7 de abril de 1948: cuando el franquismo se olvidó de dar la guerra por acabada

La guerra civil española acabo tres veces. O cuatro, o incluso hasta cinco, según se mire. O quizás fueran tres con uno de esos finales de efectos retroactivo y diferido al mismo tiempo. Este viernes, 7 de abril, se cumplen 75 años de la emisión del decreto que supuso el segundo de esos cierres, aunque la resolución, que resolvía un litigio de dos años antes, tardaría nueve días en ser oficializada mediante su publicación en el BOE.

El primer final de la guerra civil española es el del 1 de abril de 1939, cuando el cuartel general de los sublevados emite por radio el parte que aseguraba que "la guerra la terminado". Sin embargo, no se trataba de una resolución oficial sino de un mensaje oficioso, más parecido a una noticia que a otra cosa, ya que a efectos jurídicos el estado de guerra seguía vigente. 

Se trata de una de las chapuzas fundacionales del franquismo, que en la práctica se había olvidado de dar la guerra por acabada. O quizás no fuera un olvido, visto que el propio Franco llegó a asegurar en un discurso pronunciado el 1 de octubre de 1946 que "llevamos diez años en guerra" y que para entonces el régimen valoraba la idea de aplicar esa situación a las zonas Teruel, Tarragona, Castellón, Valencia y también Cuenca en las que operaba el maquis.

"La existencia del maquis justificaba mantener un estado de guerra que amparaba el desarrollo de medidas de represión", explica Irene Abad, profesora de Historia de la Universidad de Zaragoza, quien anota cómo "cuanto más se alargaba el estado de guerra más se justificaba el mantenimiento de las medidas de represión después de acabada la contienda".

¿Y qué significaba que ese estado de guerra estuviera o no vigente? "Permitía utilizar armamento militar, como morteros y artillería, y los fusilamientos en el momento, aunque la convención de Ginebra prohibía a partir de 1945 esas muertas cuando había una rendición con bandera blanca", señala Ramiro Domínguez, licenciado en Humanidades y estudioso del maquis, que añade que la combinación de esas medidas con la Ley de Fugas, vigente de 1946 a 1959, fue utilizada por la dictadura "para sacar información a los masoveros (habitantes de masías) a base de torturas y con la amenaza de que si no hablaban podían morir tiroteados".

"No estaba ni puede estar vigente"

El 7 de abril de 1948, la Presidencia del Gobierno franquista emite un peculiar decreto por el que oficialmente se establece que el estado de guerra, declarado en julio de 1936 por los distintos generales de división en los territorios en los que se iban sublevando, había dejado de estar vigente en España.

El decreto, que tiene, en términos jurídicos, su miga, resuelve el peloteo entre un juzgado militar de la zona aérea de Marruecos, en aquella época ocupado por España, y otro civil de Primera Instancia e Instrucción de Tetuán, cada uno de los cuales reclamaba para sí, aunque por motivos contradictorios, una causa en la que estaban siendo investigados varios soldados y algunos civiles por una serie de robos cometidos en establecimientos de esta última ciudad.

El militar sostenía que debía asumir el caso "por tratarse de delitos cometidos, entre otros, por militares en territorios dónde está declarado el estado de guerra", argumento que avalaba la cúpula militar, mientras que el juez civil sostenía que le correspondía la investigación "por no tratarse de territorios en estado de guerra".

La dictadura optó por darle la razón a este último, ya que "llégase a la conclusión de que en mil novecientos cuarenta y seis no estaba ni puede estar vigente el Estado de Guerra" puesto que "los bandos y disposiciones que (lo) establecieron" en 1936 y 1937 "constituyen disposiciones legales que, conforme al artículo quinto del Código Civil, se derogan por otras posteriores, y que todas aquellas de que se ha hecho mérito modifican el contenido de los bandos de modo general y terminante".

El decreto considera "inaceptable" plantear que esa situación bélica se hubiera mantenido oficialmente, ya que "desde que terminó la Guerra de Liberación en primero de abril de 1939" el franquismo "ha venido dictando diversas medidas tendentes todas al restablecimiento de un estado de derecho más amplio que el de guerra significa", entre las que destaca una norma de 1940 que ordena "no producir daños ni ocasionar molestias superiores a las indispensables para restablecer el equilibrio jurídico" cuando se trate de presos y detenidos.

