Paulo Abrão Pires, secretario nacional de Justicia de Brasil intervino en el I Congreso de Justicia Universal del siglo XXI que se celebra en Madrid en una ponencia centrada en la jurisdicción universal frente a la impunidad. Doctor en Derecho, especialista en derechos humanos y en procesos democráticos, Abrão defiende la superación del Estado nación decimonónico para así crear un derecho transnacional y grandes espacios libres de violaciones de derechos humanos.

¿Cuáles son las necesidades reales de la jurisdicción universal? ¿Qué actualización necesita?

Yo creo que el principal desafío está en su extensión, en su adhesión como un principio de justicia por las jurisdicciones de otros países para que se creen efectivamente zonas libres de graves violaciones de derechos humanos. En el ámbito económico se trabaja mucho con la idea de crear espacios libres de lavado de dinero, libre de delitos, ¿por qué no también libre de las más graves violaciones contra los derechos humanos? Y eso sólo es posible por medio del mecanismo de la jurisdicción universal. Esto para mí sería el horizonte óptimo de la idea de la lucha contra la impunidad y sobre los crímenes de lesa humanidad.

¿Cómo define la situación de la jurisdicción universal?

En este instante vivimos un momento de establecimiento de límites. Los críticos de la jurisdicción universal están ganando espacio en la opinión pública y, en un momento de crisis del mercado financiero internacional, las presiones económicas y, en consecuencia, las presiones políticas y diplomáticas que llevan a cabo estos intereses económicos, pasan a obstaculizar el ejercicio de la jurisdicción universal.

Estos espacios que amplían los oponentes a la idea de la implantación de una jurisdicción universal, ¿cree que tienen detrás un ‘think tank' o es algo que ocurre en cada país de forma autónoma?

Es difícil decirlo. Tenemos que tener claro que el principio de jurisdicción universal va en contra de un pensamiento más tradicional, que es la idea de la supremacía de la soberanía nacional sobre los demás aspectos de la política. Y esta no es una superación sencilla. Porque, de facto, hay que enfrentarse a los argumentos comunes de seguridad jurídica que fueron muy importantes a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero que están desfasados para afrontar la complejidad actual del mundo y de la sociedad.

Yo creo que después de Auschwitz, tenemos que repensar toda nuestra sociedad. Y este proyecto político fue implementado por una generación que vivió las consecuencias de la II Guerra Mundial. Después vino una nueva generación de políticos que no estuvieron tan involucrados en esta tarea histórica y volvieron a trabajar desde una perspectiva del Estado-nación y de la soberanía. Es preciso recordar que la propia idea de un espacio comunitario y de integración como es la Unión Europea es resultado directo del trauma del genocidio. Cuando las sociedades intentan integrarse  y se disputan unas con las otras para afirmar sus vocaciones nacionales, pueden incurrir en discursos nacionalistas y étnicos que  acarrean riesgos de una hegemonización social y desechan la pluralidad y la diversidad.

Construir una sociedad que consiga compartir principios comunes, valores comunes, derechos que puedan ser considerados universales, es algo muy importante para el futuro de la jurisdicción universal.

¿El fenómeno nacionalista es un factor de riesgo de la jurisdicción universal por lo que conlleva de etnicidad?

Es un riesgo porque es contrario a la idea del reconocimiento recíproco entre toda la humanidad. Y la jurisdicción universal se basa en la idea de que la violación de derechos es algo que afecta a cada uno de nosotros, ocurra donde ocurra. Por tanto, trabaja con principios que están por encima de los nacionalismos. Pero es preciso encontrar un equilibrio porque no es posible ignorar todos los daños históricos en los que el Estado soberano ha incurrido en la formación del Derecho moderno. El desafío actual está en conseguir trasladar esta razón protectiva de los derechos, que el Estado nacional garantizó por muchos años, a una perspectiva un poco más amplia. Porque la realidad es que la sociedad está hoy mucho más integrada y el Estado-nación no es capaz desde una perspectiva solidaria de proteger los derechos de las personas.

Si la idea fundadora del Estado-nación era la protección de los derechos individuales de la persona, es necesario crear una conciencia de que esta protección hoy necesita de nuevos estándares, especialmente en el ámbito jurídico. Y estos estándares son, necesariamente, transnacionales. Para conseguir que eso ocurra es necesario superar algunas perspectivas más tradicionales de la soberanía.