El primer 25N en que la ley reconoce como víctimas de violencia de género a las agredidas fuera de la pareja

Como cada año, este 25 de noviembre (25N) se conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una cita a nivel mundial en la que se recuerdan las distintas violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo y que sirve, también, como una reivindicación de las medidas que aún quedan por poner en marcha para erradicarlas. A lo largo y ancho del planeta las mujeres sufren diversas violencias específicas por su condición de ser mujeres y por la enorme discriminación que  sufren, sustentada en todo un sistema de creencias y estereotipos y bajo cuya mirada millones de mujeres son castigadas, reprimidas, mutiladas, violadas o asesinadas. 

Según los últimos datos de Naciones Unidas, la expresión máxima de esta desigualdad, el feminicidio, ha costado la vida a unas 81.000 mujeres en el mundo a lo largo del año pasado. Más de la mitad (el 56%) fueron cometidos por las parejas o miembros de su entorno familiar más cercano. Unas 45.000 mujeres asesinadas por aquellos que debían o decían amarlas. Según estos datos, cada hora más de cinco mujeres fueron asesinadas a manos de un hombre miembro de su propia familia durante 2021.

La cifra final de feminicidios podría ser incluso un 40% más elevado de lo calculado

Estas cifras, tal como constatan ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en un estudio elaborado de cara a este 25N, se han mantenido prácticamente inalteradas durante la última década y, a pesar de que el número es alarmantemente alto, no alcanzan a reflejar la realidad de la pandemia mundial que supone la violencia extrema hacia las mujeres. Muchos de los asesinatos por motivo de género no acaban en las estadísticas debido a la disparidad de criterios en los distintos países a la hora de contabilizarlos y definirlos. Naciones Unidas estima que casi cuatro de cada diez feminicidios de mujeres y niñas durante el año pasado en el mundo carecieron de datos suficientes para ser contabilizados acertadamente, por lo que la cifra final de feminicidios podría ser incluso un 40% más elevado de lo calculado. 

Si estas son las cifras de asesinatos, la consecuencia más extrema de la desigualdad, se hace imposible calcular el número de mujeres y niñas (y niños) que sufren las consecuencias de la violencia de machista que no acaba en asesinato, pero que es cotidiana. Violencias que se viven en cada rincón, especialmente en cada casa del mundo.

La respuesta, tal como afirman Naciones Unidas y diversos expertos en violencia de género, tiene que venir de políticas públicas encaminadas a la identificación temprana de las posibles víctimas, acceso a medidas y espacios de protección, una amplia formación sobre esta violencia de todos los que intervienen en su detección (fuerzas de seguridad, médicos, jueces, operadores jurídicos...) y, sobre todo, mediante la destrucción de las causas profundas que alientan este tipo de violencias, como son las masculinidades agresivas y la cultura social que mantiene los estereotipos de género y las desigualdades.

España no es una excepción

Nuestro país no es una excepción en relación a cómo afecta la violencia de género en las mujeres. Según datos de Igualdad, aquí también cerca de un 58% de la violencia que sufren mujeres y niñas se ejerce en el ámbito más íntimo. Incluso las violencias sexuales, que en el imaginario colectivo se representan como lobos solitarios que agreden a mujeres en un descampado o un lugar aislado, son erróneas. En estos casos, las agresiones y violencias mayoritariamente ocurren en entornos privados, íntimos y por hombres conocidos de las mujeres y las niñas. Según algunos estudios, la violencia sexual hacia mujeres en España triplica la que se produce por parte de desconocidos. 

En donde sí España es una excepción es en el conocimiento de estas violencias y en las leyes puestas en marcha para atajarlas y para cambiar la mentalidad colectiva hacia un problema que es estructural. Nuestro país es el único que lleva casi dos décadas recopilando datos y estadísticas sobre la violencia de género. Esta violencia se define en la ley de 2004 como aquella que ejercen las parejas o exparejas de las mujeres. Es decir, en donde existe una relación íntima con el agresor. 

Desde hace unos meses, sin embargo, el Ministerio de Igualdad, en coordinación con el de Interior, han puesto en marcha la recopilación de datos de los feminicidios que ocurren en nuestro país por agresores distintos a las parejas de las mujeres. Según estos datos, en los primeros seis meses de este año se han producido en nuestro país 19 feminicidios fuera de la violencia de género. Entre ellos se registran los feminicidios familiares, es decir, los perpetrados por un hombre con relación de parentesco o afinidad con la mujer, el feminicidio sexual o el feminicidio social.

