas de inauguración y clausura; Begamir, que se adjudicó la publicidad y Comunicación Gráfica Siglo XXI, que se llevó el de imprenta y publicaciones.

Responsables de estas mercantiles y de otras adjudicatarias también figuran como investigados en esta pieza, que es parte de la Operación Taula derivada del caso Imelsa, y de la que recientemente el juez instructor levantó el secreto del sumario. Según consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, a juicio policial existen indicios para afirmar que la adjudicación de los contratos de la XXVII Mostra presuntamente pudieron haberse desarrollado de forma irregular, atendiendo a los intereses de Alcón y Benavent y sin respetar los criterios que deben regir la contratación pública.

En este caso, los investigadores también destacan el papel desempeñado por el que fuera asesor de Alcón, Pedro Aracil, presente en "varias de las reuniones en las que predeterminarían de forma presuntamente fraudulenta las distintas adjudicaciones".
La Guardia Civil señala que para realizar los informes se han usado fuentes documentales como los expedientes de contratación recabados del Ayuntamiento de Valencia y la documentación aportada en la denuncia —de la diputada de EUPV en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo— y esencialmente de las grabaciones realizadas de forma oculta por Benavent y la propia declaración de este último como imputado.

Las grabaciones son su "seguro de vida"

En su declaración ante la Guardia Civil, en junio de 2015, Benavent explicó que realizó las grabaciones como "una especie de seguro de vida por los asuntos en los que él mismo intervenía recaudando dinero", y que, si todo salía a la luz, con ellas "cada uno tendría que asumir su parte y él no se responsabilizaría de todo. Era como una forma de asegurarse que todos responderían por lo que hicieran".

Para la UCO, como resultado de su investigación "se podría llegar a definir un modo de actuación específico que se repetiría de forma reiterada en el desarrollo de varios contratos relacionados con la Concejalía de Cultura": la limpieza y mantenimiento de las fachadas de la Lonja; el de las Torres de Quart; las obras de conservación de los puentes de Serranos y Trinidad; la concesión de la construcción y explotación de La Rambleta y el de la Mostra, todos ellos entre 2003 y 2006 y en los que Alcón "habría influido de forma directa" en la fase de licitación para que la empresa adjudicataria fuera la acordada previamente.

A su vez, los investigadores otorgan a Benavent un doble papel: actuar como "intermediario" entre la Concejalía y las sociedades que se presentaban a los concursos y ser el "principal canal de comunicación" entre Alcón y los empresarios, y en segundo lugar, era el encargado de recibir las comisiones y de entregarlas a la exedil.

En una de las conversaciones, añade el informe, Benavent realiza un reparto de la comisión con la entrega de una cantidad de dinero a Alcón, se queda una parte y destina otra al PP. En este caso, se trata del contrato de las Torres de Quart, sobre el que Benavent, en las grabaciones le dice a Alcón: "Las Torres, mira, pam-pam. La semana pasada. Bueno, aquí tienes lo tuyo. Han hecho lo que han podido. Han hecho, ellos de un millón doscientos", de los que añade que hay que quitar el IVA por lo que "solo nos pueden dar 20.000 euros.

"Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el Partido porque Alfonso (que los investigadores creen que puede ser el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus) viene así y yo me he quedado 5.000", describe. "Bueno", contesta ella. Para la UCO, el modo de actuación no respondía a "actos puntuales" sino que era "la forma habitual de obrar de sus partícipes".

La exedil, en su declaración ante la Guardia Civil, aseguró que esa última conversación había sido "manipulada", que no se dio nunca y aseguró que estaba "falseada por completo". Además, alegó que ella no intervenía en la adjudicación de los concursos, que era algo que dependía de la Mesa de Contratación, formada por el interventor del ayuntamiento, un secretario, y el concejal de Contratación, que actuaba como presidente.

Sin embargo, la UCO, en otro informe, apunta a que de los audios grabados se pone de manifiesto que Alcón "poseería la capacidad de influir en los procedimientos para la adjudicaicón de concursos" y que ella misma asegura que nombraría al tribunal que valoraría las ofertas de las empresas que se presentasen al concurso —hablan del caso de las Torres de Quart— y que iba a estar compuesto por "personas de confianza".

En este caso, las conversaciones reflejan que la exedil llega a señalar que no iba a adjudicar la obra a una empresa madrileña habiendo en Valencia otras igual de buenas.