Bul Bulakter sabía que la iban a matar pero antes, seguramente, la violarían. Si decidía quedar, tarde o temprano asesinarían al bebé que estaba gestando y lo quemarían en una hoguera junto a los restos de su aldea. Historias similares llegaban desde otras aldeas próximas de su misma etnia, los rohingya, un pueblo musulmán asentado desde hace cientos de años en la región birmana de Rakhine, fronteriza con la región más meridional de Bangladesh. Un pueblo perseguido, condenado al ostracismo en un país de mayoría budista y siempre miedoso de que se desate la violencia contra ellos.

Con lo puesto, la joven Bulakter, de 17 años, decidió escapar de su aldea antes de que el Ejército de Myanmar entrase en ella a sangre y fuego. Huyó en septiembre junto a su familia, su nuevo marido, Jani Alom, y embarazada de cinco meses. Vendieron lo poco que tenían y pagaron a un pescador para cruzar en una barcaza el río Naf, relata. Es apenas un kilómetro pero, para su etnia, esa distancia es algo más que una frontera de agua entre países. Es la diferencia entre seguir vivo o ser brutalmente asesinado. Desde entonces, su vida se congeló en el tiempo, como la de los más de 700.000 rohingyas que huyeron a la vecina Bangladesh desde que su persecución se recrudeciese de forma mucho más violenta en agosto de 2017.

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La masacre —quizás el primer genocidio del siglo XXI— fue la reacción de Myanmar al ataque de un grupo insurgente rohingya el 25 de agosto. El llamado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán se atribuyó una serie de atentados coordinados contra puestos de las fuerzas de seguridad birmanas. Murieron varios policías, según el Ejecutivo de Myanmar, que contestó con un lance de represión a todo el pueblo rohingya, ya perseguido y maltratado muchos años antes de que este grupo islamista diera señales de vida. Fue la excusa perfecta para que el extremismo y la xenofobia de algunos monjes budistas cuajara aún más. El resultado se convirtió en una de las mayores crisis humanitarias de los últimos años, tan brutal que Naciones Unidas la calificó sin titubeos de "limpieza étnica de manual".

Bulakter y los suyos viven ahora en el campo de refugiados de Jantoli, uno de los más de diez que el Gobierno de Bangladesh habilitó en la región de Cox's Bazar desde el comienzo de la crisis. Algunos asentamientos, como el de Kutupalong, a pocos kilómetros de Jantoli, llevan décadas operativos. Porque la persecución de los rohingya por parte del Ejército de Myanmar y de milicias budistas radicales no es un fenómeno nuevo, aunque la escalada de violencia de esta vez fue atroz: asesinatos, ejecuciones sumarias, infanticidios, violencia sexual, apartheid y trabajos forzosos son algunas de las prácticas que reportaron numerosas organizaciones humanitarias y millares de testimonios de las víctimas.

Prácticamente todos los refugiados rohingya perdieron a algún allegado a manos de la maquinaria de terror y exterminio birmana. No eran una comunidad rica, pero hay casi un millón de personas cuyas pertenencias se resumen en un puñado de arroz cada tres días que reparten las ONG y en unas cañas de bambú que el Gobierno de Bangladesh hace llegar diariamente a los campos en camiones. Con ellas sostienen los plásticos que reparte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Son las paredes y techos de sus endebles chozas, y hay tantas que ya es imposible distinguir dónde termina un campamento y empieza otro. La vegetación desapareció por completo y los enormes grupos de chabolas corren ladera arriba y abajo, haciendo sitio a los nuevos refugiados que llegan, por centenares, cada semana.

En la choza de Bulakter y su familia apenas se puede caminar erguido. El calor absorbido por el plástico asfixia de día y el viento que se cuela por los agujeros hiela por las noches. En esas condiciones tuvo que traer al mundo su hija, a quien aún no le puso nombre. Solo tiene dos días de vida y, seguramente, nunca conozca la región birmana donde fue engendrada. Su mundo será un campo de refugiados lleno de polvo y de aguas fecales y su cuna se resume en un par de mantas y el suelo de tierra. Un pequeño conjunto de brasas al lado de la niña les hace las noches más llevaderas, aunque un mal viento puede hacer que todo salga ardiendo. Quizás por esta razón sean tan frecuentes los incendios en los campos, pero "¿qué más podemos hacer? Así es nuestra vida ahora. No tenemos nada más que los pocos alimentos y medicinas que nos dan las ONG", lamenta la madre primípara, que ni siquiera come lo suficiente para producir leche materna.

