El abogado de la infanta arrolla a la figura de la acción popular: estamos ante “la pesadilla” de los procesalistas
"Una de las peores pesadillas"
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PALMA.- Nada más tomar la palabra, Jesús María Silva Rodríguez, abogado de Cristina de Borbón, ha conseguido este lunes poner contra las cuerdas la misma figura de la acusación popular con el fin de exonerar a la infanta del juicio del caso Nóos.
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El abogado ha recurrido a los especialistas más respetados en Derecho, en un intento de apabullar a las magistradas del tribunal que juzga el caso Nóos y a los juristas presentes en la vista oral. Y, posteriormente, se ha anclado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para pedir la nulidad del procesamiento de Cristina de Borbón.
"Una de las peores pesadillas"
La acción popular –que ejerce Manos Limpias- actúa en solitario frente a la infanta, para la que pide 8 años de cárcel como supuesta cómplice de dos delitos fiscales cometidos junto a su marido, Iñaki Urdangarín. Ahora bien, ni el ministerio fiscal ni la abogacía del Estado –que representa a la Hacienda Pública- acusan a Cristina de Borbón.
Pescozones y collejas
Tras la estrategia de dejar caer nombres de grandes juristas y de repartir pescozones y collejas –no comprende “el activismo del profesor Enrique Gimbernat” y su paradójico apoyo a Manos Limpias desde sus artículos-, el abogado de la infanta ha entrado a matar la figura de la acción popular.
“¿Pedimos la aplicación de la 'doctrina Botin'? Pues no. Esa es una afirmación que no se compadece con la realidad”, ha continuado el abogado, en tono desafiante.
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“Es curioso que esta sentencia tan clara y determinante del pleno de la Sala de lo Penal se obvie en este debate”, ha apostillado el abogado mientras aclaraba que se refería al debate suscitado en los medios de comunicación, donde se han cometido “auténticas injurias” contra magistrados del Supremo.
Otra cuestión: los delitos cometidos en Valencia
Previamente, los abogados de los acusados por supuestos delitos cometidos en Valencia han cuestionado la legitimidad del tribunal desde el punto de vista territorial y han pedido que sean juzgado por la Audiencia valenciana.