La ultraderecha dicta la política de inmigración en Europa

La extrema derecha marca el paso. El auge de los partidos racistas desde que arrancó la crisis económica ha llevado a distintos gobiernos a endurecer sus políticas de inmigración ante el miedo de perder votos por su flanco derecho. El último ejemplo de una larga lista lo ha protagonizado Reino Unido. El primer ministro David Cameron anunciaba el lunes nuevas medidas para endurecer el acceso de los inmigrantes, incluidos los comunitarios, a las prestaciones sociales. En el trasfondo de esta decisión se sitúa el éxito en las encuestas del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), una formación con un discurso euroescéptico y antiinmigración.

Hay abundante bibliografía que analiza las causas de este nuevo auge de la xenofobia o el racismo. Un informe del Consejo de Europa -organismo independiente de la Unión Europa que vela por el cumplimiento de los derechos humanos- señaló directamente a la política de recortes de la Unión Europea como culpable del aumento del racismo y acusó a los partidos políticos de utilizar a los inmigrantes como cabezas de turco ante el recorte en los servicios sociales.

El aumento del desempleo, la saturación de los servicios públicos y unas perspectivas de futuro más que inciertas han servido de caldo de cultivo para el florecimiento de una larga lista de partidos políticos xenófobos tales como Unión por el Futuro de Austria (BZÖ); los Verdaderos Finlandeses en Finlandia; el Partido por la Libertad (PVV) en Holanda o Amanecer Dorado en Grecia.

El Consejo de Europa culpa a la política de austeridad de la UE del incremento del racismo

La ideología que subyace a estos nuevos partidos de tinte xenófobo suele ser la misma: primero los ciudadanos autóctonos, después el resto. La falacia de la economía globalizada tiene este tipo de cosas. En una Europa deprimida desde el año 2008, los gobiernos de la Unión buscan inversores chinos para salvar la industria y acuden a jeques árabes para reflotar el sistema financiero patrio, pero con la otra mano restringen la llegada de nuevos inmigrantes, endurecen las condiciones para obtener la residencia o refuerzan la identidad nacional bajo la excusa de una deseada cohesión social.   

En Francia, en el año 2011, el Gobierno de Nicolas Sarkozy endureció las condiciones de acogida de personas extranjeras en suelo francés. El Ejecutivo ultraderechista de Hungría ha convertido el nacionalismo y el racismo en el ADN de la acción de gobierno señalando a los gitanos y a los judíos como los grandes culpables de los males de la patria. En España, el Gobierno de Mariano Rajoy excluyó a los inmigrantes en situación irregular del Sistema Nacional de Salud alegando un supuesto abuso por parte de los extranjeros de los servicios sanitarios estatales. Idéntico argumento ha sido esgrimido por Cameron.

Sin embargo, ninguna de estas justificaciones dispone de una base empírica que la sustente. El milagro económico español no hubiese sido posible sin la mano de obra, barata, de la población inmigrante; y, no hay ningún estudio, dato o estadística que demuestre que la tasa de criminalidad es mayor en la población inmigrante que en la autóctona.

El miedo que produce una economía quebrada, un mercado laboral hecho trizas y unas perspectivas de futuro más que inciertas no entiende de datos ni alegatos racionales y en la base de la nueva oleada racista hay que buscar elementos emocionales asociados a la inseguridad que produce. Europa está llena de ejemplos.

La inmigración se ha convertido en uno de los caballos de batalla del Gobierno de Cameron, que ha prometido reducir para 2015 la cifra de inmigrantes sin papeles de “cientos de miles a decenas de miles”. Para ello, ha endurecido el sistema de inmigración por puntos y, entre otras medidas, la Agencia de Aduanas entrevistará a más de 100.000 personas de fuera de la Unión Europea con visado de estudiante para asegurarse de que de verdad estudian.

Asimismo, el primer ministro británico ha anunciado que restringirá el acceso de los nuevos inmigrantes a la sanidad pública, el paro o las viviendas subvencionadas, como parte de un plan para reducir "radicalmente" el número de extranjeros que llegan cada año al país.

 Al giro de la política migratorio de Cameron se ha apuntado también su socio de gobierno y líder liberaldemócrata, Nick Clegg, que ha propuesto como medida para atajar la inmigración ilegal que las personas que llegan al Reino Unido con un visado temporal depositen una fianza para garantizar que no se quedan más del tiempo autorizado.

En el trasfondo de este giro derechista en la política migratoria se encuentra el auge del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), liderado por el euroescéptico y antiinmigración Nigel Farage, quien se sitúa en los sondeos con un 18% de intención de voto gracias a un discurso nacionalista que enfrenta la pérdida de bienestar de la sociedad británica con la supuesta llegada masiva de inmigrantes.

La deriva derechista en la política migratoria que vive el Reino Unido tuvo su espejo en Francia hace apenas un año. Marine Le Pen, candidata del ultraderechista Frente Nacional, consiguió el 17,9% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2012 rompiendo el récord que conquistó su padre en 2002 al conseguir ser el partido más votado entre los electores de 35 a 44 años.

