Evo Morales, ex presidente de Bolivia, regresa de Argentina después de un año exiliado y finalizado el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, el que considera una dictadura. Su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó las elecciones con Luis Arce, pero la catástrofe de doce meses atrás aún está muy presente. La localidad boliviana de Senkata, en el departamento de La Paz, vivió los momentos de mayor terror del golpe no declarado en el país a finales de 2019. La intervención militar provocó aquí una masacre de la que se da cuenta en este recorrido por algunos de los sucesos más terribles de la represión aleatoria, en especial contra la población indígena, víctima de vejaciones, acoso, disparos y maltratos.

Martes, 19 de diciembre de 2019. Amanece en el Alto, La Paz. El mismo clima de tensión de días precedentes. Hay bloqueos, disturbios, marchas y manifestaciones multitudinarias. No difiere este ambiente de lo acaecido en otras ocasiones, pero lo que pasará después sentará un precedente, y hará de esta una fecha que recordar y un fatídico día para la democracia y los derechos humanos.

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Mariana Encinas, 22 años y estudiante de Trabajo Social en la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés), es quien nos aporta este testimonio. A eso de las 8.30 baja desde su barrio –uno de los 14 distritos en los que se divide el Alto– a la facultad, en el centro de la capital. Bajar del Alto significa coger una "movilidad" (transporte colectivo), lo más común es un minibús, pequeñas furgonetas japonesas que arrancan una vez llenan la cuota, de 12 a 16 personas, sin contar infantes. El autobús o el taxi es la opción menos económica.

Ya en la estación del teleférico –transporte público que facilita el acceso desde las zonas periféricas al centro de la capital–, se percibe lo que este novedoso medio (cinco años de funcionamiento) supuso para La Paz. Mucha más gente pudo cursar estudios superiores universitarios, y optar a puestos de trabajo a los que de otro modo no tendrían oportunidad, pues el Alto se encuentra a 9 km. del centro y a 500 metros de abrupto desnivel. Sociológicamente, en el teleférico se puede hacer un resumen de la población paceña, cuando menos de los sectores más populares.

Mariana dejó su barrio, el distrito 6, muy próximo a la planta de gas de Senkata, con manifestantes bloqueando los seis carriles de carretera que lo atraviesan, quemando neumáticos, y con las mujeres de "pollera" (falda larga hasta los pies, que forma parte de la indumentaria tradicional de las llamadas "cholas") esperando por la gente que acudía marchando desde zonas campesinas y mineras como Colquiri, Potosí o Corocoro, para sumarse a las protestas. Ella continuó su rutina con cierta normalidad, como tanta otra gente, pues la vida sigue a pesar de los conflictos sociales. No era la primera vez que pasaba en Senkata, porque allí está instalada la YPFB, la planta de gas, en la que en grandes depósitos se almacena este recurso del que Bolivia posee importantes reservas naturales. Este gas se embotella en bombonas y todos los días sale en camiones para ser distribuido en La Paz. Es por esto que unos días de bloqueo a esta planta supone un colapso inmediato en la capital.

El bloqueo de esta planta, acompañado del corte de la carretera RN1 (Ruta Nacional 1), es un recurso utilizado por la población alteña para hacer visibles sus reivindicaciones. En esta ocasión, protestaban por los acontecimientos que desde el 20 de octubre han paralizado el país. Resumiendo: las acusaciones, no poco infundadas, de fraude electoral del partido ganador, el MAS (Movimiento al Socialismo), el claro apoyo de la OEA (Organización de Estados Americanos) a esta versión; la renuncia de Evo Morales a su cargo al frente de la Presidencia de Bolivia, mediante amenaza directa de Williams Kaliman (comandante de las fuerzas armadas) el diez de noviembre; la autoproclamación, el 12 de noviembre de la Senadora del Movimiento Demócrata Social, Jeanine Áñez, como presidenta transitoria hasta nuevas elecciones. Todo esto, acompañado de graves disturbios en las calles; en unos casos provocados como señal de rechazo al levantamiento militar acontecido en Cochabamba, en apoyo al nuevo régimen o gobierno, y el consiguiente levantamiento de delegaciones policiales en diferentes puntos del país

Otro motivo de protestas fue la quema de Wiphalas (bandera de siete colores, que representa los pueblos originarios), que la población indígena –mayoritaria en los censos de población en Bolivia, y de ascendencia aimará, quechua y guaraní– interiorizó como propia. En el año 2009, se incluyó como símbolo nacional en la Constitución, por lo tanto ondea, excepto esos fatídicos días, en los edificios oficiales junto a la bandera tricolor. También, en multitud de casas o negocios de quien con ella se identifica.