La crisis, tras medio año de huidas y llegadas masivas a Bangladesh, parece estabilizada, aunque no fue fácil acomodar —si es que se le puede denominar así— casi un millón de personas en apenas medio año. "Son cientos de miles de personas viviendo agolpadas en campos abarrotados. Las enfermedades aquí se propagan con mucha facilidad, porque es imposible no contagiarse en estas condiciones de superpoblación. Apenas están vacunados, llegaron muy débiles y la mayoría de los refugiados son niños", explica el personal de Médicos Sin Fronteras de una de las clínicas que pusieron en funcionamiento en el campo.

El primer reto fue contener brotes de sarampión y difteria, enfermedades que ya se consideraban erradicadas en prácticamente todo el mundo. "Nos costó mucho hacerles frente, aunque una simple vacuna llegara para evitarlo", asegura una doctora, que también destaca los numerosos casos de desnutrición infantil, fiebres infecciosas y diarreas agudas. "Las condiciones de insalubridad en las que viven son un caldo de cultivo perfecto para las infecciones, y la densidad de población de los campos hace que un brote se convierta fácilmente en epidemia", explica la cooperante.

Pero lo peor está por venir. En pocos meses, la mayor amenaza para los rohingyas no será la persecución birmana, sino las tormentas. En esta época, el monzón y los ciclones darán al traste con unos refugios precarios, provocarán movimientos de tierra y los campamentos se llenarán de barro. Las aguas fecales de los cientos de miles de urinarios portátiles que pueblan cada esquina de los campos se mezclarán con el lodo y contaminarán los ya escasos pozos de agua potable de los campos. Enfermedades transmitidas por el agua como la diarrea acuosa aguda, el tifus, la hepatitis... empezarán a causar estragos, advierten las ONG, que no descartan brotes de dengue o cólera en unos campos que no están preparados para una climatología adversa.

Frente a la clínica de MSF, decenas de refugiados se resguardan del sol de medio día bajo unos techos de caña. Ellos lo llaman "la tetería". Sentados en bancos de bambú toman café soluble y mascan paan, la nuez de la planta de betel que envuelven en una hoja verde. Lo hacen sin descanso, durante todo el día, porque es tremendamente aditivo y sus efectos, similares a los de la hoja de coca, les ayudan a mitigar el hambre y los mantiene activos, aunque tiñe de rojo sus labios y les destroza la dentadura.

Entre esmumarajos naranjas, algunos explican su periplo hasta Jantoli. Caminatas de tres días a través del bosque, escondidos de los militares y rezando a Alá para que no les disparen en la frontera. Omar, un joven de 25 años que hace a veces de traductor, siente un escalofrío cada vez que se cruza con un soldado de los que patrullan los campos. "Sé que los militares de Bangladesh no me van a hacer nada, pero cada vez que veo un uniforme muero de miedo, quedo paralizado", relata. Sufre estrés postraumático, algo más que habitual en los campamentos. Omar vio con sus propios ojos cómo los militares quemaban su aldea y golpeaban con palos a sus vecinos. Sabe que está vivo de milagro, pero el precio que pagó por sobrevivir es demasiado alto. "Aquí no podemos hacer nada. Lo perdimos todo allí y aquí, aunque estamos a salvo, no podemos trabajar. Ni siquiera podemos salir de los campos", describe. Otro de los vecinos de la improvisada "tetería" habla sin tapujos de la violencia en Myanmar. "Nuestra comunidad fue totalmente destruida. Nos expulsaron a todos y ahora malvivimos aquí hasta que nuestro pueblo sea borrado por completo. Ese fue siempre el objetivo del Gobierno birmano", dice. Pero, sobre todo, teme que los obliguen a regresar. Un millón de refugiados son demasiadas personas ocupando una vasta extensión de terreno en el que, antes de que llegaran a millares cada día, vivía gente casi igual de pobre que ellos.

La política de brazos abiertos no hizo mucha gracia a los habitantes de Cox's Bazar. Donde antes tenían sus plantaciones de arroz y su ganado, ahora hay centenares de miles de personas ubicadas ahí por el Gobierno. "Hay cierta tensión social desde hace un tiempo", explica un cooperante de MSF, que comprende en cierto modo el malestar. "La población originaria de aquí se convirtió también en refugiada en su propia casa. Además hay malestar porque ven toneladas de alimentos y medicinas llegando a los campos cuando ellos también los necesitan", describe. Se produjeron manifestaciones contra la acogida de refugiados y también contra las ONG. Hasta agresiones, sobre todo coincidiendo con la época electoral en Bangladesh, donde la propaganda partidista sobre la crisis de los rohingya agrió más el ambiente. "Somos conscientes, por eso nuestras clínicas están abiertas a todo el mundo, no solo a los rohingya. Atendemos a todos los que necesitan tratamiento con los medios que tenemos", explica el cooperante.

