SEVILLA.- 11 de octubre de 1975. 40 días antes de la muerte del dictador, un joven militante a del PCML-FRAP, Ángel González García, es detenido en el Talgo de Lyon a Barcelona con falsa identidad. Tenía solo 21 años. “Iba a una de tantas reuniones clandestinas que tenía con la jefatura de mi partido en Francia y cogí aquel tren para no cruzar la frontera andando por el cambio de vía. Era lo más seguro”, aclara a Público. Ángel tendría que marcharse de Valencia con 19 años al ser perseguido por la temida Brigada Político Social. Estudiaba la carrera de arquitectura en la Universidad Politécnica. Dos años después, miembros de la BPS ordenaron su detención en Barcelona.

Palizas, cárcel e “intentos de “paseíllo”

“Nunca imaginé a lo que me iba a enfrentar”, sentencia antes de narrar lo ocurrido en su detención. Sería trasladado a los sótanos de la comisaría de Vía Laietana e interrogado hasta la extenuación. “Querían que firmara una orden de culpabilidad por la muerte violenta de un policía en Barcelona pero no tenían ninguna prueba concreta y sabía que firmarla podía significar mi muerte segura en un Consejo de Guerra”. Aquel escenario de tortura y dolor nunca se borraría de la mente de Ángel, que estaría recluido 729 días, en la cárcel Modelo de Barcelona. Sin derecho a juicio. Los 11 días antes de la reclusión, las brutales palizas y los fingidos intentos de paseíllo en el campo de la Bota (Barcelona) lo llevaron a una situación límite.

Ahora Ángel tiene 63 años y ha conseguido conmutar aquellos días de silencio por dos años de jubilación en su vida laboral

Ahora Ángel tiene 63 años y ha conseguido conmutar aquellos días de silencio por dos años de jubilación en su vida laboral. “Cuando salí de la cárcel con 23 años, el 19 de octubre de 1977, decidí volver al día siguiente para pedirle al director de la cárcel un certificado. Muchos me decían que estaba loco pero yo quería acreditar mi estancia y a regañadientes me lo tuvo que dar”.

Una ley necesaria pero desconocida

A pocos años de obtener su jubilación y en un acto por la República en el cementerio de Valencia, el pasado 14 de abril, González logró conocer una noticia que aliviaría algo, aunque fuera mínimo, aquella lejana etapa. “Estábamos muchos integrantes de la memoria que nos reunimos en esta fecha cuando una mujer me comentó la idea de pedir al Instituto de la Seguridad Social de Valencia la posibilidad de traducir aquel tiempo de reclusión en una posible cotización al Estado”. Diez días más tarde, incrédulo con la noticia, Ángel se presentó en el Instituto de la Seguridad Social. “La chica fue muy amable pero no veía la manera de ayudarme”. Tanto Ángel como la funcionaria desconocían la ley 18/1984, del 8 de junio, sobre “reconocimiento como años trabajados, a efectos de la Seguridad Social, de los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía”.

Ángel saldría cuatro días más tarde de su promulgación y reconoce que consiguió enterarse con mucha dificultad de “sus derechos” 39 años después.

Ángel saldría cuatro días más tarde de su promulgación y reconoce que consiguió enterarse con mucha dificultad de “sus derechos” 39 años después. Tampoco tenía muy claro que el Estado Español le reconociera tal efecto. “Los empleados de la oficina de Trabajo me dijeron que tenía que dejar mi certificado carcelario, algo que muchos compañeros no conservan, a día de hoy, por el miedo a tramitarlo en aquellos días”.

“Los afectados por esta situación podrían iniciar un procedimiento administrativo ante las oficinas de la Seguridad para aplicar esta ley”, afirma a Público el abogado memorialista Eduardo Ranz, quien ha resaltado que, entre la documentación necesaria, habría que aportar “un informe de vida laboral, un informe de penales y algún documento que acredite el tiempo de reclusión” para comenzar los trámites.

El certificado de aprobación de la Seguridad Social

La respuesta afirmativa le llegaría a Ángel, por sorpresa, a principios del mes de octubre. El certificado de la Dirección Provincial de Valencia de la Seguridad Social acredita que Ángel González “permaneció 729 días en prisión durante el periodo 22/10/1975 al 19/10/1977”. La administración reconocía “estos períodos como parte del seguro al Régimen General de la Seguridad Social”.

González ha sentido “un cierto alivio” al ver reflejado aquellos días en su vida laboral. “Como no se sabe qué pasará con este país, al menos con dos años más tendré para una jubilación si llega a los 67”, bromea.

Del interrogatorio de ayer, para la causa de la querella argentina, solo espera que se pueda dictar exhorto por parte de la jueza Servini a aquellos culpables, hoy anónimos, de las salvajes palizas. “Sé que es muy muy difícil pero por intentarlo no me voy a quedar callado. Es una vergüenza pensar que somos el único país democrático que no fue capaz de depurar los cargos púbicos tras la dictadura”. Sus agresores fueron posteriormente policías del sistema democrático, sin sanción alguna. “Es una huella demasiado fuerte y que resulta imborrable en esta sociedad”, concluye Ángel.