La onda de disturbios se tiñó de gestos de venganza de una banda y de la otra; se sucedieron desde agresiones y quema de propiedades a miembros de MAS, a la quema de ocho comisarías (FELCC, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), y estaciones policiales en el Alto, Cochabamba… autobuses municipales incendiados…

Algunos de estos actos resultaron sospechosos de ser realizados previo pago, tanto para dañar directamente a las víctimas de este hecho como para "favorecerlas" a través del cobro de seguros de los bienes quemados, por ejemplo. Las calles ardían con olor a guerra civil, la población echó fuera a sus más apasionados sentimientos racistas contra la población indígena; unos sentimientos que en estos últimos años habían estado enterrados, amansados o simplemente reprimidos; en gran parte por el auge y apoyo que tuvieron en los 14 años del anterior gobierno (en 2010 se promulgó una ley antirracista), que supuso la participación y representación en todos los ámbitos de la sociedad: político, cultural, laboral, educativo… A eso del mediodía, cuando la gente vuelve a sus casas para desayunar, Mariana, nuestra estudiante, de camino a su barrio de Senkata, recibe la llamada de una amiga, advirtiéndole de lo que allí estaba pasando.

Los bloqueos, comunes y a los que ella ya estaba acostumbrada en su corta vida, se habían convertido en algo que ella no conocía. Cuando el minibús paró para bajar su pasaje en el arcén y dar vuelta, comprobó que el paisaje cotidiano se había convertido en la escenografía de una guerra. El cielo completamente cubierto de humo negro, de la quema de neumáticos y blanco de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas armadas, obligaban a la gente a salir de sus casas para poder respirar, sobre todo con niños. En su carrera de regreso a su hogar, vio unas 15 personas llevadas por los aires o en aguayo (tejido tradicional con múltiples funciones), heridas o muertas. Los disparos y los gritos, junto con el ensordecedor rugir de los helicópteros y aviones que sobrevolaban muy bajo el distrito, fue la banda sonora que aterrizó y traumatizó de por vida a su población.

Vio al enfermero que grababa un vídeo en el que solicitaba recursos materiales para continuar socorriendo a la gente que caía baleada. El hombre fue detenido por policías de civil acusado de ejercicio ilegal de la medicina. El dato lo confirmó el Itei (Instituto de Terapia e Investigaciones sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal). Casi dos meses después de los hechos continuaba detenido, sin confirmar el lugar de encierro –en un claro caso de apresamiento abusivo–. En las listas de detención constan menores y personas discapacitadas. Ante la escasez de medios y ambulancias, fue el vecindario quien se organizó para atender a las personas muertas y heridas, y llevarlas a los centros médicos. Cuando Mariana consiguió llegar a la céntrica plaza 25 de julio, muy próxima a la iglesia de San Francisco –espontáneo lugar de reunión, donde brotaban las lágrimas y las primeras ideas–, recuperada la capacidad de pensar con claridad, decidió llamar a la prensa. Nadie acudió, "ya ni la tele vemos, la tele solo dice mentiras". Es la frase más escuchada en el Alto referida a los medios de comunicación, tras la cobertura mediática que ofrecieron de lo allí sucedido. RTP, un medio local, fue el único en interesarse en la emisión de lo acontecido en Senkata. La respuesta gubernamental fue la clausura del canal durante cuatro días. Donaron siete cajones para los muertos de Senkata, que en total fueron once.