Por razones como esta, el 23 de noviembre de 2017, los Gobiernos de Bangladesh y Myanmar firmaron un acuerdo para la repatriación de los casi 688.000 refugiados que llegaron hasta ese momento, pero no hubo ningún avance desde entonces. No hay garantías de que Myanmar pueda ofrecer un retorno en condiciones de seguridad para la diáspora y, en los campamentos, nadie quiere ser el primero en regresar. "Siempre estuvimos perseguidos y fuimos humillados en público. Si volviera ahora estoy seguro de que me matarían", relata otro de los refugiados que teme ser repatriado a la fuerza tarde o temprano. Prefiere resignarse a vivir en estas condiciones el resto de su vida antes que morir o ser encarcelado en un país que los considera extranjeros y, ahora, terroristas.

No les hace falta imaginar cómo sería ser refugiado para siempre. Les basta con visitar el vecino campamento de Kutupalong, actualmente el mayor campo de refugiados del mundo, con más de 1.200 hectáreas de terreno. Cientos de miles de rohingyas lo colapsaron durante esta última crisis, pero allí hay decenas de miles de compatriotas suyos atrapados desde hace décadas. Huyeron por la misma razón, la violencia indiscriminada, pero nunca fueron tantos como para generar problemas al Gobierno de Bangladesh.

Nenujahan vivió prácticamente la mitad de su vida en este dantesco campo de desposeídos. Tiene 55 años, pero sus profundas arrugas y el único y desgastado diente que le asoma de las encías hace pensar que, más bien, es una octogenaria. Llegó a Kutupalong en 1992, escapando de otro episodio violento contra su etnia, aunque apunta que esta vez es muy diferente. "En los 90 no asesinaban a tantas personas como ahora. Entonces no nos mataban, solo nos pegaban, violaban a las mujeres y quemaban nuestras casas para echarnos de nuestras tierras", recuerda con serenidad en la puerta de cabaña. Aunque tiene más o menos el mismo tamaño, su casa no es de bambú y plástico como las chozas de los recién llegados. En más de 25 años como refugiada tuvo tiempo para cambiar las cañas por hierros y las lonas por adobe. Hasta tiene una puerta de latón.

"En mi aldea tenía tierras y una pequeña tienda. Éramos agricultores, pero los soldados llegaron una noche, le dieron una paliza a mi marido y me violaron varias veces. También violaron a mi sobrina pequeña. El Gobierno de Birmania ocupó nuestras tierras por la fuerza y tuvimos que escapar", recuerda con la mirada perdida. "Es impactante ver cómo se repite la historia. Es una tristeza enorme saber que los familiares que dejé allí vinieron, 25 años después, a vivir la misma vida miserable que la mía", exclama entre indignada y resignada. De vez en cuando, dice, va a visitar a sus sobrinos que llegaron al campo hace cinco meses. "No nos vemos mucho porque tengo que caminar media hora para llegar a su zona, aunque sea el mismo campamento", lamenta. Pero pese a todo, se niega a regresar a la casa. "Es mejor morir aquí que volver a donde ya no tienes nada. No quiero oír hablar de repatriación si no tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano de Myanmar y me devuelven mis tierras", argumenta.

Por lo menos aquí es una de las aproximadamente 8.000 personas inscritas como refugiadas. Tiene una tarjeta que lo prueba y recibe algo de dinero cada mes de fondos de ayuda humanitaria. Con eso puede poner comida en el plato para ella, su marido y su único hijo. Cuando cae el sol, la visita a Kutupalong termina. "No es seguro", repite en un inglés precario uno de los policías que patrulla el campo. Para ahorrar palabras, muestra en su móvil la foto de un cadáver junto a una de las cabañas del campamento. "Hace 20 minutos de esto", exclama mientras me escolta hasta la salida.

El Gobierno quita hierro a la inseguridad en los campos, donde se registraron por lo menos 16 asesinatos, según un portavoz de la policía de Cox's Bazar, pero el agente de Kutupalong se muestra más preocupado. "Se pelean entre ellos, se quitan cosas o ya tenían problemas entre ellos antes de llegar aquí", detalla el oficial, que prefiere no dar su nombre. El crimen es "insignificante" en los campos, según la Policía, aunque distintas ONG y agencias de la ONU alertaron de la proliferación de trata de mujeres y de menores refugiados en los campos. Lograron huir del genocidio, pero el infierno aún no finalizó.