Las organizaciones en favor de los vientres de alquiler han anunciado la organización de la I Congreso Internacional de Mujeres y Gestación por Sustitución, que se celebrará a mediados del próximo año en Bilbao. En una rueda de prensa realizada para anunciar el congreso, han pedido al Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, que saque la gestación subrogada de la ley del aborto y que escuche a las mujeres que gestan a los niños en esta práctica. En dos ruedas de prensa organizadas paralelamente en Madrid y Bilbao han afirmado que "hay que sacar la gestación subrogada del anteproyecto de ley del aborto y como asociación abogamos por una ley para regular la gestación subrogada en España", según Eduardo Chaperón, representante de la organización Son nuestros hijos, una de las organizadoras del Congreso. 

Chaperón ha afirmado que la oposición a esta práctica es "más moral que científica" y afirma que no abrir un debate sobre este tema "​dice muy poco de la calidad democrática de este país es que desde el Gobierno se haga una ley punitivizando la gestación subrogada sin hablar con las partes implicadas. Dice muy poco de un Gobierno que se hace llamar todos los adjetivos bonitos de la democracia. Esperamos que recapitulen". Tanto las organizaciones que defienden esta práctica, como las empresas que ofrecen este servicio en nuestro país, la consideran como una forma de técnica de reproducción asistida. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Una práctica prohibida

Los vientres de alquiler es una práctica prohibida en nuestro país. La ley sobre técnicas de reproducción asistida aprobada en 2006, estipula que este tipo de prácticas no son legales y considera nulos los contratos realizados en otros países en los que la gestación subrogada es legal. Diversas juristas también explican que el artículo 221 del Código Penal también la prohíbe expresamente e incluso prevé penas de cárcel e incluso la retirada de la patria potestad a quién la realice.

Concretamente el apartado 1 de dicho artículo afirma que "los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años".

El Ministerio de Igualdad ha incluido la gestación subrogada en la reforma de la ley Orgánica de Derechos Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se está debatiendo en estos días en el Congreso de los Diputados. El texto considera como una forma de violencia hacia las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, equiparándola a el aborto, la esterilización o la anticoncepción forzosos. La idea inicial del Ministerio de Irene Montero era acordar un texto muy duro contra este tipo de prácticas y las personas que las utilizaran, ya que contemplaba la persecución penal de estos contratos y la persecución judicial de las parejas que recurrieran a dicha práctica en el extranjero. Tal como afirmaron fuentes de Igualdad, no se trataba de incorporar una nueva prohibición, sino cambiar el ámbito de jurisdicción de lo estipulado en el Código Penal. 

Finalmente la propuesta fue aguada por la oposición del Ministerio de Justicia a dichas medidas. El texto actual sí incluye la puesta en marcha de campañas de información institucionales sobre la prohibición de esta práctica en nuestro país, así como prohibir la toda publicidad de esta práctica y de las agencias que la ofrecen en nuestro país.

Las organizaciones que apoyan la también llamada gestación por sustitución, así como las empresas que ofrecen este servicio en terceros países, piden que esta práctica salga de  esta ley y que se inicie una legislación específica para regularla. La única formación política que abiertamente defiende esta medida es Ciudadanos. Este partido, de hecho, presentó en 2019 una proposición de ley "reguladora del derecho a la gestación por sustitución", que no fue apoyada por otros grupos y que no ha avanzado.

El congreso internacional anunciado y organizado por organizaciones como Son nuestros hijos, Gure umeen ametsak (Asociación de Familias de Bizkaia por Gestación Subrogada), y REDLIBRE  (Red Latina de Investigadores en Biotecnologías Reproductivas), se ha revestido de un aura científica, al participar en él, según las organizaciones, medio centenar de académicos, juristas, así como varias mujeres que han gestado procedentes de diversos países.