El padre Gechy, párroco de la iglesia, decidió abrir sus puertas, lo que convirtió San Francisco en un improvisado velatorio, depósito de cadáveres también. Además de espacio donde recibir a las personas asesinadas, sus flores, velas y banderas, se realizó una autopsia. Las familias querían conservar las balas como pruebas, pues ya se sabía que en los hospitales los informes médicos corroboraban la versión oficial: "las personas en Senkata se mataron entre ellas en los disturbios, pues las balas no eran del calibre utilizado por policía y ejército". El párroco también justifica lo sucedido el jueves 21 de noviembre, cuando millares de personas a pie acompañaron a los improvisados coches fúnebres, en los que las familias subieron los ataúdes con la intención de llegar al centro de La Paz.

Presumiblemente, se dirigían a la Plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio Presidencial, con la intención de hacer visible su situación, y exigir responsabilidades a la actual presidenta, Jeanine Áñez, por estas muertes. Las impresionantes imágenes de la represión por parte de las fuerzas armadas de esta marcha velatorio, dieron la vuelta al mundo. Los ataúdes acostados en el suelo, ante los tanques, y las personas corriendo escapando de los gases lacrimógenos.

El párroco agobiado recriminaba esta acción: "las familias querían ser escuchadas en su sentimiento de dolor, iban desarmadas, buscaban libertad y justicia", "no lleven a esta pobre gente al matadero". Los medios adornaron la versión oficial gubernamental, con los calificativos de "terroristas, vándalos, borrachos, delincuentes, vagos…", con la consiguiente criminalización del casi millón de personas que viven en el Alto, la segunda ciudad más grande de Bolivia. La población alteña se autodefine como humilde y ultratrabajadora, un 70% ejerce trabajos informales, las mujeres son "mañaneras" acuden a las cinco de la madrugada a abastecerse de productos alimentarios donde los propios productores o intermediarios, que después venden en los mercados al aire libre, un gran número de ellas criando bebés, que portean y amamantan como siempre se hizo; los hombres se dedican a la albañilería, mecánica... Mucha gente nueva cursa estudios universitarios, la UPEA (Universidad Pública del Alto) se fundó en el año 2000. En general, la boliviana es una sociedad muy nueva, con un promedio de 2,84 hijos por mujer.

Un ejemplo de esta gente nueva y luchadora es Maria Cristina Quispe, de 21 años, viuda de José Tenorio Mamani, de 23, y madre de Diego, de un año. Su hombre falleció en el acto de un disparo recibido en un costado que le destrozó las costillas, el corazón y el pulmón. Era mecánico cerrajero y había salido de casa el martes para ir al banco. No había podido trabajar en días precedentes por los bloqueos. En los testimonios de las personas que entrevisté, coincide el argumento de la accidentalidad pura y todas son personas jóvenes, sin militancia política de tipo ninguno, que no estaban bloqueando ni manifestándose. Desde luego que había gente en la calle en Senkata luchando por sus derechos y defendiendo sus recursos, representados en la planta de Senkata. La gente tiene derecho a manifestarse, incluso con piedras y palos en las manos. También coincide, en la mayoría de testimonios de las familias de personas asesinadas, la parte del cuerpo en la que recibieron los balazos: cabeza o tórax, lo que evidencia que los disparos vinieron desde posiciones superiores. Distintas testigos hablan de francotiradores en edificios o helicópteros.

De las familias que quisieron contar su historia, lo que muestra una ausencia de miedo a las represalias –recordemos que las acusaciones a las que se enfrentan son las de sedición y terrorismo–, encontramos también el argumento coincidente de que la persona estaba socorriendo a algún herido. Puede ser un recurso que la familia utiliza para soportar el duelo, puede que la idea del hijo o hermano muerto en una acción heroica. Resulta creíble que así fuese, hacer blanco en una persona que está parada atendiendo a otra herida, más que acertar a alguien en movimiento o pendiente de los tiradores. La masacre se perpetró a lo largo de todo el día, no fue en un momento concreto. Los disparos hacen escapar a la gente y permiten que puedan salir los camiones cargados de bombonas escoltados de la fábrica, pues ese era el motivo por el que el ejército y la policía acudió a la planta YPFB de Senkata (a día de hoy fuertemente custodiada por militares, en algunos casos de muy corta edad), escoltar a los camiones en su entrada y salida de la fábrica.