La líder ultraderechista acusó a la inmigración, oficialmente evaluada en 200.000 entradas al año, de ser la responsable de todos los males y prometió reducir la llegada de nuevos inmigrantes en un 95%, es decir, limitarla a 10.000 entradas anuales.

El debate sobre la inmigración no era nuevo en Francia y el expresidente, Nicolas Sarkozy, no dudó en entrar de lleno en él: “Si las fronteras de Europa no se protegen de una inmigración descontrolada, de la competencia desleal y del dumping, ya no habrá un modelo francés y tampoco una civilización europea. Si construimos Europa es para estar protegidos, no para dejar que se destruyan nuestra identidad y nuestra civilización” aseguró Sarkozy, que debía asegurarse para sí los votantes que se habían esfumado por el ala derecha.

Su búsqueda por el electorado conservador le llevó a aprobar en mayo de 2011 la quinta Ley de Inmigración de Francia desde 2003 que, en la práctica, supone el endurecimiento de las condiciones de acogida de personas extranjeras. En un principio, la ley contemplaba la retirada de de la nacionalidad a las personas naturalizadas en Francia que atentaran contra policías y agentes de la autoridad. Finalmente, Sarkozy tuvo que echar marcha atrás en este aspecto.

Asimismo, proporcionó una cobertura legal para expulsar a los inmigrantes gitanos provenientes de Rumanía o Bulgaria tras el escándalo de las expulsiones de gitanos en el verano de 2010. La ley francesa también recoge la prohibición de la "mendicidad agresiva", esto es, la "ocupación ilegal de un terreno público o privado" o "resultar una carga no razonable para el sistema de seguridad social".

También el socialista François Hollande, a la postre vencedor de las elecciones, cedió a la presión de Le Pen y aseguró días antes de la segunda vuelta de las presidenciales que si él ganaba limitaría el número de inmigrantes que entran en el país y ratificaría la ley que impide a las mujeres llevar el pañuelo islámico en público.

La llegada de Monti, la crisis de la deuda, los escándalos de Berlusconi y, recientemente, las elecciones al Parlamento italiano, han aparcado el debate sobre inmigración en el país transalpino. No obstante, el debate migratorio explotó en Italia en el año 2008, al poco de comenzar a vislumbrarse los primeros efectos de una crisis económica que ha terminando golpeando los cimientos de los estados del bienestar europeo.

En el año 2009, en plena escalada de violencia xenófoba, el gobierno decretó, bajo la influencia de la Liga del Norte, un “paquete de seguridad” de medidas que pretendían atajar la inmigración ilegal. La norma estrella suponía calificar la inmigración ilegal de delito castigado  con penas de prisión de entre uno y cuatro años. El informe Raxen sobre discriminación étnica y racial de 2007 detectó en Italia 203 episodios xenófobos, 94 de ellos con agresión física y verbal y 40 protagonizados por políticos.

No obstante, fue en el año 2011, con la explosión de la primavera árabe y la llegada de inmigrantes tunecinos a las costas del sur de Italia, cuando el ejecutivo de Berlusconi radicalizó aún más su política migratoria. Instauró la obligatoriedad del examen de italiano para renovar los permisos de residencia y el visado por puntos para todos los inmigrantes y amplió de seis a 18 meses el plazo máximo de retención a ciudadanos extranjeros en los centros de expulsión.  

El espacio político de la ultraderecha holandesa está protagonizado por el Partido por la Libertad (PVV) que dirige Geert Wilders y que se encuentra en claro declive tras su fracaso electoral en septiembre de 2012. Sin embargo, el eco del éxito de Wilders, sostén parlamentario del gobierno de centroderecha que gobernó Holanda entre 2010 y 2012, aún resuena en Europa y las leyes migratorias aprobadas bajo su influencia todavía están en vigor.

La coalición entre liberales y democristianos que gobernó con el apoyo parlamentario de la ultraderecha prohibió el uso del burka en el país y se consideró motivo para perder el subsidio del paro. Además, la normativa holandesa de 2010 recogió la prohibición de llevar velo a policías  jueces y fiscales en el desempeño de su función.

Por otra parte, esta batería de medidas adoptadas bajo la influencia de Wilders recoge que las escuelas musulmanas sólo reciban subvenciones si demuestran que fomentan la ciudadanía y no defraudan con los fondos recibidos; la obligación de pasar un examen de civismo para obtener y mantener el permiso de residencia y el endurecimiento de las condiciones para la reunificación familiar.  Por último, el asilo dejó de ser automático para los refugiados de ciertos países considerados “peligrosos”.

El partido de Wilders centró su estrategia electoral de 2010, casi exclusivamente, en el “enemigo musulmán”. El político llegó a defender la prohibición del Corán, las mezquitas y la “deportación de los terroristas callejeros marroquíes”.

Actualmente ha desplazado sus críticas a la comunidad musulmana para poner su foco en la retirada de Holanda de la Unión Europea y de la ONU “mientras incluya países musulmanes”.

