Desde la crisis financiera de 2008 y sus daños sociales aún no revertidos (ni mucho menos), asistimos a una serie de cambios históricos que están empujando con extraordinaria lentitud y timidez el cambio en un sistema político e institucional muy resistente y blindado desde 1978, responsable en buena parte de problemas enquistados, como la corrupción de las administraciones públicas.

La falta de expectativas de la gente, particularmente de los jóvenes y más en concreto, de las mujeres; la precariedad y pobreza laboral, la agresividad del machismo a la defensiva, la desigualdad o los privilegios de todo tipo de un nutrido grupo de intocables… van mermando la confianza en una clase política que, de momento, más allá de llenar de diversidad y color el hemiciclo del Congreso y algunos gobiernos autonómicos y locales con nuevos partidos, no ha conseguido recortar el abismo entre precarios y privilegiados, que sigue agrandándose con poco espacio para los no precarios, sin más.

Se acerca el octavo aniversario del 15-M, el movimiento de los indignados que llenó de esperanza las calles, y en ellas, hoy, solo hay confusión, hastío, enfado, decepción y, sobre todo, una amenaza cumplida a la que España había logrado escapar hasta hace unos meses: un partido de ultraderecha en las instituciones.

¿Estamos peor? Estamos peor y podemos estar mucho peor, además, en un momento en que los políticos constituyen la tercera preocupación de los españoles, según el último CIS, y adelantados ya por la corrupción, que se dispara al segundo puesto de rechazo ciudadano. Los políticos que deben sacar a España de esta crisis institucional sin precedentes en 40 años no solo no nos ofrecen confianza, sino que nos generan inquietud.

Los dos debates celebrados entre los cuatro candidatos principales a la Presidencia del Gobierno (los cuatro hombres) a cuatro días de las elecciones generales, han retratado con bastante exactitud las opciones de Gobierno que nos esperan y que distan bastante de poder responder al cambio de fondo que requiere este país, su Constitución (cumplirla y reformarla), el corazón del Estado mismo,... para mejorar una democracia con demasiadas vías de agua abiertas, empezando por la Jefatura del Estado, siguiendo por el Poder Judicial y terminando por el poder católico, que todo nos empaña de oscuridad a las mujeres; y no solo a ellas.

El 29 de abril, pues, prepararemos el octavo cumpleaños del 15-M sabiendo ya:

a) Que la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) suma y volverá a gobernar, además, con un componente ultra y neofascista, escondido en el PP hasta ahora, pero hoy crecido, desacomplejado y dispuesto a devolvernos a un pasado en blanco y negro, sobre todo para las mujeres y todos aquellos ciudadanos que no cumplen con sus parámetros de “ciudadanos de bien”.

b) Que PSOE y Unidas Podemos no suman mayoría absoluta ni con el PNV y necesitan a los independentistas catalanes de los que Sánchez reniega. La maquinaria de los poderes fácticos (monárquico, económico y mediático, sobre todo) se pondrá entonces en marcha para lograr el que mal llaman “pacto de estabilidad y Estado” (de este Estado) y presionar hasta que Ciudadanos de un vuelco a su "no" a Sánchez “por responsabilidad” y apoye al PSOE para proteger a España de los nacionalistas. Si consiguen, además, que el PP se abstenga, habrán logrado el objetivo perseguido en 2015 con el fracasado pacto del abrazo entre Rivera y Sánchez. No parece difícil apelar a la responsabilidad nacionalista española del presidente de Ciudadanos para que impida un Gobierno de Sánchez, UP e independentistas (¿Qué importa Catalunya habiendo un 155?). Apenas hay dudas ya de que Rivera estará dispuesto a sacrificarse y pactar con Sánchez pese a su reiterada negativa en campaña.

Los candidatos a presidir el Gobierno de España tras las elecciones generales, Pablo Casado (PP) (i); Pablo Iglesias (Unidas Podemos) (2i); Pedro Sánchez (PSOE) (2d) y Albert Rivera (Cs) (d), antes del inicio del segundo debate electoral, el martes 23 de abril . /EFE

c) Que el PSOE sume con Unidas Podemos y, si acaso, el PNV. Que se aleje de los cantos de sirena del poder circundante que lo llevan a Ciudadanos y que Sánchez conforme un Gobierno progresista destinado a restaurar por vía de urgencia la justicia social y los servicios públicos. En este sentido, el PSOE está convencido de poder recuperar el Estado de Bienestar y acabar con la desigualdad sangrante y creciente, sobre todo, con reformas escogidas y estudiadas que no afecten a las estructuras del Estado ni provoquen el levantamiento en armas del poder económico. Sin duda -lo hemos comprobado ya-, la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno supondrá la herramienta de presión para que esas reformas lleguen lo más al fondo del sistema posible, como ha ocurrido con la subida del salario mínimo. A ello ha apelado Iglesias durante toda la campaña, tirando la toalla sobre su victoria el 28-A, pero es difícil que los de Iglesias logren escarbar mucho más allá de la superficie en cuanto a la reforma laboral, por ejemplo. ¿Derogarla? Permítanme que lo dude.

A ocho años del 15-M, no hay posibilidad de que este Estado afronte ya y de una vez por todas la reforma profundísima que necesita para completarse como democracia. No ha llegado el momento de que un Gobierno se enfrente a los poderes postfranquistas y ponga boca arriba todas las cartas marcadas en la Transición para blindar las estructuras del privilegio y la desigualdad.

Han pasado 40 años y parece que no ha llegado el momento de dar el impulso definitivo a este país, pese al gran potencial que guarda para ser un referente de igualdad y derechos humanos en el mundo. Una pena.