Lógicamente, tenían que solucionar la problemática del bloqueo, que no les permitía esta salida. Según Fredy Rojas, nuevo líder de la FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales) del Alto, el 17 de noviembre recibieron una misiva de la ministra de Comunicación ofreciendo diálogo, el 19 recibieron la segunda, que no fue contestada, pues en ese mismo día se cometió la masacre. En las imágenes a las que tuve acceso de lo sucedido en esos días, solo hay fotografías y vídeos tomados por las familias de los asesinados, o testigos directas, para contrarrestar las miles de fake news vertidas en las redes (hablan de cientos de miles de nuevas cuentas de Twitter en los días de las revueltas, todas de seguidores de Áñez y Camacho). No aprecié que la gente se defendiese o atacase con nada más que sus manos desnudas o armadas con piedras y hondas.

Las testigos dicen que los muros de bloques de la factoría las derribaron con sus manos, pues ejército y policía estaban metiendo personas muertas y heridas a la planta, posiblemente para hacerlas desaparecer. La versión oficial argumenta que los vándalos y terroristas alteños poseían dinamita, con la que derribaron estos muros, con el consiguiente peligro que supondría para la población hacer explotar cargas de dinamita en las cercanías de depósitos de gas. Lo que desde los medios no se formula, ni la opinión pública saca a colación, es el peligro intrínseco de la localización de esta planta tan próxima a un núcleo urbano tan densamente poblado. Planta desde la que no hubo problema en disparar a la población desarmada, según el testimonio del padre Guechy, que tuvo acceso a ella en días posteriores a la matanza, junto con la representación de la defensa del pueblo y de derechos humanos. Encontraron muchas vainas de bala de tres calibres diferentes. En muchos lugares de las calles de Senkata se pueden apreciar los huecos dejados por los balazos, por ejemplo en un comercio, en el que el vendedor conserva la bala, y describe el lugar desde el que fue disparada.

El escenario de guerra se extendió por las calles de los barrios de Senkata. Como puede verse en imágenes cedidas, hay militares con uniforme de camuflaje en colores marrones y ocres, en sintonía con el color de los ladrillos de adobe de las construcciones, y los rostros cubiertos. Emboscados, disparando sus fusiles, claramente se aprecia que no están disolviendo una manifestación. En otras imágenes la policía dispara con escopetas de perdigones a grupos de manifestantes parapetados tras las esquinas de los edificios, armados con palos, piedras y rudimentarias hondas, sin cascos ni ningún tipo de protección.

Los heridos que acuden a los centros de salud, muchos no lo hicieron y muchos escaparon o pidieron el alta voluntaria, testimonian, en la mayoría de los casos, horribles historias de los maltratos recibidos por el personal médico: desde no recibir atención y tener que marchar a otro centro médico, a no recibir sedación, tener que pagar por placas o transfusiones (1200 BS, pesos bolivianos, unos 170€ cuando el salario medio de un obrero es de unos 2400 BS, unos 340 €), a la violencia verbal, con amenazas de ser denunciados y detenidos, o mala praxis. Hay un alarmante número de heridos que recibieron el alta hospitalaria con los proyectiles alojados en su cuerpo, siendo la recomendación médica hacer una vida normal, en una clara muestra de violencia y tortura institucional, infringida por el colegio médico a un sector concreto de la población. Muchas de las personas afectadas por este trato y por estas prácticas médicas, acuden al Itei, institución fundada y presidida por Emma Bolshia, en la que junto a un equipo multidisciplinar –formado por un cirujano, una psicóloga, un psicoanalista especializado en psicotraumatología, un abogado y becarios especializados en derecho, psicología, ciencias políticas o medicina–, trabajan en el centro desde hace 14 años. Bolivia era el único país sudamericano que vivió una dictadura (Hugo Banzer Suárez 1971-78) sin centro para la rehabilitación de víctimas de la tortura. Su fundadora fue refugiada política en Chile y Suiza, hasta que retornó hace 14 años, y puso en marcha el Itei. Actualmente, con una oficina en el centro de la capital, La Paz –pues la sucursal de Cochabamba tuvo que ser cerrada por la represión gubernamental–, que utiliza la metodología de la burocracia imposible, requisitos muy difíciles de conseguir, o que cambian una vez cumplidos, que derivan en multas o impuestos muy elevados, y resoluciones que adquieren tiempos de espera infinitos…).

