Mientras las interpretaciones a la decisión del Tribunal Supremo sobre los actores principales del procés se suceden desde todos los ámbitos, la dirigencia política continúa con su campaña electoral para las generales del 10 de noviembre, abonada ahora con la desproporcionada sentencia. Ésta que es producto de la dejación de funciones de los políticos y de quienes les votamos, entre otras cosas, para que se resolviese el conflicto catalán de la mejor manera posible, que no es otra que la Política.

Lo dicen hasta los jueces sensatos: "No me traigan estas cosas al tribunal, que acabarán de la peor manera posible". Solución penal para problemas políticos, el no va más de las democracias. Los jueces sensatos, no obstante, no suelen habitar el Poder Judicial, configurado en España por los partidos a su imagen y semejanza, los partidos que hoy nos piden la papeleta y respetan la sentencia.

Una sentencia que no se respeta, sino que se sufre. Como las de Altsasu; Strawberry, Hasel, Valtonyc o La Insurgencia; la victoria judicial de la banca con los gastos de hipotecas de ida y vuelta , o el secuestro de El Jueves con los reyes en pleno coito, entre otras muchas. Se sufren en todas las libertades a las que tenemos derecho y que nos están negando, tal y como hemos venido recogiendo en Público todos estos años. No es el independentismo, somos todos.

Los verdaderos responsables de esta sentencia y la ruptura que agrava vuelven a las urnas el 10 de noviembre a pedir que les votemos. Otra vez; para que creamos que, estando las cosas mucho peor que el 28 de abril -con la sentencia y unas condenas de pretendido efecto disuasorio para disidentes, protestones, contestatarios y otra ralea-, van a resolver el asunto de Catalunya; esta vez, sí.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa el lunes 14 de octubre, para valorar la sentencia del 'procés'. REUTERS/Sergio Perez

Sobre todo, dicen sus líderes, lo va a resolver el PP, el primero que lanzó la piedra justiciera del Tribunal Constitucional contra Catalunya en la cara de su Estatut, con la bendición de los poderes fácticos (hasta la todopoderosa cúpula eclesiástica se rasgó la vestiduras entonces) y el judicial, totalmente contrarios a dar a Catalunya lo que pedía una abrumadora mayoría parlamentaria formada por el Govern tripartito de PSC-ERC-ICV junto a la extinta CiU y una contundente movilización social que ya apuntaba maneras ("Som una nació, nosaltres decidim". Barcelona, 2010)

El PSOE es quien lo va a resolver ahora, nos dicen sus dirigentes; se abre "otro tiempo", nos garantizan 24 horas después de conocida la sentencia; el tiempo de la política. Con el independentismo descabezado, sus líderes en la cárcel y una Catalunya rota y humillada por su mitad sostienen que es el tiempo de la política. Les creo: es el tiempo de su política, del gatopardismo institucional si la ciudadanía no lo impide el 10-N.

El Partido Socialista no es nuevo en este campo. Zapatero negoció un Estatut a dos bandas (con el tripartito de Maragall y la CiU de Mas) que fue abrumadoramente respaldado en Catalunya, pero que en el ámbito nacional contó, incluso, con una fuerte oposición en el propio PSOE. Ese PSOE mayoritario, aunque Zapatero nunca lo admita públicamente, calló y otorgó -hasta puede que ayudara- con el recurso del Partido Popular contra el Estatut ante el Constitucional. Y ganó: una mayoría del pueblo catalán (bastante más amplia que la independentista de hoy) fue arrollada en su voluntad de "nación" por el aparato del Estado, desde la monarquía de Juan Carlos I hasta el poder económico configurado en la Transición pasando por el judicial y el bipartidista, el brazo detonante.

Hoy volvemos a lo mismo con idéntico PSOE, pero distinto líder. Zapatero intentó en 2006 dar a Catalunya un Estatut de los catalanes, no dar a Catalunya un Estatut de los españoles, que es el que finalmente quedó tras la sentencia del Constitucional en 2010. Lo intentó. 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en la foto, en un momento de su declaración institucional cuando anunció la aplicación del art. 155 de la Constitución en Catalunya. EFE/Arxiu

Pedro Sánchez dijo que daría a España la "plurinacionalidad" que confiriese a Catalunya un nuevo estatus con respecto al Estado ("Som una nació, nosaltres decidim") Lo dijo cuando se enfrentó a Susana Díaz en las primarias del PSOE, que ganó contra todo pronóstico en 2017 y tras haber sido expulsado de Ferraz en su particular 1-O de 2016.

Pero el discurso de la España plurinacional empezó a decaer tras la moción de censura que le dio el Gobierno -también contra todo pronóstico- y desapareció ya en la campaña socialista para el 28-A. Fue sustituido por un compromiso de diálogo nunca concretado y, posteriormente, en la actual campaña, relevado por el 155, la ley de Seguridad Nacional y el cumplimiento íntegro de las penas por parte de los presos independentistas condenados ya en firme.

Es posible que el presidente del Gobierno en funciones contemple el indulto de los encarcelados si repite en La Moncloa, pero el efecto disuasorio de la sentencia perdería todo su potencial amedrentador contra la disidencia independentista o de cualquier otro pelaje. Y no solo eso: Sánchez perdería a electores descontentos de Ciudadanos que -dicen en Moncloa- pueden votar al PSOE en éste su viraje al centro.

El indulto es una figura que no se contempla en periodo electoral ni, quizás, cuando el secretario general socialista pretende una mayoría de poder que restaure el bipartidismo opacado de PSOE y PP, el brazo ejecutor del Estado de la Transición. ¿Nos creemos que Rajoy y Sánchez, como líder de la oposición entonces y presidente ahora, hicieron realmente dejación de sus funciones políticas al cerrar la puerta a un diálogo voluntarioso y sincero con la Generalitat? ¿Nos creemos que fue su última e inevitable opción la de llevar el procés a los tribunales de Madrid (acción decisivo), alejarlo de la Justicia catalana y aplicar el 155 en Catalunya? 

Permítanme dudarlo: el relato sobre los tímidos intentos de abrir Catalunya a sus aspiraciones nacionales desde 2006, antes incluso, es tozudo. El mensaje del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017, también. Nada se tuerce. Viéndolo con perspectiva hoy, resulta, incluso, intimidatorio más allá del independentismo: "Ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía". El de 2010, de España para Catalunya.

Los estrictos dictados y privilegios del setentayochismo deben ser restaurados.

Es el Estado, amiga.