Ladislao Martínez López. Miembro de ATTAC-Madrid

Los acontecimientos en el sector eléctrico desde finales de diciembre pasado se suceden de un modo vertiginoso. Primero se anunció una subida del 11% debido al sorprendente resultado de la última subasta CESUR de 2013. El ministro Soria, que anteriormente había defendido reiteradamente la bondad de estas subastas, se quejó amargamente del resultado y habló de burda manipulación. Después se produjo una intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que llevó a la anulación de la subasta y a una propuesta de fijación del precio de la electricidad por parte de la CNMC para el primer trimestre de 2014 que fue atendida por el Gobierno. Resultado: una subida del 2,3% que correspondía con el límite inferior propuesto. Todo ello en un contexto de enfrentamiento entre el Ministro de Industria y las grandes eléctricas motivado por la retirada en el último momento de más de 3.000 millones de euros de los presupuestos Generales del Estado que tenían como fin eliminar el déficit de tarifa de 2013. Para más inri fue el propio Rajoy quien señaló que el gobierno intervendría... el mismo día en que se publicaba en el BOE la nueva ley eléctrica (Ley 24/2013) que pretendidamente acabaría con la posibilidad de incurrir en nuevos déficit por encima del 2% de las cantidades totales recaudadas en el negocio eléctrico y que por tanto obliga a futuras subidas.

Se repetía así lo ocurrido con el Gobierno del PP en el que Rodrigo Rato controlaba la economía, cuando, tras promulgar la ley eléctrica 54/97, que teóricamente liberalizaba el sector, se decidió que el precio de ésta no podía subir más del 2% anual, inaugurando así la creación de los sucesivos déficit de tarifa que han marcado la política de los sucesivos gobiernos.

El Gobierno ha vendido su intervención como un pulso contra las grandes compañías en defensa de los usuarios eléctricos. Pero la situación dista de ser clara y mucho menos definitiva.

Un comentario se repitió esos días con inusitada unanimidad. La subasta CESUR era un mecanismo demasiado fácil de manipular y debía sustituirse por un procedimiento más seguro. Inusitada unanimidad porque sólo unos días antes éramos pocos los que avisábamos de esa probabilidad. Y si bien la utilización de dicha subasta para fijar la tarifa de último recurso fue decidida por el ministro Miguel Sebastián a finales de la década pasada, era defendida con vehemencia por todo el PP, fue avalada como mecanismo válido por la extinta CNE en un informe de julio del 2012, y era bendecida por casi todos los opinadores oficiales que se atrevían a hablar del asunto.

Recientemente el gobierno ha iniciado la tramitación de un real decreto que sustituye a la subasta CESUR como mecanismo para fijar lo que ahora se llama precio de venta al pequeño consumidor (PVPC, antes llamado tarifa de último recurso). A partir de ahora, la parte de dicho precio que paga el coste de producción de electricidad, vendrá determinado directamente por el precio que resulte del mercado mayorista. En el caso de los aproximadamente 7 millones de usuarios que disponen de contadores inteligentes de la última generación este precio reflejará hora a hora lo que dicte el mercado mayorista. En los restantes casos, y hasta la total instalación de dichos contadores en 2018, mediante unos valores medios correspondientes al periodo de facturación.

En la memoria económica que acompaña a este decreto el gobierno estima en 280 millones de euros al año el ahorro que se produce por optar por el nuevo procedimiento, renunciando al 'coste de aseguramiento'(sic) que comportaba fijarlo a través de la subasta CESUR.

Oculta, como era previsible, las dificultades que hay con el nuevo. De un lado está la que han señalado las grandes compañías eléctricas: convierte en muy complejo el nuevo procedimiento ya que obliga a procesar miles de millones de datos para elaborar las nuevas facturas y a realizar importantes modificaciones en los sistemas de cálculo, para lo que establece un periodo de un mes.

De otro está lo que debería preocupar a los usuarios y es que un sistema tan complejo abre unas ingentes posibilidades de fraude que difícilmente podrán ser detectadas y probadas. Pero sobre todo que es extremadamente ingenuo suponer que el nuevo mecanismo eliminará las posibilidades de manipulación del precio. Baste recordar que si la subasta suspendida arrojó unos precios tan altos fue, sobre todo, porque fue precedida de una sorprendente 'indisponibilidad' de muchas centrales de generación en los días previos a la subasta. Acompañado, cierto es, por unas malas condiciones de eolicidad. Por cierto ¿se entiende ahora lo que yo llamo la 'paradoja de las renovables'?: Que las energías renovables pueden rebajar el precio de la electricidad aunque cobren precios más altos que los que resultan del mercado. No oyeron hasta a los portavoces, oficiales y oficiosos de UNESA, repetir el argumento en el que veníamos insistiendo infructuosamente sus defensores. Si no lo entiende, quizá le convenza el hecho de que todos decíamos lo mismo.