En el Itei ofrecen, además de formación, trabajos que van de la memoria histórica y el deber de restitución, mediante publicaciones e informes, a intervenciones directas en casos de crisis. En la mañana que acudí a su sede pararon a dos personas: la primera es Jose Manuel Cono Itusaca, de 16 años, estudiante de tercero de secundaria que acudió acompañado de su madre, Lola Itusaca, de 40 años. Lo hirieron en Senkata cuando regresaba a su domicilio en la Ceja: "los militares disparaban indiscriminadamente". Recibió un tiro en la cadera, el proyectil se alojó cerca de su pelvis. Lo trasladaron al hospital holandés y tardaron mucho en atenderlo, otros heridos marcharon a otros hospitales. Estuvo ingresado cuatro días, el doctor dictaminó que su situación no era tan grave, y que podía hacer vida normal. En el Itei dudan de los criterios médicos que están siguiendo para dar altas en estas condiciones. De este mismo centro médico, el Hospital Holandés, existen testimonios de amenazas a pacientes, en este caso cumplidas pues la doctora María Flores los fotografió y llamó a la policía, que acudió para llevarlos detenidos. Las principales acusaciones en la multitud de detenciones arbitrarias que se sucedieron en estos días fueron: sedición, instigación pública a delinquir y asociación delictiva, cuando no terrorismo.

A este joven de 16 años, la ayuda que le brinda el Itei, además del estudio y seguimiento de su caso, va a ser el acompañamiento a un centro médico donde le extraigan quirúrgicamente el proyectil además de intentar estar presentes durante la intervención para comprobar y testimoniar que todo se realice de manera correcta. Tener desconfianza en estos días en Bolivia, y con los casos a los que se enfrentan en el Itei, parece lo más lógico, sin ninguna traza de paranoia o exageración. Marcelo, el cirujano que realiza las intervenciones en el instituto, se está encontrando con "novedades" que intranquilizan y horrorizan a partes iguales. En comparación con las intervenciones que realizaron en 2003, en la masacre del "octubre negro" –en la que las protestas por la defensa de la nacionalización del gas finalizaron con más de 60 personas muertas–, señala que, en la actualidad, las heridas de bala en contacto con el cuerpo hacen un estrago similar a una bala disparada a una corta distancia o a "quemarropa", cuando las personas heridas declaran que el disparo fue realizado a una distancia entre 100 y 150 metros; con respecto a los perdigones, en 2003 eran más fáciles de extraer, pues permanecían a flor de piel, mientras que hoy atraviesan el músculo, provocando un mayor daño físico, y dificultan su extracción quirúrgica. Además de las dudas que presentan sobre su composición, plomo en un principio –metal ya de por sí bastante nocivo para la salud–, mas como novedad existe la posibilidad de que en su composición incluyan mercurio, pues así lo confirman analíticas realizadas en Chile, con los perdigones utilizados en la represión de la actual revuelta.

Estamos hablando de nuevo y desconocido armamento y balística, hablamos de muchos de los ingredientes que conformaron históricamente las dictaduras: represión brutal de la oposición por parte de las fuerzas armadas, policía, ejército y paramilitares formados exprofeso en emplazamientos desconocidos para esta causa; la impunidad que se les concedió mediante el decreto supremo 4078, entre los días 14 y 28 de noviembre promulgado por la presidenta transitoria, justificó la brutalidad en los medios utilizados. Represión desde las instituciones, colegio de médicos en el punto de mira como puntal del actual gobierno, y sus métodos poco ortodoxos. Control de la información y de los medios de comunicación.

