800 días después, el Parlamento debate la ley que busca aliviar el calor en los colegios de Andalucía

El próximo miércoles se producirá en el Parlamento de Andalucía el debate final de la Ley de Bioclimatización de los centros educativos y será previsiblemente aprobada por unanimidad, según recabó Público en fuentes parlamentarias.

Esta norma, que en el mejor de los casos, permitirá que todos los colegios andaluces –unos 7.000– puedan ser climatizados para soportar las temperaturas extremas, tiene una carga política, simbólica de cierta relevancia porque, por un lado, ha tenido hasta ahora una accidentada tramitación y porque, por otro, fue una de las banderas de oposición de Podemos, hoy Adelante Andalucía, y del resto de formaciones políticas al Gobierno del PSOE de Susana Díaz en la pasada legislatura.

Todos los partidos, incluido Ciudadanos, el socio de los socialistas en la pasada legislatura, se unieron entonces en torno a esta norma y aprobaron su tramitación, en contra del criterio del Gobierno de entonces, que decidió afrontar los problemas derivados del calor en las aulas, mediante un plan progresivo de climatización y no con una ley, más garantista, en términos jurídicos, como le reclamaban todos los demás.

La norma, cuyo objetivo declarado es que "no existan nunca más temperaturas insostenibles e incompatibles con el desarrollo formativo y la impartición de clases", no llegó a entrar en vigor porque la legislatura terminó antes de tiempo, después de que Díaz optase por adelantar las elecciones al 2 de diciembre de 2018.

Adelante Andalucía retomó en el arranque de esta legislatura la tramitación y recuperó el texto en el exacto punto en que había quedado en la pasada. Sobre esa base, según el portavoz adjunto de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, se abrió "un proceso de negociación" en el que han ido de la mano de la plataforma Escuelas de Calor, de las ampas de Andalucía, además de los sindicatos, y de las organizaciones de consumidores, ecologistas y de estudiantes.

Ahora, tras superar todos los trámites parlamentarios, llega a Pleno para su aprobación definitiva. Todos los partidos estudian darle un sí. Po un lado, el PSOE, una vez fuera del Ejecutivo busca tender alianzas y puentes a su izquierda. Por otro, PP y Ciudadanos, que hoy forman el Gobierno andaluz, tienen un compromiso con raíces con esta ley, además de que Adelante les ha hecho alguna concesión para que pudieran asumirla sin mayores problemas. Y Vox ya votó a favor del dictamen en la comisión de Educación. 

800 son los días que calcula José Ignacio García que les ha costado llegar hasta aquí. "Ha sido una odisea. Y si sale, es por la presión de escuelas de calor, sin duda. Son ellas las madres de la Ley", afirma a Público el diputado. 

El origen de esta ley está en los meses previos al verano de 2017, que fue muy caluroso. La plataforma de Escuelas de Calor, y las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros educativos de la comunidad se movilizaron entonces con fuerza.

"Estas madres y padres se dieron cuenta de que se estaban viviendo temperaturas muy altas en verano y muy bajas en invierno, vieron que había que poner una solución, se movilizaron y plantearon alternativas", resume García. En el sistema educativo público existe un "tejido asociativo muy potente" que, "protege los derechos", agregó el diputado.

Adelante considera que con la norma se crea un nuevo derecho: el derecho a que existan condiciones térmicas y ambientales dignas en los centros educativos públicos; el derecho al bienestar en las aulas. Los colectivos, sindicatos y cualquier tipo de organización van a tener un instrumento legal del que valerse para evitar que nunca más la Administración mire hacia otro lado, aseguran.

Auditorías energéticas

Sin embargo, para poder aprobarla con los apoyos de la derecha, la coalición de izquierdas y andalucista, ha hecho ciertas concesiones respecto del proyecto original. Así, Adelante decidió apostar por sacar la ley para tener de este modo un plan definido, que no dependa de la voluntad política de los gobiernos, sino que los obligue a actuar

En lo concreto, Adelante ha cedido en la externalización de las auditorías energéticas. La aspiración era lograr que todas ellas, que buscan valorar el estado en el que se encuentran todos los centros docentes públicos de Andalucía, fuesen realizadas por la propia Junta. Sin embargo, finalmente la Consejería de Educación podrá licitarlas.

También Adelante ha renunciado a la figura del coordinador medioambiental, que desaparece de la norma. Y se permite también que la Junta haga mejoras en centros privados y concertados, no solo en los públicos.

A pesar de ello, la ley, en opinión de García, es "una gran conquista" que "garantiza el derecho al bienestar climático en las aulas, a no pasar en ellas ni calor en verano ni frío en invierno".

La norma prevé un plan para todos los centros docentes públicos de la Junta de Andalucía, que se dividen en dos tipos: los de actuación prioritaria, en los que debe haber en 18 meses una auditoría energética completada, y los de actuación no prioritaria, en los que el plazo para la auditoría se amplía a 6 años.

La norma "cuenta con fuentes de financiación claras", según Adelante. Para el desarrollo de las actuaciones previstas en la ley se recurrirán preferentemente a fondos europeos y transferencias finalistas del Estado. Si estos fondos no llegan, la Junta de Andalucía debe asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ley con fondos propios, explica la coalición de izquierdas y andalucista.