Los inmigrantes representan el 3,5% en una población de 5,2 millones de habitantes, una de las más bajas de toda la UE. Sin embargo, el partido xenófobo Auténticos Finlandeses ha multiplicado por 8 sus escaños en el Parlamento en las elecciones de 2011 y ha situado en la opinión pública el debate sobre la inmigración, obligando a los partidos tradicionales finlandeses a posicionarse y a endurecer sus programas con el objetivo de acercarse al electorado antiinmigrante.

La presión aún no se ha traducido en medidas concretas antiinmigración, pero sí en una derechización de la política finlandesa en el que el hasta ahora invisible debate migratoria se ha convertido en tema estrella de los enfrentamientos políticos.

El país nórdico restableció los controles de aduanas en sus fronteras con Alemania y Suecia 2011 dinamitando la libre circulación de personas en la UE. La nueva normativa respondió, según explicó el gobierno danés, a un acuerdo del ejecutivo con el Partido del Pueblo Danés (de extrema derecha). La líder del partido populista, Pia Kjaersgaard, señaló cuando se restableció el control aduanero que el objetivo era “luchar contra la inmigración ilegal y el crimen organizado”.

Kjaersgaard hizo del Partido del Pueblo Danés la tercera fuerza política del país y el socio indispensable para sostener en el poder a la coalición liberal-conservadora durante una década. Su influencia ha sido tal que logró que todos las elecciones desde 1998 giraran en torno a la inmigración y con su discurso agresivo, centrado en los musulmanes, ha arrastrado a buena parte del arco político a la derecha, con la socialdemocracia a la cabeza. Términos como "lo no danés", "daneses étnicos" o "inmigrantes de segunda y tercera generación" se han vuelto de uso común en el debate político.

El peso parlamentario de la ultraderecha en Austria es importante. En las últimas elecciones, celebradas en 2008, los dos partidos de ultraderecha —el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) y su escisión, el Alianza para el Futuro de Austria (BZÖ) — sumaron más del 28% de los sufragios. Juntos superaron a la fuerza más votada, el Partido Socialdemócrata Austríaco (SPÖ) del canciller Alfred Gusenbauer, que obtuvo el peor resultado de su historia.  

El resultado fue interpretado como el gran triunfo de Jörg Haider, veterano líder de la extrema derecha austríaca que falleció apenas diez días después de las elecciones tras estrellarse el coche en el que viajaba.  Sin embargo, la victoria más importante de este político austríaco se produjo en el año 2006 cuando el miedo al ascenso de su formación llevó a los dos grandes partidos en elGobierno, el Partido Socialdemócrata Austríaco (SPÖ) y el Partido Popular Austriaco (ÖVP), a pactar un endurecimiento de la ley de ciudadanía.

Al contrario que en el resto de Europa, el actual gobierno austríaco está barajando la posibilidad de reformar la citada ley con el objetivo de facilitar la llegada de mano de obra cualifica. Los datos actuales hablan por sí solos. En 2009 Austria sólo otorgó la nacionalidad a 7.990 personas, un 82,3% menos que en 2003, según los datos difundidos por la Oficina de Estadísticas de Austria.

En Hungría gobierna con una amplia mayoría absoluta el partido conservador Fidesz. Su respaldo en las urnas le sirvió para imponer una nueva Constitución que arranca recordando el glorioso pasado y destino de Hungría, así como prohíbe el matrimonio homosexual, el aborto y menciona a los judíos como corresponsales del desastre financiero internacional.

Entre las medidas más polémicas adoptadas por el gobierno del Fidesz se encuentra la obligatoriedad de trabajar para los parados de larga duración, muchos de los cuales son gitanos, que se encuentran encerrados y vigilados en campos de trabajo. Asimismo, ha quedado suspendido el derecho a la huelga y se ha establecido una ley muy restrictiva de libertad de información.

La población gitana en Hungría es de unas 660.000 personas, lo que supone el 6,6% de la totalidad, según diversos informes, aunque las cifras del censo oficial no son fáciles de encontrar y muchos gitanos ocultan su identidad.

El panorama totalitario se completa en Hungría con la tercera fuerza en el Parlamento: el partido ultraderechista Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor), quienes auspician una milicia privada autodenominada Guardia Húngara, prohibida en el año 2009, pero que sigue patrullando las calles y amenazando a los gitanos.

El partido neonazi Amanecer Dorado entró por primera vez en el Parlamento nacional en 2012 con 21 diputados (18 tras la repetición de las elecciones) y casi el 7% de los votos . De hecho, en 2009 obtuvo el 0.29% de los sufragios. Su programa político se puede resumir en un sola frase: “Grecia para los griegos, fuera los extranjeros”. Para cumplir este programa proponen minar las fronteras y poner al ejército a custodiarlas.

La violencia callejera contra inmigrantes y homosexuales por parte de miembros del partido son constantes: patrullan el barrio gay ateniense amenazando y soltando panfletos donde se podía leer “después de los inmigrantes sois los siguientes”; las ONG cuentan 60 palizas a inmigrantes en Atenas ; atacaron un centro de inmigrantes en Patras; su líder ha negado el Holocausto en televisión, entre otros actos violentos.