El Ministerio del Interior bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska ha aprobado en cuatro meses una docena de traslados para presos de ETA y dos para miembros del GRAPO dentro de su nueva política de acercamientos "aislados" para aquellos internos por delitos de terrorismo que acepten la legislación penitenciaria.

El primer traslado se comunicó por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que encabeza Ángel Luis Ortiz, el pasado 13 de septiembre, cuando se autorizó que Kepa Arronategi pasara de la cárcel de Almería a la de Zuera (Zaragoza). Este etarra fue condenado a más de 158 años por, entre otros delitos, participar en el intento de asesinato del Rey Juan Carlos en el Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997, en el que falleció asesinado un ertzaina.

El 13 de septiembre también se dio luz verde al acercamiento de Marta Igarriz, que cumple una pena de 15 años de prisión por colaborar con un comando de la banda armada.

Ese mismo día, antes de informar de los primeros traslados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con asociaciones de víctimas del terrorismo para reiterarles su compromiso de que serían informados previamente sobre los acercamientos "puntuales" de aquellos presos de ETA que no tengan delitos de sangre y, además, cuenten con la mayor parte de la condena ya cumplida, "salvo excepciones".

En su comparecencia del 29 de agosto en el Congreso, Marlaska explicó que estos acercamientos serían generalizados y criticó al PP por "inyectar odio" utilizando la política penitenciaria como arma política. También recordó que en verano se autorizó el traslado a Basauri (Vizcaya) de Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.

En esa comparecencia, Marlaska recordó que 203 de los 233 etarras en cárceles españolas cumplen condena actualmente en primer grado, el régimen cerrado y más estricto de la legislación penitenciaria. El titular del Interior también diferenció entre acercamientos —algo que decide Instituciones Penitenciarias de acuerdo a los informes de las juntas de tratamientos— y los beneficios penitenciarios a través de la progresión de grado, que abren la puerta a las excarcelaciones.

El último acercamiento

El último de los acercamientos al País Vasco se ha aprobado este 10 de diciembre con el traslado a Soria, Daroca y Logroño de Iñaki Beaumont Echeverría, Jon López Gómez y Sabin Mendizábal Plazaola, respectivamente. Son presos que han cumplido tres cuartas partes de la condena y que, según Interior, aceptan la legalidad penitenciaria. En los tres casos se justifica por la vinculación familiar.

Entre tanto, el 10 de octubre se adoptó la misma medida en beneficio de Jagoba Codo Callejo, quien reconoció en mayo de 2003 en la Audiencia Nacional su pertenencia al comando Nafarroa de ETA entre 1993 y 1994, donde se integró para realizar "labores de apoyo". Ha cumplido tres cuartas partes de condena y tiene desde 2017 concedido el segundo grado.

El 29 de octubre fue el turno de Jesús María Gómez Ezquerro, que hasta entonces cumplía condena por delitos de terrorismo en la prisión de Teixeiro, en A Coruña. La Junta de Tratamiento aprobó su traslado a un centro próximo al País Vasco atendiendo a su vinculación familiar. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en abril de 2019.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dispuso además la progresión a tercer grado de Aitor Bores Gutiérrez, que ingresó en prisión el 24 de marzo de 1998 y cumple una condena de 30 años por atentados, robos, depósito de armas, asesinatos y banda armada en el Centro Penitenciario de Álava.

Fernando Alonso Abad y Emilio Salaberria Etxebeste fueron trasladados el 13 de noviembre. El primero, relacionado con Idoia López Riaño, alias 'La Tigresa' —también excarcelada en junio de 2017 tras cumplir su condena—, formó parte del entramado de Egin y el segundo integró el 'complejo Donosti' que mató al concejal Juan Priede (PSOE). Interior también destacó que habían cumplido la legalidad penitenciaria.

También se han acercado a terroristas del GRAPO

El 26 de noviembre se aprobó el mayor traslado para cuatro presos de ETA y dos del GRAPO. Fue el caso del etarra Mikel Orbegordo Echarri, que pasó del centro penitenciario de Badajoz al de Valladolid. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en septiembre de 2015 e Interior informó de que ha aceptado la legalidad penitenciaria y renunciado al uso de la violencia.

También hizo lo mismo con Francisco Javier Chimeno, que ingresó en prisión en el año 2000 y cumple 30 años por intentos de asesinato y tenencia de explosivos. Pasó de Alicante a Burgos tras aceptar la legalidad penitenciaria y reconocer el daño causado, la importancia de resarcir a las víctimas y comprometerse a no volver a utilizar la violencia, según Prisiones. Los otros dos etarras acercados fueron Igor González Sola y Jorge Fraile Iturralde.

Entre los dos GRAPO acercados figura Fernando Silva Sande, quien colabora con los investigadores ofreciendo pistas sobre el lugar donde se encuentra el cadáver del empresario aragonés Publio Cordón. Fue acercado a Teixeiro (A Coruña). Ingresó el 6 de octubre de 2005 y cumple una condena de 30 años por asesinatos, homicidios, atentados, robos, detención ilegal y estragos. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en enero de 2021.