El pacifista Andrii Kucher y el cristiano evangélico Dmytro Kucherov no quieren llevar armas. Tampoco están dispuestos a hacer la guerra. Ni matar, ni morir. Por estas razones, los tribunales ucranianos han dictado condenas contra ambos. Mientras tanto, otros objetores y desertores del Ejército han escapado a tiempo. Una campaña internacional piensa hoy en todos ellos. 

La negativa a participar en las acciones bélicas se castiga con dureza en ambos bandos de esta guerra: a la hora de perseguir a objetores y desertores, tanto Rusia como Ucrania hallan más semejanzas que diferencias. "Necesitan protección y asilo inmediatos", afirma una alianza conformada por más de sesenta organizaciones civiles de una veintena de países.

En un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, esta red de entidades pacifistas, antimilitaristas y defensoras de los derechos humanos han pedido a los gobiernos del viejo continente que concedan protección urgente a los objetores de conciencia y desertores rusos y bielorrusos.

Del mismo modo, advierten que si bien "cada ciudadano registrado en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022 recibe actualmente la residencia humanitaria en la Unión Europea" –lo cual califican como "alentador"–, se preguntan "qué pasará con los objetores de conciencia ucranianos cuando esta disposición expire".

"Los países europeos deberían acoger a estas personas que huyen de la guerra sin trámites burocráticos y concederles un derecho de estancia permanente", reivindica la campaña lanzada por estas organizaciones, entre las que se encuentra la Internacional de Resistentes a la Guerra, el Movimiento Internacional de Reconciliación (IFOR, por sus siglas en inglés), la Oficina Europea de Objeción de Conciencia y la entidad alemana Connection E.V.

 "Nuestro objetivo es garantizar que los objetores de conciencia y los desertores de los Estados implicados en la guerra de Ucrania reciban protección y asilo inmediatos", señalan en la carta dirigida a los parlamentarios. 

Más de 5.000 procedimientos

El pasado 24 de febrero, nada más estallar la guerra, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció el reclutamiento obligatorio para todos los hombres de entre 18 y 60 años de edad. 

Según datos del Movimiento Pacifista de Ucrania, actualmente existen alrededor de 5.000 procedimientos legales contra antimilitaristas y desertores de ese país. La evasión del reclutamiento militar se castiga con penas de prisión de entre tres y cinco años de cárcel. En ese contexto, se estima que unos 3.000 hombres ucranianos han solicitado asilo en Moldavia.​

En la iniciativa dirigida al Parlamento Europeo, las organizaciones firmantes advierten también que "entre las 300.000 personas que han abandonado Rusia recientemente" a causa de la situación bélica existen "muchos hombres que buscan seguridad en el extranjero para evitar ser enviados a la guerra". Asimismo, "en los últimos meses unos 20.000 hombres de Bielorrusia han abandonado el país para evitar el reclutamiento".

Esta situación ha sido expuesta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la organización neerlandesa IFOR, que ha transmitido el llamamiento a la comunidad internacional "para que les proporcione asilo".

"La libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho inderogable y, al igual que la libertad de expresión, sigue siendo aplicable en situaciones de conflicto armado. El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar debe estar absolutamente protegido y no puede ser restringido", afirma IFOR.

Petición al Gobierno español

En España, un manifiesto lanzado por la iniciativa "Insumisión a las Guerras" y respaldado por más de 3.000 activistas de distintos ámbitos advierte que el Gobierno ucraniano ha convertido en "clandestinos a miles de jóvenes y adultos que se niegan a combatir y a los que las bandas paramilitares detienen en controles de carretera y a la salida de las ciudades".

Del mismo modo, denuncian que el Gobierno ruso "engaña y coacciona a los soldados para que no abandonen las filas de su armada". En ese contexto, los firmantes señalan que la Unión Europea "niega asilo político a los desertores de ambos bandos". 

Por tales motivos, exigen que la UE y el Gobierno de España en particular "acepten las peticiones de asilo de quienes desertan de la guerra o huyen del reclutamiento obligatorio, de acuerdo al derecho universal a la objeción de conciencia". "Matar en una guerra –añaden– no es un deber cívico".