Con más de 4.000 kilómetros de norte a sur, Chile es una larga y estrecha franja de tierra que recorre el sur del continente americano. Su geografía, conocida en el resto del mundo gracias a la poesía de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, es tan particular como su historia política reciente.

Este país ya dejó de lado la que se había propuesto como la «solución política» a una masiva oleada de protestas por la igualdad que comenzó en 2019 y que sacudió las 16 regiones del país, desde la Antártida, al sur, hasta el desierto de Atacama (el más árido del mundo), al norte. Un intento de cambio constituyente que comenzó a concretarse la finales de 2019, cuando, contra todo pronóstico, los principales partidos chilenos sellaron un pacto histórico para enterrar la ley fundamental vigente. Se llamaba el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y de todas las formaciones políticas (más de quince), solo el Partido Comunista y el Partido Republicano, que nacía en aquel momento, se opusieron al pacto.

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Elaborar una nueva ley fundamental parecía una solución plausible para aplacar las manifestaciones que agitaban el país, las más graves desde la vuelta a la democracia en 1990. Más de 1,2 millones de personas (en un país de 19 millones de habitantes) se manifestaron por el centro de Santiago para protestar contra la privatización de los servicios básicos y por mejores pensiones, sanidad y educación. Las protestas dejaron alrededor de treinta muertos y miles de heridos. También hubo mucha agitación contra las fuerzas de seguridad y más de 4.600 denuncias por violaciones de derechos humanos, según el Instituto Público de Derechos Humanos (INDH), ente autonómico estatal, y otras ONGS internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI).

"Chile despertó"

Las marchas se extendieron por todo el país durante más de un año y personas de todas las edades e ideologías salieron a la calle golpeando ollas y sartenes al son de"Chile despertó". Manifestaciones semejantes se replicaron en otros países vecinos como Colombia o Perú, que vigilaban de cerca lo que pasaba en Chile e imitaron su forma de presionar los gobiernos.

Las calles se llenaron de pancartas y panfletos que pedían una "Nueva Constitución ahora". La actual fue redactada durante el régimen militar y, aunque fue reformada docenas de veces en democracia, es, según los expertos, la semilla del exacerbado liberalismo económico que modela el país. El sistema chileno es muy semejante al modelo estadounidense. Se estableció gracias a los llamados Chicago Boys, un grupo de estudiantes conservadores que se formaron bajo la dirección del economista neoyorquino y premio Nobel Milton Friedman e impulsaron la privatización de servicios básicos como la educación, la sanidad, las pensiones o el agua. Gracias a este modelo, el país triplicó su renta per capita entre 1990 y 2015 y se convirtió en líder de América Latina. Lo llamaron "el milagro chileno".

No obstante, también lo dejó como el país más desigual de la región, junto con Brasil, según la base de datos independiente World Inequality Database (WID). "Este grado de desigualdad fue la causa de las protestas chilenas. La gente veía que el país iba bien, pero no podían pagar la universidad ni siquiera la atención médica sin endeudarse de por vida", explica a Luzes Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales.

El primer intento de cambiar la Constitución comenzó en 2020, cuando el 80% del electorado chileno votó a favor de la elaboración de una nueva Constitución. Posteriormente se eligió una asamblea, mayoritariamente de izquierdas e integrada por un gran número de ciudadanos independientes, sin filiación a partidos. Se escogieron amas de casa, ecologistas, profesores universitarios, abogados para redactar la nueva Constitución… El resultado fue una propuesta ecologista, a la vanguardia del feminismo, considerada con los pueblos indígenas y que protegía algunos derechos básicos como las pensiones o la salud. Fue sometida a un plebiscito en 2022 y fue rechazada con un 62 % de los votos.

Demandas identitarias

Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro —el mayor estudio de opinión pública de la región— explica para Luzes que este proyecto incluía las demandas identitarias de muchos grupos minoritarios, pero no representaba las voces de las grandes mayorías del país.

"Los derechos sociales y las grandes reivindicaciones de las protestas no jugaron un papel importante en esa propuesta", dice. Para el exdiputado constituyente y abogado Fernando Atria, el órgano era un colectivo "muy heterogéneo" y "difícil de articular". Por un lado, el fuerte descontento de las protestas de 2019 fue sofocado por la pandemia, explica el jurista, y, por otro, se llevó a cabo una campaña mediática que pretendía desprestigiar el trabajo de la convención y hacer que pareciera un órgano poco serio.