Ha pasado relativamente desapercibido la segunda subida en el año 2014 del precio de la electricidad. La que se produjo subrepticiamente al cambiar el sistema de pago de los usuarios finales y aumentar el peso de lo que los usuarios domésticos pagan en concepto de 'termino de potencia', que pasa a ser en torno al 60% del precio final medio de la factura, mientras se reduce proporcionalmente el peso del 'término de energía' que mide el consumo eléctrico efectivo. El primer concepto se paga por poder disponer del acceso a la electricidad, aunque la vivienda esté vacía y desconectados los plomos durante todo el periodo de facturación. Previamente a los cambios introducidos por este gobierno el peso relativo del término de potencia era del 35% y el de energía del 65%.

Sólo puede calificarse de cínica la actitud del gobierno cuando justifica la medida para ayudar a las familias que son las que más electricidad consumen y que con esta medida pueden ver como se reduce el precio de la electricidad. Porque esta reducción lo será a costa de un aumento mayor, no sólo de las segundas residencias o de las personas que viven solas, sino de todo aquel usuario que haya sido cuidadoso a la hora de vigilar su consumo dotándose de equipos eléctricos eficientes. Indudablemente con esta modificación legal se potencia el despilfarro y se desincentiva la inversión en eficiencia eléctrica....en un país donde se importa todo el gas natural, todo el uranio y el 80% del carbón que se emplea para la generación eléctrica.

Pero el uso del grueso término de 'cínica actitud' se justifica también porque en la orden de peajes que tramitó el gobierno a finales de 2012 y que se anuló justo después de hacer toda la tramitación....se plateaba justo lo contrario. Se llamaba entonces 'Progresividad en los Peajes Eléctricos'. Afectaban, según la CNE, a 7,9 millones de contratos. El Gobierno estimó en su momento que de ese modo se recaudarían 280 millones de euros, mientras la CNE elevó la cifra (corrigiendo ciertos errores y con datos más fiables) a 346 millones de euros

Antes y ahora, y con independencia de lo que proclame, la verdadera motivación del gobierno es asegurar el cobro a las compañías eléctricas. La única respuesta que existe es la acertada campaña de 'rebaja tu potencia' impulsada por distintos colectivos sociales.

Pero la pregunta que seguramente ronda en la cabeza de la mayoría de la gente es si la electricidad seguirá subiendo en el futuro. Y la respuesta es, como hemos dicho más arriba, que sí y no moderadamente. Los datos básicos son los siguientes. El año 2013 terminará, aún no se conocen los datos definitivos, con un déficit que el propio gobierno cifra en la memoria económica de la orden de peajes en casi 3.600 millones de euros. Lo que representa cerca del 9 % del total de costes reconocidos (sin impuestos ni alquiler de contadores).

Si a ello se añade que la ley 24/2013 no permite un déficit anual superior al 2%... o se suprime la ley recién estrenada, o se diseña un mecanismo para eliminar el déficit. Sólo caben dos soluciones: o recortar derechos reconocidos o subir los ingresos. Si no se adoptan medidas adicionales, la ley 24/2013 dicta que han de ser los consumidores quienes paguen. El gobierno dispone de todo 2014 para cambiar la situación, pero después deberá enfrentar los hechos.No es cierto que no existan alternativas. Existen diversas salidas a esta encrucijada. Se podría por ejemplo realizar una quita a los tenedores de deuda eléctrica o una merma en los intereses reconocidos. Según la orden de peajes reciente en 2014 se destinan a tal fin 2.700 millones de euros. Si a los inversores en renovables, que debieron endeudarse y que arriesgaron con tecnologías novedosas, de bajo impacto ambiental e intensivas en mano de obra, se les recortaron a posteriori derechos, no entiendo porque no puede hacerse lo mismo con quienes se limitaron a poner su dinero a la búsqueda del beneficio.Debería también cambiarse el mercado mayorista para eliminar la sobrerretribución para tecnologías como la hidroeléctrica ya amortizada y la nuclear que es la causa principal de todos los problemas.

Sobra también la ayuda del Estado de casi 750 millones de euros a una interrumpibilidad que no es en modo alguno necesaria. En definitiva, toca que paguen ahora quienes más se han beneficiado en el pasado, para convertir en cierta la afirmación, tan falsa como repetida por el Gobierno, de que se reparten equitativamente los costes de la reforma.