El Vaticano afirma que los crímenes de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes o religiosos deberían transmitirse 'siempre' a las autoridades civiles competentes. La normativa de la Iglesia así lo indica desde hace años, según señala un documento publicado en la página web de la Santa Sede.

Bajo el título Guía para entender los procedimientos básicos de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre acusaciones de abusos sexuales, el documento expone las principales medidas que la Santa Sede sigue para hacer frente a este tipo de delitos.

'En realidad no añade nada nuevo, sino que se trata de una síntesis de los procedimientos que la Congregación para la Doctrina de la Fe sigue desde hace muchos años', explicó el subdirector de la sala de prensa del Vaticano, Ciro Benedettini.

El Vaticano ha decidido publicar ahora estas líneas guía 'por un motivo de transparencia y para ayudar a comprender mejor el modo en que son afrontados estos casos', añadió.

La pena más grave para un cura pederasta es la reducción del estado clerical.

En el proceso de investigación interno que lleva a término la Iglesia es 'la diócesis local' la que 'investiga las acusaciones de abusos sexuales a menores por parte de un sacerdote'. Si éstas 'tienen semblantes de verdad, se informa a la Congregación para la Doctrina de la Fe' a la que el obispo local debe transmitir 'toda la información necesaria', además de expresar 'su opinión sobre los procedimientos que deben seguirse y las medidas que deben adoptarse a corto y largo plazo'.

'El obispo debe imponer medidas de precaución para salvaguardar a la comunidad, incluyendo a las víctimas'. En particular, está en su poder el 'proteger a los niños restringiendo las actividades' del sacerdote presuntamente abusador, detalla el documento.

Si el sacerdote es declarado culpable, la pena más grave que se le puede imponer es la reducción del estado clerical.

En algunos casos considerados especialmente graves, 'en los que un tribunal civil ha declarado culpable a un clérigo por abusos sexuales' o cuando las pruebas son 'evidentes', pueden ser sometidos al Papa que puede decretar directamente la reducción del estado clerical.