La acusación pone en duda la actuación de la Fiscalía al solicitar el archivo de Barreiro

Según informa La Vanguardia, el movimiento de la Fiscalía de solicitar el archivo de la causa respecto de la que fuera senadora del PP Pilar Barreiro —investigada en el caso Púnica en el Tribunal Supremo al ser aforada— ha generado resquemor en algunos sectores de la judicatura. Sin ir más lejos, la propia acusación popular, representada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) se ha opuesto a esta intención, poniendo en entredicho los argumentos planteados por el Ministerio Público. 

La alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro saltó a la palestra tras conocerse que habría contratado los servicios del empresario Alejandro de Pedro para que éste se encargara de limpiar su imagen en internet, lo que en argot se conoce como 'reputación online'. De esta forma camuflaba los pagos a través de contratos por publicidad desde la Consejería de Educación de Murcia. 

Tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco vieron indicios de que tanto Barreiro como Pedro Antonio Sánchez —después elegido presidente de Murcia— contrataron los servicios de De Pedro para limpiar su imagen personal con fondos públicos.

El juez se tuvo que inhibir a los tribunales correspondientes respecto de ambos dirigentes ‘populares’ al estar aforados. En el caso de Sánchez, se fue al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), cuyo instructor vio suficientes indicios para sentarle en el banquillo de los acusados. Justo en el momento de solicitar a las partes sus escritos de conclusiones, Sánchez dimitió de todos sus argos públicos y el magistrado encargado del asunto tuvo que devolver la causa a la Audiencia Nacional al haber perdido Sánchez el aforamiento.

Sin embargo, en el caso de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha estimado que no hay indicios que acrediten mínimamente que Barreiro utilizara fondos públicos para pagar esos trabajos. Da por válida su propia declaración en sede judicial y la del presidente del PP de Cartagena de entonces, Francisco Celdrán, quien confirmó que esos trabajos iban a pagarse con dinero del partido.