La crisis institucional abierta por el Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy al rechazar someterse al control del Congreso de los Diputados y del Senado tiene paralizadas miles e iniciativas de los parlamentarios de ambas cámaras, fundamentalmente preguntas dirigidas al Ejecutivo para su respuesta por escrito.

Al margen de la tensión generada entre los poderes ejecutivo y legislativo, que puede acabar en la mesa del Tribunal Constitucional, esta situación sin precedentes desde la entrada en vigor de la Carta Magna en 1978 tiene paralizada una parte significativa de la actividad cotidiana de los diputados y senadores en su tarea de control al Ejecutivo.

En estos momentos, 3.415 preguntas de diputados y senadores han sido registradas y calificadas por las Mesas de ambas cámaras – es decir, consideradas pertinentes – hasta el pasado martes día 15. Ninguna de ellas obtendrá la respuesta por escrito del Gobierno de Rajoy, tal como establecen los reglamentos de las dos instituciones.

Este es uno de los mecanismos más habituales que emplean los parlamentarios para exigir explicaciones a los diferentes departamentos ministeriales sobre aspectos muy concretos de su gestión, generalmente relacionada con las respectivas circunscripciones de los diputados y de los senadores.

En ocasiones, las respuestas aportan numerosa documentación que solo está en poder de los ministerios. En los gabinetes de los diferentes ministros existe un departamento dedicado prácticamente en exclusiva a canalizar este tipo de peticiones de los parlamentarios.

Fuentes de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes reconocieron a Público que esas miles de preguntas no recibirán contestación por parte del actual Gobierno en funciones. El reglamento de ambas cámaras establece que pasados 20 días hábiles sin recibir la contestación el parlamentario tiene derecho a convertir sus preguntas en interpelaciones orales en la comisión parlamentaria correspondiente al departamento ministerial a la que se dirige. Las mismas fuentes reconocieron que esta posibilidad “no se va a producir a lo largo del actual ínterin político”.

Aparte de las preguntas parlamentarias para su contestación por escrito hay otras iniciativas planteadas por sus señorías en ambas cámaras que se encuentran paralizadas. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados hay registradas, y calificadas por la Mesa de la cámara, 46 solicitudes de informes de diversos grupos parlamentarios dirigidos a los más variados organismos del Gobierno, desde ministerios hasta entes públicos. Para estas peticiones también se aplica la callada como respuesta.

Todas ellas tendrán la misma respuesta que el pasado jueves con el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, ante la comisión homónima: la silla vacía ante el cartel que pone “Gobierno”

En el Senado, doce senadores han formalizado otras tantas preguntas orales a ministros para ser contestadas en comisión. Con la actitud del Ejecutivo de Rajoy jamás serán contestadas. En el Congreso hay registradas una treintena de comparecencias de ministros y altos cargos de la administración. Todas ellas tendrán la misma respuesta que el pasado jueves con el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, ante la comisión homónima: la silla vacía ante el cartel que pone “Gobierno”.

Pero, además, la actividad parlamentaria habitual se ve menoscabada también en otros aspectos por la actitud obstruccionista del Gobierno de Rajoy. Así, en el Congreso hay planteadas un total de 17 proposiciones de ley por parte de varios grupos parlamentarios que observan con perplejidad cómo el Ejecutivo se resiste a emitir los preceptivos informes en los que debe explicar si las iniciativas suponen un incremento del gasto presupuestado u obligan a incumplir la vigente ley de Gobierno en lo concerniente a su situación de “en funciones”.

Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados han emitido un informe que avalan la capacidad de la Cámara baja para desarrollar su función legislativa y, sobre todo, de control al Gobierno siempre y cuando ésta se limite a la actividad que desarrolla el ejecutivo tras la celebración de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.