El juicio por la acción de cerco del Parlament que el 15-M llevó a cabo el 15 de junio de 2011 para protestar contra la aprovación de los presupuestos de la Generalitat arranca hoy en la Audiencia Nacional. El Parlament y la Generalitat acompañan al sindicato ultraderechista Manos Limpias en el banquillo acusatorio y junto con la fiscalía piden penas de 3 años, 8 años y medio y 5 años y medio de prisión, respectivamente, para 20 manifestantes a los que acusan de un delito contra las instituciones del Estado. No existen precedentes, por lo que si el caso llega al Supremo sentará jurisprudencia. Para la defensa, se trata de un juicio político y lo que está en discusión es el derecho a la protesta. 

El juicio es controvertido y por muchas razones. La primera es que el caso lo juzgue la Audiencia Nacional, cuando se trata de un órgano jurisdiccional especial previsto para situaciones excepcionales y que se ocupa de los delitos de mayor gravedad, como el terrorismo, el narcotráfico o los delitos contra la Corona. Aunque la Audiencia se inhibió en favor de un juzgado de Barcelona a petición de los abogados, el Supremo dictaminó que sí era competente.

La Audiencia, además, se pronunciará por primera vez sobre un artículo del Código Penal, el 498, hasta ahora dormido, que prevé penas de 3 a 5 años de prisión para los que 'emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto'. Juristas consultados lo consideran redactado también para situaciones excepcionales y no para manifestaciones de ciudadanos indignados con sus representantes políticos como la del Parlament, que se han repetido posteriormente, como en el caso de la acción 'Rodea el Congreso' convocada en Madrid el 25 de septiembre de 2012.

Controvertido resulta también el hecho de que el magistrado Eloy Velasco, que instruyó el caso, introdujera en abril de 2013 en el auto con el que ordenó el procesamiento de de los imputados un concepto nuevo, la 'intimidación ambiental', que convierte en graves y delictivos hechos aislados que él mismo consideró constitutivos 'de delitos menores o incluso de faltas' (como insultar, escupir, empujar, arrojar sustancias líquidas a una decena de parlamentarios catalanes, pintar con un spray la gavardina de una más o golpear el vehículo en el que se desplazaba Artur Mas) porque se llevaran a cabo en un contexto de grupo. La fiscalía en su escrito de acusación añadió al delito contra las instituciones del Estado mencionado por Velasco el delito de atentado contra la autoridad y solicitó una pena de cinco años y medio de cárcel para todos los encausados al considerar que provocaron 'un fundador temor en la seguridad de los diputados'. 

Jaume Asens, uno de los abogados de la defensa, considera de 'cariz político' este nuevo concepto y recuerda que Velasco, que estuvo vinculado con el Partido Popular -fue director general de Justicia de la Comunidad Valenciana en los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps-, introdujo la 'intimidación ambiental' coincidiendo con los escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a los diputados del PP. Asens, que equipara la filosofía de la movilización en el Parlament a los escraches, sostiene que los hechos que se juzgan 'son como mucho faltas amparadas por el derecho de protesta'.

La controversia también tiene una dimensió política y es el hecho de que las instituciones catalanas se personaran como acusación particular siguiendo el camino abierto por Manos Limpias, la misma organización que acusó recientemente a Artur Mas de sedición, y en la Audiencia Nacional, un tribunal al que CiU prometía suprimir en su programa electoral.  Una petición online firmada por más de 3.000 personas pidiendo al Parlament que retirara la acusación subraya la incongruencia con el proceso soberanista impulsado por el Gobierno de Mas: juzgar el caso en la Audiencia Nacional equivale a aceptar que el Parlament es una alta institución española.  

