[Actualización mayo de 2020: los nombres de algunas de las personas incluidas en esta información han sido anonimizados después de que el Juzgado de Instrucción núm. 50 de Madrid acordara el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a ellas "por entender que no resultan indicios de la autoría por encubrimiento de un delito de acoso sexual por parte de los referidos"].
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El 1 de junio de 2012 podría haber pasado como uno de los días más felices en la vida de Elena Salgado Collado. Acababa de firmar un contrato indefinido con una de las entidades financieras con más renombre para desempeñar el puesto de secretaria de Alta Dirección de uno de los ejecutivos más prestigiosos del momento: José Antonio Alepuz Sánchez. Este abogado del Estado acababa de renunciar a su cargo de secretario general del Banco de España para fichar como alto directivo y secretario no consejero de Criteria Caixa SA (Criteria Caixaholding SA, en el momento de hechos), la sociedad holding de inversiones no cotizada que gestiona el patrimonio de la Fundación Bancaria la Caixa.

Sin embargo, lo que comenzó ese día para Salgado fue un largo calvario de humillaciones y acoso sexual que se prolongó durante casi tres años (hasta abril de 2015), según relata la querella criminal interpuesta ante el juzgado número 50 de Madrid el 8 de abril de 2018. En ella, Salgado acusa a Alepuz de un "presunto delito de acoso sexual en el ámbito laboral de forma continuada", que le produjo "un trastorno en la salud tanto física como psicológica", según señala el escrito presentado en el juzgado.

La querella no acaba ahí. También exige la condena de F.V.C., responsable del área de Recursos Humanos de la entidad; de B.M.J., "supuesta psicóloga" contratada por la empresa para atender a Salgado; y de la corporación por un delito de encubrimiento previsto y penado en el artículo 451 del Código Penal. [Actualización mayo de 2020: los nombres de algunas de las personas incluidas en esta información han sido anonimizados después de que el Juzgado de Instrucción núm. 50 de Madrid acordara el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de F.V.C. y B.M.J., "por entender que no resultan indicios de la autoría por encubrimiento de un delito de acoso sexual por parte de los referidos"].

La denuncia relata un entramado de actuaciones y dejaciones por parte de directivos de la empresa con el objetivo de "paralizar una posible denuncia de la hoy querellante" y evitar "poner en marcha el protocolo de acoso sexual establecido para estos casos en la entidad bancaria, elaborando una estrategia cuyo resultado fue (...) el mantenimiento del alto directivo y presunto acosador en su puesto de trabajo y la salida inmediata de la hoy querellante". Según el escrito de la querella, presentado por el abogado Fernando Gómez-Chaparro Díaz se intentó "mediante promesas y engaños, conseguir que no se investigaran los hechos acaecidos y que los mismos se diluyeran con el paso del tiempo".

Abusos prolongados

La denuncia hace un pormenorizado relato de las supuestas humillaciones y abusos sufridos por Salgado a manos de Alepuz, que comenzaron en las primeras semanas de su nuevo trabajo y que incluían frases y preguntas indiscretas, trabajos fuera de sus competencias (como encargarse de asuntos personales de su jefe, así como de su hija), llamadas fuera del horario laboral, mensajes de Whatsapp a cualquier hora o día o enfados y reprimendas al día siguiente si no había contestado.

Las vejaciones fueron en aumento a lo largo del tiempo, e incluyeron tocamientos y besos indeseados, llamadas a horas intempestivas, comentarios groseros sobre su vida privada, gritos y faltas de respeto. "Al llegar a mi puesto, si él ya estaba allí, me pedía que entrara a su despacho y me diera una vuelta para ver qué llevaba puesto y darme su opinión. También alardeaba delante mía de que yo era la secretaria que estaba más buena de toda Caixa", relata la exsecretaria en el escrito de la querella. En ocasiones, el ejecutivo le enviaba por Whatsapp mensajes a Salgado con la palabra "sorry" (perdón), pero los abusos y vejaciones continuaban.

La tensión era tal que Salgado cayó en una profunda depresión. El 17 de abril de 2015 decidió acudir al Servicio Madrileño de Salud y "ante el relato de su situación y el estado en que se encontraba, dicho servicio médico le extendió la baja laboral con un diagnóstico de ‘trastorno mixto depresivo-ansioso desencadenado por acoso de un directivo de su compañía’", según consta en la querella.

