La onda expansiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras sigue impactando de lleno en la política española. 

Este lunes se ha conocido el informe de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras: pide al Supremo que excarcele al líder de ERC para que tome posesión como eurodiputado y ejerza como tal hasta que el Parlamento Europeo acepte suspender su inmunidad en aplicación de la sentencia del 'procés' y que la Junta Electoral Central declare la incompatibilidad del líder de ERC o su sustitución por otro representante de la candidatura electoral republicana.

A diferencia de lo que pedía ERC al Gobierno en funciones, la Abogacía no defiende que Junqueras quede en libertad, sino que salga de prisión “con las medidas de aseguramiento previstas” que establezca el alto tribunal para ejercer como eurodiputado.

Al mismo tiempo, insta al alto tribunal a que tramite el levantamiento de la inmunidad del líder de ERC ante el Parlamento Europeo "a la mayor brevedad posible".

El informe de los servicios jurídicos del Estado descarta que la sentencia del 'procés' que condenó a Junqueras a 13 años de prisión e inhabilitación sea nula por no habérsele permitido tomar posesión del escaño cuando se encontraba en prisión provisional.

La sentencia de 14 de octubre de 2019 se ha dictado, asegura el informe, "con estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal y en nada ha impedido u obstaculizado la inmunidad declarada por la sentencia del TJUE".

Recuerda que la condena de Junqueras es firme y que su ejecución es una manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

La "efectividad de ese derecho", junto con el "aseguramiento del cumplimiento de la misión que justifican las inmunidades" de los europarlamentarios electos "deberá servir de guía para aplicar las medidas que se puedan considerar más adecuadas para garantizar que la libertad de movimientos que en su caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas, no pueda dar lugar a la fuga del penado y a la correspondiente frustración del derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias".

El informe está firmado por la abogada del Estado que llevó la acusación del 'procés', Rosa Seoana. En él, también se afirma que “cabría permitir” el desplazamiento de Junqueras tanto a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios.

La Abogacía opina que es el alto tribunal el que debe decidir la forma en la que Junqueras desempeñe su función representativa en tanto mantenga el estatus de diputado europeo.

Presiones

El partido ERC condicionó su apoyo a una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a conocer previamente el informe de la Abogacía del Estado. El acceso a esta información final ha desatado la polémica, como también las presiones previas y el debate interno suscitado en este cuerpo jurídico

La propia Asociación de Abogados del Estado emitió este domingo un comunicado en el que rechaza “cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones" de estos letrados del Estado que sólo se someten a "criterios técnico-jurídicos".

En junio, favorable a que tomara posesión

En junio, la Abogacía se mostró favorable a que Junqueras pudiera salir de prisión para recoger su acta de europarlamentario, chocando de nuevo con la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo. La misma que tardó escasas horas en responder al TJUE, afirmando que su resolución no debe suponer la liberación del líder de ERC. 

A lo largo de todo el juicio -e incluso este mismo lunes, en su respuesta a los incidentes de nulidad de las defensas de los condenados-, el Ministerio Público mantiene que los líderes del procés cometieron un delito de rebelión, arremetiendo contra las posiciones de la Abogacía que reclamó condenar por sedición.

Donde si coincidieron la Fiscalía y la Abogacía es en el rechazo a consultar al TJUE sobre el alcance de la inmunidad. Seoane, en línea con los cuatro fiscales de Sala que han llevado el juicio en el Supremo, entendió que los derechos como eurodiputado "no se adquieren" hasta la primera sesión de la legislatura en el Parlamento Europeo.

El TJUE dictaminó que el líder de ERC debería haber sido reconocido como eurodiputado nada más ser elegido y gozar de inmunidad desde el mismo momento en que la Junta Electoral Central (JEC) proclamó los resultados de las elecciones del 26-M. Esto ocurrió el 13 de junio, justo cuando terminó el juicio del 'procés', por lo que debería haber podido asistir a la sesión constitutiva de la Eurocámara, el 2 de julio, en Estrasburgo.

La inmunidad, sentencia el TJUE, implica "el levantamiento de cualquier medida de prisión provisional que le haya sido impuesta antes de ser proclamado electo, con el fin de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo y participar en la sesión constitutiva".

El Supremo, que planteó esta cuestión prejudicial ante el TJUE, había rechazado concederle un permiso extraordinario y enviar un suplicatorio al Parlamento Europeo para suspender una posible inmunidad. Ahora, es el alto tribunal el que tiene que  "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza" Junqueras, sostuvo el TJUE.

La respuesta, después del 6 de enero

El escrito de la Abogacía era el último de las acusaciones que estaba pendiente de ser presentado ante el Supremo, que dio cinco días hábiles para cumplimentar este trámite antes de decidir sobre la inmunidad de Junqueras.

Sólo dos horas después de que se conociera el fallo del TJUE, la Sala que preside Manuel Marchena concedió a las partes un plazo de cinco días hábiles para presentar informes sobre cómo debe interpretarse la resolución del tribunal europeo, en un comunicado en el que apenas explicó que estudiaría "en profundidad" la sentencia.

El plazo finaliza el próximo 2 de enero, debido a las fiestas navideñas, con un margen hasta el día 3 a las 15 horas para los procuradores. Será después del 6 de enero cuando el Supremo adopte su decisión final sobre si anula o no la sentencia del 'procés', si Junqueras puede ser excarcelado, ejercer como europarlamentario y si solicitará el suplicatorio.