Durante los meses previos al plebiscito de salida, en septiembre de 2022, se difundieron a través de las redes sociales infinidad de noticias falsas sobre la nueva propuesta constituyente. Desde que, de aprobarse, el Estado no permitiría tener más de dos viviendas en propiedad, hasta que los indígenas tendrían más derechos que el resto de los ciudadanos. Así lo confirman varios estudios académicos, que alertaron sobre el alto nivel de desinformación sobre el proceso constituyente. Una encuesta de la Universidad Alberto Hurtado junto con Criteria determinó que el 71 % de la población consideraba que la campaña electoral era "sucia, con mucha desinformación y mentiras sobre las opciones".

Otro dato fundamental es que el Servicio Electoral (Servel) recibió más de 200 denuncias por la supuesta difusión de noticias falsas. "Chile tuvo una oportunidad muy grande de cambio y está pagando ahora y pagará en el futuro las consecuencias de no tener aprobada esa propuesta", agrega Atria. El gran problema de fondo, añadió, es que el país presenta una doble fractura: una vertical, que divide la izquierda de la derecha y que se acentúa cada vez más; y una segunda, horizontal, que separa el pueblo de la clase política. "Mientras no se cierren estas brechas, Chile seguirá dividido", lamenta.

Ejemplo de progresismo

Mientras elaboraba esta nueva ley fundamental y desde fuera el país era visto como un ejemplo de progresismo dentro de América Latina, los chilenos fueron llamados a elegir presidente en unas elecciones muy polarizadas en las que acabó concurriendo para lo cargo el izquierdista Gabriel Boric, antiguo dirigente estudiantil, y el ultraderechista católico José Antonio Kast. Fue elegido el primero, se convirtió a los 35 años en uno de los mandatarios más jóvenes del mundo y se volvió un icono millenial. Se rodeó de todo un grupo de jóvenes progresistas que saltaron a la política tras liderar protestas universitarias en la década del 2000 y se convirtió en el Gobierno más izquierdista de Chile desde Salvador Allende (1970-1973).

Boric, firme defensor del cambio constituyente, intentó reconducir el fracaso del primer plebiscito y llamó a iniciar de nuevo la elaboración de otra carta magna, recuerda Couso. La sorpresa llegó en 2023, cuando la tarea fue encomendada en unas nuevas elecciones constituyentes a un consejo formado en su mayoría por la derecha y la extrema derecha, con especial protagonismo del partido de Kast. El académico le dijo la Luzes que este vaivén ideológico se explica en buena medida por el aumento de la "percepción de la violencia y del crimen" en el país.

"Boric comenzó a gobernar en un momento muy delicado del país, con una tasa de inflación muy alta debido al contexto global de la pandemia y tras un brote social y un país muy convulso", explica. "Empezamos a ver episodios de violencia que nunca antes habíamos tenido aquí, como sicarios, narcotráfico, robos a plena luz del día… La gente prefirió sacrificar los nuevos derechos que les podía ofrecer una nueva Constitución más progresista para poder mantener la orden", subraya.

Algo semejante ocurrió en otros países latinoamericanos, como en el Salvador, donde Nayib Bukele fue elegido presidente por ese mismo motivo, añade. Este sentimiento de inseguridad produjo un ida y vuelta que llevó al país en menos de cuatro años la, en primer lugar, elegir una asamblea constituyente de izquierdas; después, votar por un presidente progresista; luego, rechazar la propuesta de una nueva ley fundamental y, finalmente, encomendarle la tarea a una convención de extrema derecha y derecha.

Protagonismo

A diferencia del primer intento de cambio constituyente, en este segundo los partidos políticos tuvieron todo el protagonismo, sobre todo los más conservadores, mientras que la ciudadanía independiente y la sociedad civil no estaban representadas.

Los expertos también atribuyen el péndulo ideológico chileno a un factor concreto: la entrada en vigor en 2022 del voto obligatorio, que devolvió a las urnas a un nutrido grupo de entre 6 y 6,5 millones de votantes que llevaban años fuera de las votaciones y cuya intención era desconocida.

En el plebiscito de diciembre de 2023 votaron más de 13 millones de personas, en un país de apenas 19 millones. En el de 2022 hubo 12,7 millones. Sin embargo, en las primeras elecciones constituyentes, en mayo de 2021, acudieron a votar alrededor de 6,5 millones de personas y en las presidenciales que llevaron la Boric a la Moneda (sed del Gobierno) en diciembre de 2021, unos ocho millones.