Ese mismo día, Salgado envió su baja al departamento de Recursos Humanos de Criteria Caixa. Lo que sucedió a partir de ahí configura el relato que en este momento se encuentra en fase de investigación por la Justicia.

"Teniendo en cuenta que la baja se prescribió el viernes 17 de abril de 2015, el lunes 20 [la directora de Recursos Humanos] le remite un email a la ahora querellante en el que, dentro de una relación aparentemente cariñosa y comprensiva con la difícil situación en la que se encuentra doña Elena Salgado, le propone una reunión personal", relata el texto presentado en el juzgado. En esa comunicación, la directora de Recursos Humanos [...] le dice a Salgado que le contará "personalmente cómo proceder ante la situación que estás viviendo y que no tome ninguna decisión al respecto hasta que se puedan reunir".

“Si tienes un momentito para hablar juntas, sería genial, para organizarnos y te cuento cómo pensaba proceder. Cuídate y date tiempo. Yo no tengo ninguna duda de que tú estás actuando de forma profesional, no la he tenido en ningún momento. No te preocupes que tengo clara la situación", reza el correo enviado por F.V.C. reproducido en la querella.

Por retrasos de la propia directora, la reunión no se produjo hasta unos nueve días después del envío del mail. El 29 de abril, F.V.C. finalmente cita a la secretaria. Pero, según recoge la denuncia, no lo hace en las dependencias de la empresa, sino "sorprendentemente en un reservado privado del Hotel Paseo del Art" de la calle Atocha de Madrid. En una reunión que dura más de cinco horas y media, Salgado relata a la directora de Recursos Humanos "todos los episodios de acoso que había sufrido desde el comienzo de su relación laboral, por parte de José Antonio Alepuz, de una forma detallada y minuciosa".

La querella recoge partes literales de esta charla, que fue grabada por Salgado y en la que en algún momento participa también el chófer de Alepuz, como testigo de los hechos.

De esa larga conversación, la querella resume cuatro puntos clave dentro de los mensajes de la responsable de Recursos Humanos: el interés que le muestra a Salgado para que no inicie el protocolo ante abusos sexuales del que dispone la empresa; el intento que la víctima deje su puesto de trabajo; la propuesta de hacer una investigación consistente en la elaboración de un informe por una psicóloga experimentada que F.V.C. ya conoce y que les sirva para actuar disciplinariamente contra el presunto agresor; y la promesa de que Salgado sería recolocada en su puesto de trabajo una vez que termine el procedimiento.

Salgado acepta la intervención de la psicóloga en los términos propuestos por F.V.C. y solicita autorización al Servicio Madrileño de Salud para realizar las sesiones con una especialista privada y fuera de Madrid, petición que la institución sanitaria autoriza en un escrito el 19 de mayo de 2015.

La "supuesta psicóloga", como la denomina la querella, es B.M.J. y reside en Zaragoza. A pesar de esto, es la empresa la que le ofrece sus servicios, le paga a Salgado los viajes a esa ciudad una vez por semana y cubre los honorarios de B.M.J. Mientras seguía de baja, Salgado tuvo con ella cinco sesiones en total, entre el 25 de mayo de 2015 y el 29 de junio de ese mismo año sin dudar "de que se tratara de una psicóloga y de que las sesiones tuvieran el doble objetivo de ayudarla en su curación y el de obtener un informe psicológico que acreditara las repercusiones que en su salud psíquica le habían producido los episodios de acoso que había sufrido". La realidad, señala la denuncia, es que B.M.J. no es psicóloga, no está colegiada y no puede ejercer esa función. Está ligada a la Universidad de Zaragoza y es catedrática de medicina Legal y forense y "la labor que al parecer desarrolló por encargo de la entidad bancaria (...), fue elaborar un informe pericial del que en realidad esta parte desconoce cuál era su objetivo", afirma la querella.

F.V.C. consiguió entonces a Salgado un trabajo fuera de Criteria Caixa, pidiéndole al director de esa nueva empresa vinculada al holding que contratara a Elena Salgado "a pesar de que en dicha empresa no existía un puesto" para ella, según consta en la querella. Ante la opción de este nuevo trabajo, F.V.C. propuso a Salgado que se desvinculara de Criteria Caixa dándose de baja por completo de la empresa. Ante la negativa de la secretaria, la responsable de Recursos Humanos pactó con Salgado una excedencia por un periodo de cinco años que sigue en vigor. Salgado afirma haber pedido el reingreso en Criteria Caixa desde 2017, cuando Alepuz abandonó la empresa.

