Alberto Fabra ha sido uno de los hombres clave en la política castellonense. Alcalde conservador de la ciudad desde 2005 a 2011 - apadrinado por Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por cometer delitos contra la Hacienda Pública y actualmente en libertad condicional - fue después presidente de la Generalitat hasta 2015 y desde entonces ejerce de senador por nombramiento territorial.

En los 6 años que pasó Fabra en la alcaldía de la ciudad, técnicos municipales encargados de fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento advirtieron sobre las supuestas irregularidades en la gestión de las fiestas. "Ese fue el motivo por el que decidimos abrir una Comisión de Investigación en el año 2015", declara a Público Xavi Del Señor, concejal del ayuntamiento y portavoz de Castelló en Moviment (CSeM), una agrupación de confluencias formada, entre otros, por varios miembros de Podemos.

En la Comisión no Permanente de Investigación, presidida por Del Señor, han comparecido técnicos y responsables políticos de la Junta y se ha estado desarrollando una tarea de revisión e investigación de las cuentas y la documentación de la Fundación desde el 2008 hasta el 2016. "En Castellón prácticamente todo el mundo sabía que la gestión de las fiestas era totalmente opaca y corrupta y nuestro grupo decidió investigarla cuando llegamos al consistorio", explica el portavoz de CseM.

Mientras fueron alcaldes Alberto Fabra y Alfonso Bataller (su sucesor en la alcaldía hasta el 2015) no se pidieron explicaciones al órgano responsable, la Junta de Fiestas, y tampoco quisieron reunirse con el que fue el presidente de esta Junta durante trece años, Jesús López, para tratar este asunto. Es más, ambos apoyaron la gestión de López, que llegó a admitir durante la Comisión que efectivamente se habían realizado pagos en efectivo a trabajadores y trabajadoras sin contrato y que incluso se hizo con menores que no tenían la edad legal para poder trabajar. En el dictamen, al que ha tenido acceso este diario, se recogen las declaraciones de Jesús López.

Las 'gestiones' de Jesús López

El que fuera presidente de la Junta de Fiestas confesó que "en los actos que organizaba la Junta de Fiestas, donde acostumbraban a trabajar muchas personas por los distintos tipos de trabajos (tractoristas, brigadas de limpieza, reparto de cañas, colocadores de carteles y sillas para pregones, pasacalles, colocación de vallas, etc) no había ningún tipo de contrato, porque contratar a esa gente era muy complicado".

"Lo que hicimos y de hecho se habló con la inspección de trabajo, fue hacerles un seguro porque eran estudiantes, por si ocurría algo - continuó López al ser interpelado por la ilegalidad de los actos- hay que tener en cuenta que incluso había chiquillos que no tenían ni la edad", concluyó.

Distintos comparecientes han corroborado que el personal de los eventos de las fiestas eran contratados a través de Cesionlab, la ETT propiedad de Jesús López. Esta empresa también realizaba contratos a personal que trabajaba para eventos gestionados directamente por la Junta de Fiestas sin que interviniera para ello ningún tipo de concurso público. Se han encontrado algunas de las facturas que la fundación de fiestas pagó a favor Cesionlab por servicios contratados directamente, pero se desconoce el volumen de negocio entre los diferentes eventos, carpas o mesones concedidos sin concurso público a los diferentes organizadores que después contrataban a su personal a través de Cesionlab.

CSeM no ha encontrado la documentación que acredite concursos públicos para contratar servicios en la organización de eventos artísticos ni del material técnico necesario para llevarlos a cabo, aunque habitualmente se tratara de cantidades millonarias. La justificación dada por parte del presidente de la Junta de Fiestas es que si en algún momento se quiso contratar los servicios de un determinado artista, se le debía pagar el caché que exigía y contratarlo a través de sus representantes.

