El doble rasero de Errejón: de defender la conciliación a criticar la baja por maternidad de la abogada de Elisa Mouliaá

Durante años, Íñigo Errejón no titubeó al posicionarse como defensor de la justicia y la reparación para las mujeres que denunciaban violencia machista o sexual. Desde su tribuna política, abogó por la empatía hacia las víctimas y la no revictimización. Sin embargo, ahora que es él quien enfrenta una denuncia por agresión sexual, acusado por la actriz Elisa Mouliaá, ha dado un giro en su discurso y, como explica en una conversación con Público María Naredo, jurista especializada en violencia contra las mujeres, parece estar siguiendo "el buen el manual de la defensa de los agresores".

El procedimiento judicial se encuentra actualmente suspendido debido a la baja maternal de la abogada de Mouliaá. Si bien en su recurso la defensa de Errejón ha calificado esta medida como una "maniobra dilatoria" y ha solicitado que se reanude el proceso a la mayor brevedad, solicitando que la denunciante designe a un nuevo abogado en un plazo máximo de 24 horas.

María Naredo, jurista: "No podemos retroceder: las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y protegidas"

La especialista María Naredo subraya, en cambio, que esta posición ignora algunos derechos fundamentales: "El derecho de la víctima a contar con una abogada de confianza es fundamental, especialmente en casos de violencia sexual. Pretender limitarlo bajo el pretexto de una supuesta dilación es tremendo". La jurista recuerda que la suspensión por baja maternal es un derecho reconocido en la Directiva Europea de Conciliación de 2019 y peleado dentro de la abogacía. "Solo faltaría que pudieran conciliar otros sectores y no las abogadas. La víctima tiene todo su derecho a contar con alguien en quien depositar esa confianza y es clave en estos casos", insiste. 

El propio exdiputado ha defendido en incontables ocasiones este derecho a la conciliación de las mujeres. El 7 de mayo de 2017 escribía en su cuenta de X (antes Twitter), con motivo del día de la madre: "Decidir ser madre no debería ser un acto heroico. Nuestro mejor homenaje, trabajar por la corresponsabilidad y conciliación".

Mi generación hoy no se puede plantear formar una familia. Mucho menos si eres mujer y tienes que elegir entre tu carrera profesional y ser madre. Y no es solo un drama personal: es injusto pero también insostenible. Necesitamos empleo decente y permisos iguales e intransferibles pic.twitter.com/GssKiyc1cy

— Íñigo Errejón (@ierrejon) February 2, 2018

El 2 de febrero de 2018, un año después, escribía en otro tuit: "Mi generación hoy no se puede plantear formar una familia. Mucho menos si eres mujer y tienes que elegir entre tu carrera profesional y ser madre. Y no es solo un drama personal: es injusto pero también insostenible. Necesitamos empleo decente y permisos iguales e intransferibles".

Un doble rasero que ha llamado la atención a algunas personas, mientras que a otras, como a Naredo, no les ha resultado tan incoherente: "Es un tipo que, como se ha visto, parece estar acostumbrado a controlar él siempre los tiempos".

María Naredo: "Los derechos de los acusados están garantizados por la ley, pero los de las víctimas requieren un esfuerzo adicional"

La defensa de Errejón argumenta que la suspensión de su declaración le mantiene en un "limbo procesal" que afecta a su honor y a su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, como apunta Naredo, esta narrativa se alinea con una estrategia bastante común: convertir al acusado en víctima del sistema judicial, desplazando el foco de atención del sufrimiento de la denunciante: "En lugar de centrarse en las pruebas o en la verdad de los hechos, se recurre a cuestionar los derechos de la víctima o a sembrar dudas sobre su credibilidad para ganar tiempo y apoyo público".

Aunque España ha avanzado en legislación que prioriza la investigación exhaustiva en casos de violencia de género y sexual, conscientes de las dificultades que enfrentan las víctimas para aportar pruebas concluyentes en delitos que suelen ocurrir, además, en la intimidad; como señala Naredo, este marco no siempre se respeta. "El sobreseimiento provisional es una práctica recurrente en los juzgados, especialmente en casos de violencia sexual, donde la falta de pruebas directas suele ser interpretada como insuficiencia de indicios, cuando lo que suele ocurrir es que no se desarrolla una investigación adecuada", afirma. 

"Los derechos de los acusados están garantizados por la ley y la Constitución, pero los derechos de las víctimas, reconocidos más recientemente, requieren un esfuerzo adicional para ser efectivamente implementados. Con lo que hemos avanzado, no podemos retroceder: las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y protegidas", añade la jurista. 

Siembra la duda de la denuncia "falsa"

La letrada del acusado incide en que "el deseo" de Errejón era declarar en sede judicial el pasado martes, como inicialmente estaba previsto, "a fin de poder ofrecer las correspondientes explicaciones ante el órgano judicial y exponer la realidad de los hechos, que distan mucho de los descritos por Mouliaá en su falsa denuncia, y que podrán desvirtuarse con las diligencias de prueba que se practiquen a lo largo de la fase instructora (...) La mala fe es indudable; y el abuso de derecho, indiscutible", menciona. 

En este punto, puede que también Errejón haya llevado al límite su contradicción entre la persona y el personaje. "No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres", escribía en X el 9 de septiembre de 2020. Aunque ahora parece haber cambiado de parecer.

Conviene recordar que, como ocurre en cualquier delito, para poder decir que una denuncia por violencia machista o violencia sexual es falsa, el acusado debe denunciar a la demandante por este delito. En este caso, Errejón tendría que denunciar a Mouliaá, cosa que hasta ahora no ha sucedido.

A partir de ahí, se abriría un proceso judicial que implicaría probar que la denunciante actuó de forma intencionada para mentir o engañar a las autoridades. En España son muy pocos los acusados de agresiones sexuales y violencia de género que deciden "contra-denunciar" y que, menos aún, los que terminan con una resolución a favor. Según la memoria de la Fiscalía de 2023, solo el 0,001% de las denuncias por violencia de género fueron falsas el año pasado, por hacernos una idea.