Que el Parlament y la Generalitat pidan penas de prisión para ciudadanos que protestaban por sus decisiones en plena agitación social por los recortes sociales es dificil de digerir para muchos ciudadanos. Un testigo propuesto por la defensa recuerda que la acción Aturem el Parlament (que tanto se puedo traducir al castellano como 'Paremos el Parlamento' como 'Paremos al Parlamento') se convocó como una acción pacífica tras el violento desalojo de la acampada en plaza Catalunya y para denunciar la aprovación de los presupuestos. 'Eran claramente los presupuestos más antisociales desde la Transición. La convocatoria tenía un mensaje simbólico; se trataba de confrontar la legitimidad de las plazas con la de los presupuestos que se iban a aprovar', afirma.

La decisión también ha puesto en un aprieto a algunos de los diputados que fueron increpados por los manifestantes y que han de declarar esta semana en el juicio citados por la acusación. Este es el caso de los dos de ICV, Joan Boada y Salvador Milà, que responsabilizan de lo que sucedió al entonces conseller de Interior, Felip Puig, y al dispositivo policial que había de facilitar su entrada a la cámara legislativa. Al final accedieron todos, pero la sesión se retrasó y tuvo que canviarse el orden del día.

El 'no, no nos representan' que atronó en las calles en los primeros meses de la movilización del 15-M y en el que se emmarcó hace cerca de tres años la protesta parece cobrar vigencia con la acusación particular. 'Si representaran el sentir popular, éste no es el de la criminalización de la protesta sino el de criminalización de la corrupción. Nuestros representantes están más preocupados porque les insulten que de lo que la gente opina', subraya Gozalo Boye, abogado de la defensa. 

La plataforma Desobediencia 2014, lanzada hace unos días en Catalunya por un numeroso grupo de colectivos y personas individuales para luchar contra la limitación de derechos y libertades impulsadas por el Gobierno del PP, considera que el juicio es un símbolo de lo que se avecina con la reforma del Código Penal y de la ley de Seguridad Ciudadana. 'Lo que las inspira es lo mismo. Estigmatizar a un grupo de población que el Estado considera enemigos internos, al cual se permite aplicar normas de una forma excepcional y limitar el derecho de manifestación', apunta su portavoz, el abogado Andrés Garcia Berrio. 

La plataforma celebró el sábado en Barcelona su primera manifestación contra las leyes promovidas desde Justicia e Interior junto al grupo de apoyo a los encausados por el cerco del Parlament y también bajo el lema 'Yo también estaba en el Parlament y lo volvería a hacer'. La protesta acabó dispersada por la fuerza por un despliegue policial que bloqueó y militarizó el corazón de la ciudad y sembró el miedo entre los manifestantes.

Costear un juicio de la envergadura del que se abre hoy en la Audiencia Nacional supone muchos gastos y más para veinte jóvenes que no viven cerca de Madrid. Las plataforma #fuiyo que apoya a los manifestantes encausados por la movilización Aturem el Parlament calcula las necesidades en un mínimo de 13.000 euros y un máximo de 19.500 euros, y eso tirando bajo. Esa es la cantidad que busca recolectar con la operación de financiación colectiva que ha puesto en marcha en Goteo y con la que espera dar un respiro, al meno económico, a los encausados.

La 'caja de resistencia' cuenta ya con algo más de 1.600 euros que se han aportado en un par de días gracias a las aportaciones de 42 micromecenas. No es mucho pero quedan todavía 37 y la información se difunde hoy en la red a través de las etiquetas #cajaderesistencia, #encausadesParlament, #jotambeeraalParlament y #desob14. La plataforma apela a la solidaridad de la 'sociedad crítica' y de todos aquellos que creen 'que la situación política no puede continuar así'.

El grueso del presupuesto se destinará a pagar los honorarios de los seis abogados que defienden a los acusados, que ya cobran a un precio inferior al habitual, y a sus gastos de desplazamiento y alojamiento en cada una de las tres sesiones del juicio: esta semana, el 25 de abril y el 5 de mayo.El resto, 2.500 euros, sufragará los viajes a Madrid de los encausados, que se comprometen a desplazarse con el medio de transporte más econòmico a su alcance.