España cumple así con una de las exigencias del Convenio de Estambul del Consejo de Europa, un documento esencial de derechos humanos de las mujeres que nuestro país ratificó en 2014. Este documento obliga a los países miembros a recoger datos estadísticos periódicos, impulsar investigaciones y poner en marcha políticas para prevenir, combatir y promover cambios que eliminen la violencia hacia las mujeres. 

Para Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, "contar los feminicidios fuera de una relación de ex pareja, además de cumplir con el Convenio de Estambul, vuelve a poner a España en una posición preferencial en Europa con respecto a la lucha contra las violencias machistas, por tanto debe alegrarnos de los avances que en esta materia se siguen dando en nuestro país. En estos difíciles momentos de banalización o negacionismo de las violencias machistas, hacer este recuento es, si cabe, mucho más importante, porque ya sabemos que lo que no se nombra, no existe”

Recientemente, el pasado 7 de octubre, entró en vigor la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí. Más allá de las polémicas sobre la aplicación de la ley que ha acaparado las noticias durante la última semana, la norma incorpora algunos cambios claves reclamados por el Convenio de Estambul que hasta ahora no se habían trasladado a una ley concreta (aunque dicho convenio forma parte de la legislación nacional desde el momento de su ratificación, según nuestra Constitución). Entre ellos hay que resaltar el cambio de modelo a la hora de juzgar los delitos sexuales, que dejan de estar basados en la fuerza y la intimidación de los agresores en las agresiones, sino que se basarán en la existencia de consentimiento o no de la víctima, tal como exige el Convenio internacional. Es decir, toda relación sexual sin consentimiento será considerada una violación.

Una legislación que amplía derechos para las víctimas

La nueva ley da a las víctimas de violencias sexuales muchos de los beneficios que hasta ahora sólo podían tener las víctimas de violencia dentro del ámbito de la pareja. Un ejemplo de esto es la posibilidad de las víctimas de violencias sexuales de acceder a órdenes de alejamiento de los agresores y de prohibición de comunicación de éstos, así como que se les impongan programas de formación específicos, cosa que hasta ahora estaban reservados para los agresores en el ámbito de la pareja.

Además, los agresores sexuales sólo podrán disfrutar del tercer grado penitenciario cuando hayan cumplido de forma efectiva la mitad de la condena y no un tercio de la misma como hasta ahora. En el caso de los matrimonios forzados la justicia podrá anular la unión de facto, sin necesidad de que las víctimas deban emprender un proceso judicial. También, a partir de la entrada en vigor de la norma las víctimas de violencias sexuales podrán acceder a toda una serie de beneficios de protección, prevención y resarcimiento que hasta ahora estaban destinados a las víctimas en la pareja.

La ley del solo sí es sí también avanza en el uso de juzgados específicos para juzgar las violencias sexuales, que podrán ser los mismos que en la actualidad juzgan las violencias de género. El Gobierno tiene aún unos meses (la norma dio el plazo de una año) para decretar esta medida y dotar a los juzgados de los medios necesarios para asumir más casos. Por último, la nueva ley profundiza en la necesidad de especialización de los juzgados y de todo el personal que interviene en el proceso.

Para Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, es una buena noticia que la ley del solo sí es sí "suponga un avance en considerar todas las violencias que sufren las mujeres". 

Para este experto, una de las aportaciones más importantes de la nueva norma es el de que estas violencias "no se pueden entender en un contexto de un hombre y una mujer. No son conductas, sino una construcción cultural y social y las normas deben ayudar a tomar conciencia sobre esta visión de las violencias machistas". Lorente reconoce que la ley contra la violencia de género fue una buena forma de comenzar y que la ley del solo sí es sí es una buena forma de continuar porque "desarrolla medidas integrales al igual que lo hizo la del 2004". 

Lo más importante que pueden hacer las leyes, añade Lorente, es "cambiar el marco cultural. La mayor parte de la resistencia que estamos viendo en la actualidad por algunos grupos políticos que han entrado en las instituciones es la resistencia al cambio de ese marco cultural. Cuando hablan de la guerra cultural, es que se oponen a que las cosas cambien. Pero si no atacamos ese modelo, nunca acabaremos con el machismo". 

Para Besteiro, es imprescindible y necesario que "frente a todos estos avances legislativos que se están produciendo, se lleven a cabo acciones eficaces que trabajen profundamente las causas estructurales de la violencia hacia las mujeres". Para esta experta no hay otra forma de hacerlo que "mediante la prevención, con una educación en igualdad, y a través de la construcción de un discurso social unificado de rechazo absoluto a la violencia".

Muestro país tiene aún sobre la mesa regular en una ley el delito de trata con fines de explotación sexual, que se espera que en los próximos días sea aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros, así como otra que se debate en el Parlamento con medidas para abolir el proxenetismo.