Vuelta a un pasado mejor

La reducción del 28% en dos años del presupuesto destinado a la prevención y lucha contra la violencia de género es un dato tajantemente descriptivo de las prioridades del Gobierno del PP y su respuesta ante una lacra que en 10 años se ha cobrado la vida de 703 mujeres. Que la Lomce, a golpe de rodillo parlamentario, haya eliminado de un plumazo Educación para la Ciudadanía, elemento fundamental de prevención de esta violencia, produce estupor. Que la reforma local de este Gobierno vaya a desmantelar los servicios de apoyo, atención y recuperación a las víctimas en miles de ayuntamientos, alarma y genera una impotencia extrema y mucha incertidumbre, especialmente en zonas rurales y con gran dispersión poblacional. Además, el futuro Código Penal prevé cambios que dañarán e incumplirán directamente la Ley Integral contra la Violencia de Género, al igual que sucedió con la Reforma Laboral.

Estos son sólo algunos ejemplos de determinadas decisiones del Ejecutivo. Decisiones de calado. Decisiones ideológicas. Decisiones todas ellas vinculadas a la determinación política del PP de dibujar una nueva estructura social. Esta intención resulta muy difícil, casi imposible, de demostrar en los presupuestos o en la leyes, pero se está percibiendo ya en la definición de las identidades y las relaciones entre hombres y mujeres. La ONU mantiene que la violencia de género está íntimamente relacionada con el estatus de desigualdad entre sexos. Su naturaleza y origen, por tanto, serán imposibles de comprender sin tener en cuenta el contexto cultural e ideológico dentro del cual esta violencia tiene lugar, el reparto de poder y de roles así como el concepto que los hombres tienen de las mujeres.

En España recorrimos un camino largo en el que, a pesar de haber tenido que dar excesivas explicaciones, logramos modificar no sólo la Ley sino la percepción, el enfoque, la visión colectiva y compartida de lo que sería una sociedad libre de violencia y por tanto igualitaria. El gran cambio cualitativo fue el cambio social. Un gran despliegue plasmado en los textos y también en las conciencias. La pedagogía institucional y legislativa estaba mudando la implicación de la ciudadanía. El debate público se estaba ganando. La igualdad se valoraba como un principio esencial de justicia social pero también como un elemento de eficiencia económica. A más igualdad, más progreso. A más igualdad, menos tolerancia con la violencia. A más igualdad, más bienestar.

Ese era el gran cambio estructural y cultural. Era. Hoy, un ministro jaleado por un jefe eclesiástico, pretende decidir por las mujeres el cómo y el cuándo de su maternidad. Una ministra devota impone cambios en la política y en el derecho laboral, letales para la plena igualdad en el empleo y las relaciones laborales. Un charlatán ministro decide borrar cualquier vestigio de educación igualitaria e inclusiva y la perspectiva de género en los presupuestos públicos, en la sanidad, en la justicia, en la política agraria es solo un recuerdo al tiempo que la igualdad se diluye como un azucarillo en una agenda gubernamental que hace aguas. Esta es la involución ideológica y estructural planificada por la derecha. Y precisamente es grave por que desdibuja los avances con viejos esquemas del orden social y simbólico.

La Ley, herramienta poderosa e indispensable, era el punto de partida que nos dotó de un sistema integral contra la violencia de género; la piedra angular de una estrategia educativa, sanitaria, laboral judicial, policial... Pero para vencer la lacra de la violencia machista se necesita más que la ley. Por supuesto, toda la acción de los poderes públicos. Y también el desarrollo de principios y derechos a través de acciones y de actitudes. Justo lo que este gobierno ha decidido con cierta prisa y sin ninguna pausa borrar. A pesar de todo lo expresado, estoy convencida de que hay avances sociales que nunca retroceden. La historia no lo permite. Quizás sólo se queden sin batería pero no mueren. Aunque sus resultados no se vean, están ahí. Aunque pensemos que se han quebrado, siguen vigentes. Aunque nos vaya a costar un tremendo esfuerzo volver a un pasado bien reciente que, en este caso, sí fue mejor.

* Laura Seara es diputada socialista y ex secretaria de Estado de Igualdad