Elevadas cifras de personas asesinadas –34 muertos–, más de 800 heridos y más de 1200 personas detenidas, segundo los listados oficiales, en los que no aparecen las personas desaparecidas, o que no acudieron a los hospitales. En estas listas, figuran muy pocas mujeres detenidas y ninguna asesinada, cuando testigos dan cuenta de casos de mujeres baleadas y desaparecidas. La única explicación que encontré para este dato es la doble culpabilidad a la que se enfrenta una mujer, o la familia de una mujer que denuncia. Lo que significaría una implícita acusación de estar participando de los bloqueos y manifestaciones, o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento erróneo. ¿Podría la sociedad boliviana eminentemente machista y patriarcal aceptar que una mujer estaba en la calle participando en el bloqueo en lugar de estar en casa cumpliendo con funciones menos visibles? El miedo omnipresente, el miedo que domina todo, los testigos y las denuncias.

La gente que habla es porque ya no tiene nada, o poco que perder. Hablan desde la desesperación, desde una situación insostenible, buscando en su interlocutor la ayuda que tanto precisan, y no llega de ningún sitio, excluyendo las pocas asociaciones que prestan atención a estas familias. Es espantosa la situación de Elvis Mamani Choque, de 22 años. Conocí su caso en el Itei, junto a una brutal imagen de su herida; casualmente conocí a su madre Martina Choque, de 59 años, en Senkata, en la kermés (fiesta popular) que se celebró el domingo 8 de diciembre. Fue el primer acto de apoyo a las víctimas; con los conciertos celebrados y la venta de comida, recaudaron fondos para apoyar las víctimas. Dinero que precisan desesperadamente. Las viudas con hijos que mantener lo tienen muy difícil para sacarlos adelante ahora mismo. La familia Mamani Choque también. Elvis, de 22 años, fue herido de bala en el gemelo. Se encontraba en una calle prácticamente vacía, por lo que, quien disparó fue, presumiblemente un francotirador. La bala le fracturó el hueso en pequeños trozos que quedaron alojados en su músculo. Fue ingresado en el Hospital Corea, del que relata un cuadro de maltrato y violencia horrible: apenas se le suministraba sedación y la familia tuvo que comprar los medicamentos, pues en el hospital le dijeron que carecían de ellos. Las operaciones salieron mal, el músculo no estaba bien limpio, se infectó y gangrenó. El doctor lo amenazó, lo acusó de vándalo, de ser masista (desde la renuncia de Evo Morales, ser favorable a su partido, es sinónimo de delincuencia para cierto sector de la población). Culpabilizó al MAS de la carencia o ausencia de medicamentos y, finalmente, el tratamiento que se le ofreció a su gemelo gangrenado fue la amputación de la pierna desde la ingle. Desde el ITEI, cuando fui derivada a este caso, aportaron datos sobre amputaciones innecesarias, desde tobillo y rodilla, en el llamado octubre negro de 2003. Se podría considerar este caso como un ejemplo de torturas dentro de un marco de represiones sistemáticas, con una misma metodología aplicadas en Bolivia en diferentes épocas. La familia decide trasladar el herido a otro hospital, en este caso el Hospital Brasil (privado) donde me entrevisto con la familia al completo, y me permiten retratarlos. Como punto y final a su historia de terror, en el Hospital Corea no les quisieron proporcionar su historial antes del traslado, por lo que este se realizó sin anestesia ni medicación. Recordemos que era la familia la que compraba y suministraba los medicamentos prescritos.

En el nuevo hospital el trato fue correcto y el tratamiento adecuado (toda la musculatura del gemelo fue extirpada). La situación a la que se enfrenta esta familia alteña, de origen rural (del pueblo de Ilimani, donde una hermana que vive de la agricultura nos habla de los numerosos e indispensables cambios que el gobierno de Morales supuso para su pueblo, desde tener electricidad la carretera…) aimara hablante y muy humilde, además de replantear el futuro que le espera a Elvis –con una evidente limitación física de por vida, y un hijo de dos años– es una factura de 40.000 BS (unos 7000€) que no pueden pagar.