La guerra del general Pizarro en Teruel

Sin embargo, y pese a la argumentación de ese decreto, el estado de guerra volvería a ser declarado unos meses después, el 31 de julio de 1947, en la provincia de Teruel, donde permanecería vigente hasta 1954 por orden del general Manuel Pizarro Cenjor, quien desató una brutal represión, también sobre la población civil, desde su puesto de gobernador civil y con el pretexto de combatir al maquis.

"El maquis permitió avalar determinadas violencias que de otra manera no habrían estado justificadas legalmente. Permitía castigar actividades cotidianas que no tenían nada que ver con la colaboración, hasta el punto de que las sospechas de simpatizar con el maquis podían ser una causa de detención y de represión", anota Abad, que recuerda cómo "el estado de guerra avalaba los mecanismos de terror que había puesto en marcha el franquismo. No dejaba de ser un contexto que garantizaba la violencia".

La Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón llegó a contar con 700 guerrilleros

Lo cierto es que el despliegue del maquis, iniciado en 1944 con la fallida invasión de España por el Valle de Aran y trasladado a zonas de montaña tras dos años de errática vida clandestina y fallidos sueños revolucionarios en unas ciudades cuyos habitantes sobrevivían ajenos a sus actividades, "hizo tambalear muchas cosas", especialmente como consecuencia de sus sabotajes a infraestructuras de transporte y de energía, y "generó mucha presión", señala la profesora.

El principal de esos grupos fue el AGLA, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, fundada en 1946 en la cueva del Regajo de Camarena de la Sierra y que llegó a contar con 700 guerrilleros, y más de un millar de miembros si se incluyen los enlaces y apoyos, y cuyas operaciones se extendieron por Teruel, Castellón, Tarragona, Valencia y Cuenca, que fueron las áreas afectadas por la declaración de estado de guerra de Pizarro, explica Domínguez. 

"Quemaron 40.000 hectáreas de monte"

"Pizarro metió a la Guardia Civil en el monte para ir a por los enlaces del maquis, a quienes les pasaban información y les suministraban comida, lo fueran o no lo fueran", señala Domínguez, en un operativo que incluyó el despliegue de tropas militares y somatenes y que incluyó acciones de 'tierra quemada': "quemaron 40.000 hectáreas de monte" en el asalto a un campamento del maquis en La Cenollera, en el ataque al Pinar Ciego en Mosqueruela y en otro en Cerro Moreno. "Fue una animalada", dice.

La guerrilla fue perdiendo líderes y mandos como consecuencia de esa presión. Ángel Fuertes, alias 'El maestro de Agüero', caía en un tiroteo con la Guardia Civil en mayo de 1948. Ese mismo año caía Valentín en su primera escaramuza en la sierra turolense. Al siguiente caían en Santa Cruz de Moyá, una localidad conquense situada en la raya con Valencia y Teruel, once de los doce mandos recién llegados de Francia para reorganizar la guerrilla en un asalto en el que intervinieron un millar de efectivos entre guardias civiles, militares y somatenes.

"La guerrilla estaba muy tocada, y en 1951 el PCE da la orden de evacuar y se van 27 líderes. Para entonces sólo quedaban prácticamente varios maquis autónomos como Francisco Serrano Iranzo, alias 'El Pitarquino', y Florencio Pla Messeguer, 'La Pastora'", explica Domínguez, que recuerda cómo "entonces el estado de guerra se reduce a la Guardia Civil, que podía utilizar armamento militar".

El Pitarquino moriría el 2 de agosto de 1954 tras un tiroteo en la Masía Els Requers, mientras que La Pastora, el misterioso guerrillero hermafrodita, logró huir a Andorra, donde se dedicó al contrabando de tabaco hasta que otro matutero le denunció en 1960. Tras entregarlo las autoridades andorranas permaneció encarcelado en España hasta 1977."Se puede decir que en Teruel, Castellón, Tarragona y Cuenca hubo guerra de 1936 a 1939 y de 1947 a 1954", indica Domínguez.