"El primer plebiscito de 2020 y las elecciones constituyentes de 2021 tuvieron un grupo de electores totalmente diferente al de los últimos comicios", añade Lagos. "Se cambiaron las reglas del juego y, sin duda, el voto obligatorio fue un factor clave que favoreció a la derecha", subraya. Como resultado, ésta ganó el dominio del consejo constituyente, con más de 30 de los 50 escaños del organismo.

Proceso constituyente

Para muchos es una gran paradoja que los más conservadores, que estaban en contra del proceso constituyente en 2020, tuvieran la oportunidad de redactar un borrador de nueva Constitución a su antojo. El resultado fue una propuesta que generó mucha polémica y que, aunque hablaba de un Estado social, contenía varios artículos que, según los expertos, perpetuaban el papel de Estado subsidiario, y alejaban así las grandes expectativas que la izquierda y el centro tenía de establecer un Estado de bienestar.

La propuesta también fue vista con recelo por el movimiento feminista, muy poderoso en Chile, ya que contenía una cláusula que pretendía proteger "la vida del no nacido". Esta norma pudo poner en riesgo a actual Ley del Aborto, que fue aprobada en 2017 y que permite la interrupción voluntaria del embarazo solo en tres circunstancias concretas: no viabilidad del feto, riesgo para la vida de la madre o violación.

También provocó polémica, entre otras, la cláusula de expulsión inmediata de migrantes en situación irregular, que aborda la crisis que se extiende polo norte desde hace cinco años, con cientos de extranjeros abarrotando las fronteras entre Chile, Perú y Bolivia. Las autoridades de la derecha argumentaron que el documento era mejor que la actual carta magna porque respondía a preocupaciones actuales», como la seguridad o las migraciones.

En Chile, la percepción de inseguridad alcanzó el 90% en diciembre de 2023, la tasa más alta de la última década, y el 21% de los hogares afirmaron haber sido víctimas de algún delito, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística de Chile.

Incertidumbre institucional

La conservadora Beatriz Hevia, consejera constitucional del Partido Republicano, afirma que la propuesta "tenía la capacidad de acabar con la incertidumbre institucional y política" que está viviendo el país desde 2019 y añade que Chile atraviesa una "crisis moral y social de grandes dimensiones". "La falta de valores éticos provocó políticas y prácticas que favorecen a unos pocos a costa de la mayoría, lo que amplía las brechas en la sociedad, y alimenta así el descontento social", añade.

Finalmente, la propuesta fue rechazada por el 56 % de los votantes, frente al 44 % que optó por aprobarlo. El resultado fue un jarro de agua frío para el Partido Republicano (extrema derecha), principal protagonista en la redacción del nuevo texto y aspirante a convertirse en la fuerza conservadora hegemónica. El resultado fue también una victoria agridulce para Boric, que lamenta finalizar su mandato sin renovar la ley fundamental pero que celebró el fracaso de una Constitución aun más conservadora que la actual.

El país se queda así con su actual carta magna, una ley que nunca fue ratificada democráticamente, y con la sensación de que nada ha cambiado realmente. Lagos diagnostica que el país tiene una "incapacidad para llegar a acuerdos" que provoca una "grave parálisis", una lacra de la que asegura no saber se se recuperará algún día. La única manera que tiene ahora de canalizar sus reivindicaciones sociales, recuerda la experta, es mediante leyes y reformas constituyentes.

El primer paso, subraya, sería reformar el sistema de pensiones, una de las grandes exigencias de la «explosión social» de 2019. El modelo actual, vigente desde 1981, se basa fundamentalmente en la capitalización individual gestionada por empresas privadas, las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP).

Beneficios millonarios

Mientras estas entidades obtienen beneficios millonarios al invertir el capital recaudado de los contribuyentes, muchos chilenos se quejan de las bajas pensiones que reciben al jubilarse. El Parlamento está discutiendo una propuesta de reforma de la ley vigente, una de las grandes promesas electorales de Boric, aunque no tiene bueno pronostico.

El 24 de enero del 2024 los parlamentarios derribaron el corazón del proyecto: elevar un 6 % adicional las cotizaciones a costa del empleador para destinarlo la un fondo solidario que permita aumentar equitativamente las pensiones.

"Esto ya habla de que los partidos políticos no quieren grandes cambios y no escuchan las demandas de la gente", agrega Lagos. "El país atraviesa una crisis de representación muy grande", dice. Couso añade por su parte que el país está más fragmentado que nunca y sin perspectivas de grandes cambios a corto o medio plazo."«Chile siempre había sido considerado un país modelo. Ahora no sé cuál es su dirección", concluye.