Un protoloco de acoso que nunca se activó

Los abogados de Salgado explican en el escrito de querella que el departamento de Recursos Humanos de la entidad bancaria tuvo conocimiento fehaciente de la situación de acoso que estaba viviendo la hoy querellante desde el mismo día en que se le diagnosticó por el Servicio de Salud un "trastorno mixto depresivo-ansioso desencadenado por acoso de un directivo de su empresa".

Por tanto, desde esa fecha, afirma el escrito, "debía haber activado el protocolo de acoso sexual instaurado y vigente en la institución bancaria, indicando un procedimiento perfectamente establecido y tasado para estos supuestos el cual se suscribió con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores de la entidad y que responde al código ético de la entidad Criteria Caixa SA”.

La denuncia explica que los hechos tenían que haber sido puestos en conocimiento del "Comité de Cumplimiento que la entidad bancaria tiene que tener implantado para prevenir la responsabilidad penal de la persona jurídica".

La querella afirma que ninguno de los apartados contenidos en el protocolo de actuación para estos casos se llevó a cabo y que "por el contrario, se han utilizado los recursos para silenciar los hechos" y que "no se ha dado a la trabajadora una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo que garantizase su integridad física".

"Todas las empresas relevantes tienen un protocolo perfectamente establecido y, que si se aplica, da resultado en el sentido no solo de proteger a la víctima sino también de depurar las responsabilidades del acosador. El problema surge cuando dicho protocolo no se inicia de una forma premeditada porque se prefiere conservar a un empleado porque es mucho más rentable para la entidad que una simple secretaria la cual es perfectamente prescindible y sustituible por otra persona", subraya el abogado de Salgado, que considera que esta actuación supone un presunto delito de encubrimiento tipificado en el Código Penal.

Por todo ello, la querella solicita que se declare un delito continuado de acoso sexual previsto y penado en los artículos 74 y 184.1 y 2 del Código Penal para José Antonio Alepuz. También pide que se aplique el delito de encubrimiento tipificado en el artículo 451 del Código Penal, tanto para la responsable de Recursos Humanos, F.V.C., como para B.M.J., así como a la propia entidad Criteria Caixa SA (Criteria CaixaHolding SA en el momento de los hechos), "cuya responsabilidad deriva del artículo 31 del Código Penal en la medida que las personas jurídicas son responsables de los hechos delictivos cometidos por sus empleados y altos directivos. Responsabilidad que "en el presente caso se acentúa aún más cuando siendo conocedores de los hechos no se procedió conforme al protocolo de actuación".

¿Quién es José Antonio Alepuz y dónde está?

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado del Estado, José Antonio Alepuz Sánchez llegó a Criteria Caixa en abril de 2012 procedente del Banco de España, donde había ocupado el puesto de secretario general desde 2002. Según figura en la nota de prensa en la que Criteria Caixa daba a conocer su fichaje, Alepuz es máster en Derecho Norteamericano por la George Washington University Law School, fue jefe de la Asesoría Jurídica del Tesoro Público y trabajó en el Departamento Legal del Banco Mundial antes de incorporarse al Banco de España.

Tras abandonar voluntariamente su puesto en el Banco de España para incorporarse a Criteria Caixa, el Tribunal de Cuentas emitió un informe en 2016 en el que cuestionaba la indemnización abonada por el Banco de España al ejecutivo, equiparable a un despido improcedente, a pesar de haber abandonado su puesto "por voluntad propia" para iniciar otra actividad.

Tal como refleja el informe anual de Gobierno Corporativo de Criteria Caixa, en octubre de 2016, presentó su dimisión como secretario del Consejo de Administración de esta entidad, sin que conste la razón de dicha renuncia. Desde entonces su trayectoria profesional es poco conocida. En septiembre de 2017 fue nombrado consejero de la Sociedad Bilbao Gas Hub y en la red profesional Linkedin figura como socio fundador de Alometrics, empresa de Comercio y Desarrollo Internacional.

Este diario se puso en contacto telefónico este martes por la tarde con José Antonio Alepuz para conocer su versión de los hechos. El aludido solo declaró que "es todo absolutamente mentira y no tengo nada más que añadir".

Asimismo, Público recabó la versión de Criteria Caixa, la cual, a través de fuentes autorizadas, manifestó que "éste es un tema que no tiene nada que ver con la empresa, sino con un empleado, que además, es ya ex empleado y no está en la compañía".