Además, bajo el mandato de López, se creó una Asociación con el nombre de Magdalena Beerfest, que fue registrada por miembros de la Junta de Fiestas unas semanas antes de celebrarse las fiestas de 2014 para gestionar una de las carpas más visitadas durante los 9 días de fiestas, la Carpa Alemana. Entre los promotores figuraba la hija de Jesús López y el Interventor de la Junta de Fiestas, Garcés Tormo. Según el interventor de la Junta de Fiestas y miembro fundador de la asociación Magdalena Beerfest, se debió a que "el recorte en el presupuesto hizo que la Fundación buscase nuevas formas de financiación".

Las excusas de Fabra y Bataller

Ni Fabra (que ocupó el cargo desde 2005 a 2011) ni Bataller (desde 2011 a 2015) comparecieron de forma presencial, por lo que contestaron a las preguntas de los diferentes grupos políticos por escrito. Ambos exalcaldes reconocieron la falta de control pero se excusaron atribuyendo a la Junta de Fiestas toda la responsabilidad de la gestión de las fiestas locales, afirmando que tenía la autonomía que le concedían los estatutos aprobados en 1988, bajo el mandato del alcalde socialista Daniel Gozalbo.

Los dos exalcaldes y también el ex concejal conservador de Fiestas, Joaquín Torres, contestaron que ellos no sabían nada sobre la gestión de la Junta porque ni si quiera lo preguntaban. En las nueve páginas de sus respuestas, Fabra cita tres veces a Gozalbo y escribe el número '1988' en nueve ocasiones.

No obstante, la Junta de Fiestas sí ha intervenido en competencias que son exclusivas del ayuntamiento de la capital: las tasas por ocupación de la vía pública. La Junta de Fiestas, con el 'visto bueno' de los alcaldes correspondientes y sus concejales delegados, cobraba la tasa de ocupación de la vía pública a diferentes negocios que se instalaban en la calle durante los períodos festeros.

Y lo hacía de manera discrecional, es decir, algunos pagaban y otros no y entre los que pagaban algunos lo hacían al ayuntamiento y otros a la Junta de Fiestas. Entre la documentación analizada por la Comisión figuran decenas de recibos de pago de ocupación de la vía pública por parte de artesanos y vendedores ambulantes en la Junta de Fiestas.

Charo Gutiérrez Perera, representante de la asociación sin ánimo de lucro 'Amigos de la Naturaleza', confirmó durante las sesiones celebradas en la Comisión que durante 27 años nunca pagó tasas de ocupación de la vía pública por el montaje de la Feria Alternativa que se realiza cada año en Castelló, a pesar del carácter de negocio privado de este evento. Gutiérrez, asimismo, reconoció que su asociación sí cobraba una tasa a los artesanos que montaban en la Feria Alternativa para la ocupación del espacio público y en función del tamaño de sus puestos.

Las conclusiones de la investigación

El Dictamen de la Comisión de Investigación se aprobará previsiblemente este jueves en el pleno del ayuntamiento con los votos a favor de PSPV, CseM, Compromís y Ciudadanos (que presentó su propio dictamen pero finalmente ha decidido apoyar la iniciativa) y con el PP votando en contra o absteniéndose.

El dictamen indica que son los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento los que tendrán que decidir si hay una causa penal para que el Ayuntamiento se persone como acusación delante de la Fiscalía.

CseM concluye que durante todas las comparecencias "ha quedado más que demostrado que en la documentación que presenta la Junta de Fiestas en los años analizados, los órganos municipales no han cumplido los requisitos formales exigibles de acuerdo con la legislación y que han habido graves errores".

Del Señor también remarca que se debe incidir en los informes de los técnicos municipales "en los que se repetían las objeciones respecto a la documentación que la Junta de Fiestas aportaba u omitía para su fiscalización municipal y además, se advertía de la debilidad en la gestión contable" y que "la administración municipal no prestó la atención necesaria ni el personal suficiente para garantizar la legalidad en los procedimientos que se producían con la gestión de las fiestas en el entorno de la Junta".

Si finalmente el Ayuntamiento (actualmente en coalición del PSPV y Compromís) no da el paso, Del Señor ha afirmado que "desde Castelló en Moviment lo denunciarán con un abogado propio, porque la corrupción del Partido Popular no puede salir indemne como ha venido siendo lo habitual estos años", ha concluido.