Escuchar a gente de Senkata es un arroyo de historias desesperadas, de lágrimas en los ojos y rabia que no se puede reprimir. Yosimar Choque Flores, de 24 años, llora porque ya no tiene para comprarles comida a sus dos hijas, de tres años, y una bebé de meses. Trabajaba como albañil. Lo hirieron en un brazo de camino al banco a pagar una letra y la bala le rozó el pecho. Tuvo suerte. Pidió el alta voluntaria en el Hospital Corea cuando policías vestidos de civil llegaron a intentar detener a los heridos.

Estos son solo unos ejemplos de personas heridas. En total hay más de 800 en las listas oficiales. Las cifras reales son mucho más elevadas, un dato que puede indicar la relevancia de estos hechos y lo que supondrán en el imaginario colectivo a largo plazo. El trauma y la herida que permanecerán abiertas mientras no se haga justicia.

Justicia es lo que reclaman en Senkata. Las hermanas Condori Morales: Natividad y Vilma, de más de 60 años y recordando a las Fandiño compostelanas, Maruxa y Coralia, en su estética alegre, pose y actitud, que expresan su descontento y declaran sus reivindicaciones: "Nos quieren cerrar la boca y que no expresemos lo que le tenemos que exigir al gobierno; que no nos discriminen por vestir 'polleras'. Vamos a luchar hasta el último suspiro. Salimos a la calle sin dirigentes, autoconvocándonos, no somos de partido ninguno, somos del campo. Sufrimos discriminaciones graves, y no hay culpables. Esto no va a quedar así".

La discriminación de la que hablan las "cholas" son los insultos y vejaciones a las que son sometidas las mujeres que visten con el atuendo tradicional: desde tirarles de las trenzas a obligarles a quitar sus identificativas faldas largas, siendo acosadas en sus puestos de venta, afectadas económicamente desde el comienzo de la crisis además de por la subida del dólar. Hay personas que acuden a intentar tirarles los precios a la baja, y a vejarlas: "campesinilla, maleante, narcotraficante, masista, trostkista…", son algunos de los insultos que utilizan las "pititas", mujeres de mediana o avanzada edad, seguidoras del MSD (Movimiento Social Demócrata) y colaboradoras, junto con los "motoqueiros" –personas relacionadas con la Resistencia Juvenil Cochala que, en moto, cometieron actos vandálicos– de instaurar el régimen del terror racista, sobre todo en Santa Cruz y Cochabamba, contra la población indígena.

Corroboro estos insultos, que se producen a diario desde el no proclamado golpe, ya que fui receptora de los mismos, o parecidos frente al Palacio Presidencial, al que acudí para dar cobertura a una reunión entre representantes de las familias de las víctimas de Senkata y derechos humanos del Alto, y el Senador Pedro Montes, el lunes nuevode diciembre. Un grupo de estas mujeres protestaba contra la Ley de Garantías que se estaba debatiendo en el Senado, mientras esperaban por la presidenta que a la noche celebraría un acto de encendido del alumbrado de Nadal.

El motivo de la reunión era el pronunciamiento frente la indemnización de 50.000 BS (unos 7142€) aproximadamente, ofrecida a las familias de los asesinados, que fue rechazada de pleno. Entre las demandas que presentaron están: el establecimiento de una renta vitalicia hasta la mayoría de edad de los hijos de los asesinados, en el caso de tenerlos; la inclusión de las personas heridas en las indemnizaciones o que se identifique y juzgue los culpables de la masacre. Ante la respuesta negativa del gobierno, al día siguiente comenzaron una huelga de hambre, estableciendo todos los días una mesa informativa y de recaudación en la plaza 25 de julio de Senkata.

En el exterior de la iglesia de San Francisco, un niño llora mientras un amigo intenta convencerlo para entrar; dentro se celebrará un espectáculo de payasos, fuera el niño tiene miedo de los muertos de la iglesia. Así crecerá este niño, traumatizado por lo sucedido en la denominada masacre de Senkata, sin ningún tipo de medida gubernamental de apoyo a la población que la sufrió. Bajo el sol y el clima del altiplano, frente al majestuoso paisaje andino… Y sobre la mayor reserva de litio mundial.