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1-O El Govern insta al fiscal general a leer las leyes: "Un referéndum no es delito"

Jordi Turull reta al presidente del Gobierno a fijar "día, lugar y hora" para abordar con la Generalitat la consulta, y le ha acusado de abordarla sólo con líderes de partidos estatales como Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Cs). 

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Jordi Turull en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. E.P

BARCELONA,

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha instado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a que lea las leyes y ha asegurado que llegará a la misma conclusión que la Generalitat y los soberanistas: "Un referéndum no es delito".

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En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha argumentado que la Ley Orgánica 2/2005 aprobada por las Cortes descartó que la convocatoria de un referéndum sin tener competencias para eso pudiera perseguirse con el Código Penal.

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Esta reforma -que ha colgado en Twitter el conseller de Justicia, Carles Mundó- fue promulgada el 22 de junio de 2005 y tenía un artículo único que suponía derogar los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal.

La exposición de motivos de la reforma argumentaba que impulsar un referéndum o consultas careciendo de competencias para eso "no tiene la suficiente entidad como para merecer el reproche penal y menos aún si la pena que se contempla es la prisión".

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Turull apela a esta ley para defender el referéndum y también esgrime una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 5 de julio de 2011, que avaló que la convocatoria de votaciones de este tipo no pudiera considerarse "un delito".

"Lo primero que le diría al fiscal general del Estado es que se lea las leyes. Si el propósito es convocar un referéndum debería saber que convocar un referéndum no es delito. Alguien quiso que fuera un delito, pero se modificó", ha dicho el portavoz.

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Derechos fundamentales de la UE

Además, ha asegurado que al Govern y al Parlament le asisten la Carta de de los Derechos Fundamentales de la UE con su artículo 49: "Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional".

Turull ha concluido entonces que quien podría incurrir en una ilegalidad serían las instancias del Estado que decidieran perseguir el referéndum: "Algunos podrían cometer un delito si persiguen a gente que no comete ningún delito".

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"Con todas las consecuencias"

Preguntado por si el Govern seguirá con el referéndum aunque el Tribunal Constitucional suspenda eventualmente la ley, Turull ha evitado hablar de desobediencia, pero ha asegurado que la Generalitat asume el proyecto político "con todas las consecuencias".

El Govern será "leal" con lo que le dicte el Parlament, donde está previsto que esta semana JxSí y la CUP aprueben la ley del referéndum para hacer efectiva la votación del 1-O.

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¿Retirar el 'spot'?

Por otro lado, Turull ha cargado contra la Fiscalía ante la posibilidad de que actúe contra el anuncio de televisión que anima a los catalanes a ejercer su 'derecho a decidir' a las puertas del referéndum del 1 de octubre, y ha dejado claro que no lo retirarán.

"Puede que esta Fiscalía lo que quisiera es que fuera un anuncio en blanco y negro, y con música de fondo más propia del NO-DO", ha sostenido.

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Para el también conseller de Presidencia, la decisión de la Fiscalía es un "nuevo ejemplo de persecución ideológica", teniendo en cuenta que el anuncio no habla ni del referéndum ni cita el 1-O, por lo que ha negado delito alguno en emitirlo.

'Spot' que anima a los catalanes a ejercer su 'derecho a decidir' el 1 de octubre.

"¿Contra quién actuará Fiscalía? ¿Contra Renfe?", ha ironizado en alusión a las vías que aparecen en el spot, y ha advertido de que difícilmente se puede iniciar una campaña institucional si no se ha convocado el referéndum.

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Tras asegurar que el anuncio transmite valores cívicos, ha acusado al PP de querer aplicarles un delito bajo la premisa de que "estos catalanes traman algo, igual que con las urnas y la Mesa del Parlament".

"Si este anuncio lo hiciera cualquier otra institución u organismo del Estado, ¿este fiscal pediría su retirada? ¿Dónde está escrito que los catalanes, según lo que hagan, significa que traman algo, y esto es delito?", ha preguntado.

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"Día, lugar y hora" para abordar el referéndum

Turull ha retado al presidente del Gobierno a fijar "día, lugar y hora" para abordar con la Generalitat el referéndum, y le ha acusado de abordarlo sólo con líderes de partidos estatales como Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Cs).

Así, ha avalado que Rajoy se reúna con partidos para abordar el proceso soberanista, pero también "estaría bien que hablara con los que quieren hacer el referéndum".

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Turull ha rechazado explicar la secuencia con la que el Gobierno catalán y el Parlamento regional aprobarán la ley del referéndum y lo convocarán formalmente: ha alegado que, si la vicepresidenta del Gobierno central no explica cómo retirará la urnas, el Ejecutivo de Puigdemont tampoco quiere dar "ningún detalle".

Este comentario es una réplica a lo que afirmó este lunes Soraya Sáenz de Santamaría: "No le voy a contar al señor Puidgdemont lo que voy a hacer para retirarles las urnas", dijo la vicepresidenta.

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Turull considera que el Gobierno catalán también puede escudarse en la misma estrategia y no revelar sus planes: ni la Generalitat ni JxSí ni la CUP afirman que la ley del referéndum se aprobará en el pleno del Parlamento catalán de este miércoles y jueves.

Tampoco ha querido detallar si el Gobierno catalán prevé firmar el decreto de convocatoria del referéndum inmediatamente después de que se apruebe la ley, una aprobación que podría certificarse este miércoles o jueves.

Se ha limitado a insistir en que la determinación con el referéndum es absoluta y en que todos los miembros del gabinete firmarán el decreto de convocatoria: "Para todos nosotros será un honor".

También ha considerado legítimo que tanto el PSC como el PSOE hayan hecho un llamamiento a no participar en la votación del 1 de octubre, pero cree que es una opción incomprensible para dos partidos de raíces democráticas que durante años tuvieron que luchar desde "la clandestinidad".

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