Guatemala en 1982 estaba bajo el mandato de Ríos Montt y en pleno conflicto armado. El ejército llevaba a cabo una violencia brutal contra el pueblo pero, sobre todo, contra las comunidades indígenas. En este año fue cuando llegaron los militares en el destacamento de Sepur Zarzo a la comunidad de Maya Q’eqchí. Lo que vino después fue lo que ocurría casi comúnmente tras la llegada de los soldados: desapariciones forzosas, asesinatos, esclavitud y violencia sexual.

Esto fue lo que sufrieron durante seis años hasta 71 mujeres en la comunidad de Izabal. Perdieron a sus familias, sus pertenencias y hogares y fueron esclavas domésticas y sexuales de los militares. Sólo han sido 15 las que se han atrevido a denunciarlo en un caso que, tras 35 años, ha llegado a los tribunales. Ahora ha marcado un hecho histórico porque se condena, por primera vez en el mundo, la esclavitud sexual como crimen de guerra desde un tribunal nacional. En España las abuelas de Sepur Zarco, víctimas de esta violencia, han sido galardonadas por los premios de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE) junto con Iván Aparicio de la Asociación de Recuerdo y Dignidad y Memoria Pública del diario Público.

El largo camino que han recorrido las 15 mujeres para denunciar en los tribunales ha conseguido que los crímenes sean condenados con una sentencia ejemplar para delitos de violencia sexual. El teniente Esteelmer Reyes, jefe del ejército militar, ha sido penado con 120 años de prisión y el exparamilitar Heriberto Valdez Asij, otro de los dirigentes en Sepur Zarco, a 210 años. 

"No nos esperábamos nada. Vivíamos tranquilas en nuestra comunidad cuando llegó el ejército. Se llevaron a mi esposo sin que él hiciera nada, sólo trabajaba en la tierra, pero 35 años después seguimos sin saber dónde está". Esto es parte del relato de Carmen Xol Ical, una de las mujeres indígenas que fue víctima de la violencia sexual del ejército en Guatemala. Como su marido, otras 45.000 personas desaparecieron en toda Guatemala durante el conflicto interno.

"Mi familia quedó totalmente destruida" - continúa -, "los soldados me obligaron a irme al destacamento militar. Me obligaron a trabajar allí y tuve que dejar a mis ocho hijos solos. Ni siquiera bajo una casa, sino bajo un techo de nylon que yo misma había construido. No podíamos oponernos a trabajar allí porque teníamos mucho miedo de las armas".

Así, comenzó Carmen a ser "esclava doméstica" de los militares. Meses después, también comenzó a ser esclava sexual, como otras 70 mujeres de su comunidad: "Cuando no trabajábamos en el destacamento, lo hacíamos desde casa. Teníamos que preparar sus comidas comprando los alimentos con nuestro propio dinero, y después de cocinarlos los mandábamos. También teníamos que lavar sus ropas y limpiar el destacamento. Al paso de unos meses comenzamos a ser violadas, de forma casi diaria, por los militares".

La violencia sexual en tiempos de guerra

La violencia sexual es la forma de violencia más común usada contra las mujeres, y durante tiempos de guerra llega a ser sistemática. Lo que ocurrió en Sepur Zarco, pasó en otras comunidades indígenas. Elena es otra de las sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno de Guatemala, violada al mismo tiempo que Carmen pero en otro lugar, en el destacamento militar de Tzalbal, en el departamento de Quiché. La primera vez que fue violada fue junto con su madre con 12 años. La madre ni siquiera sobrevivió a las agresiones.

Pero la violencia sexual como arma de guerra no es solo usual en Guatemala. Es común alrededor de todo el mundo y una de las violencias que más afectan a las mujeres que se utiliza como estrategia militar intencionada que busca aterrorizar, degradar y derrotar a toda una población. 

Carmen Xol Ical, sobreviviente de esclavitud sexual / Mujeres Transformando el Mundo

El caso Sepur Zarco en los tribunales

"Nosotras no podíamos denunciar hace unos años porque nadie nos hacía caso. Ahora gracias a todas las organizaciones que nos han ayudado (principalmente por la Alianza Rompiendo el Silencio, integrada por ECAP, UNAMG y Mujeres Transformando el Mundo) podemos contar lo que nos hicieron", explica Carmen. Gracias a esto, perdieron el miedo y se rompió la impunidad de la que se beneficiaba la institución militar. Aunque un supuso un reto para todas ellas: "Teníamos obstáculos por todas partes porque para los tribunales sólo era un caso de más de mujeres que no llegaría a ningún lado", relata la abogada.

Había otra barrera que impedía denunciar, la lingüística: "Ninguna de las mujeres sabían hablar castellano", aclara Vilma Chub, una de las jóvenes que participó en la trabajo psicosocial para ayudar a las víctimas a explicar las violencias que habían sufrido. De hecho, no sabían ni leer ni escribir, y cuenta que en sus idiomas tampoco existen “unas palabras que definan la violencia sexual como sí la tenemos en castellano”, por lo que las víctimas ni aún queriendo podían explicarlo. Sólo se consiguió conocer lo que realmente había ocurrido tras mucho tiempo de trabajo.

En 2009 comenzó el proceso judicial y se comenzaron a juntar los testigos para presentar las denuncias contra el ejército y el estado. La querella se inició en el 2010 cuando se consiguió el primer paso y se reconoció en los tribunales la violencia sexual como crimen de guerra dentro del conflicto armado de Guatemala. En 2011 se interpuso otra demanda ya denunciando la esclavitud doméstica y sexual de las mujeres y las desapariciones forzosas y asesinatos de sus familias como delitos de lesa humanidad. En 2012 las víctimas declararon, comenzaron las exhumaciones y a investigarse los hechos.

El teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón (d) y el exparamilitar Heriberto Valdéz Asij (i) escuchan condena ante un tribunal en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Reparación para la comunidad y condena de 360 años

Después de tantos años, los hechos han sido demostrados y los culpables condenados: en total, Esteelmen y Heriberto suman una condena de 360 años y  deben pagar a cada una de las víctimas 500.000 quetzal, aunque ambos se declararon insolvente quedando libres de las multas económicas.

Ante esto se pidió otra condena, quizás la realmente más novedosa y transformadora del proceso. Al conseguir que las condenas se reconocieran por "delitos contra la humanidad", también se consiguió una reparación a toda la comunidad y se ha emitido una sentencia con 16 medidas para los pueblos indígenas que van desde la construcción de un hospital hasta las mejoras en escuelas o becas en educación para los hijos. De hecho, no se pide la reparación sólo a los condenados, también a todo el estado al no intervenir para parar los delitos del ejército, por lo que el gobierno también es culpable.

"Lo que queremos es que estos hechos ya no se repitan nunca más. Nuestra lucha es para que lo que nos ocurrió a nosotras no le ocurra a nadie más. Por esto no nos rendimos", explica Carmen. Las abuelas de Sepur Zarco han conseguido así una sentencia histórica y un ejemplo mundial para las víctimas de violencia sexual.