La Comisión Europea ha seleccionado ocho provincias españolas, repartidas por todo el país, para que reciban dinero del Fondo de Transición Justa, en concreto 307 millones de euros, un 4% del total de 7.500 millones del dinero que Bruselas asignará por toda la Unión Europea para desarrollar modelos económicos sostenibles "sin dejar a nadie atrás".

Los técnicos de la Comisión han seleccionado a Asturias, A Coruña, León, Palencia, Teruel, Córdoba, Almería y Cádiz, como las provincias españolas que recibirán ayudas de ese Fondo, ya que entienden que son las que tendrán más problemas para avanzar hacia una economía verde. La selección se ha hecho publica como parte del Paquete de Invierno de la Comisión Europea, un informe en el que analiza la evolución de la economía española y de las reformas recomendadas por Bruselas. 

La lista no es definitiva, sino que servirá como base en las negociaciones entre Bruselas y Moncloa sobre dónde y cómo se distribuirán esas inversiones verdes. En su elección, los técnicos han tenido en cuenta la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, la presencia de minas, y de fábricas que hacen un uso "intensivo" de combustibles contaminantes o que pueden dañar al medio ambiente, además del impacto que su cierre podría tener en el empleo de la región.

En su informe, la Comisión ha reconocido la estrategia "ambiciosa" de España al haber cerrado todas las minas de carbón y haber iniciado el desmantelamiento de las centrales térmicas que usan este combustible. Pero a la vez advierte de que la transición energética viene "acompañada de consecuencias sociales y económicas significativas" para las provincias seleccionadas y "un aumento temporal de la dependencia energética del país".

Los técnicos han destacado los 8.000 puestos de trabajo en la minería perdidos en Asturias, Teruel, León y Palencia. Tomando como referencia una fotografía de la situación a final de 2018, el informe explica que entonces aún había aún 14 centrales térmicas de carbón en España, en las que trabajaban unas 3.300 personas, además de generar otros 10.000 empleos indirectos. Todos esos puestos están en riesgo debido al desmantelamiento de las centrales.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, la estrategia de transición del Gobierno, prevé medidas para mitigar esos efectos, pero el Ejecutivo "tendrá que tomar más acciones para encarar las consecuencias sociales", detalla el informe. "La mayor parte de estas regiones se enfrentan a problemas de despoblación y tienen una actividad económica limitada, lo que puede amplificar las consecuencias negativas del proceso de decarbonización".

Para acceder a esos fondos, el Gobierno tendrá que desarrollar un Plan para la Transición Justa que identifique las regiones que necesiten ayuda y qué tipos de inversiones se deberían realizar, en el que se definirán las provincias que definitivamente recibirán esas ayudas. 

Esos fondos podrían destinarse a ayudar a la creación de nuevas empresas, con incubadoras y consultoras, desarrollar infraestructuras energéticas limpias y asequibles, la economía circular, actividades de investigación, desarrollo de pymes y en regenerar los lugares más contaminados, según explican los técnicos. Además, el apoyo iría a parar a la formación de trabajadores que tengan que cambiar de área y al apoyo a la búsqueda de empleo.

Para enfocar las inversiones en las zonas con más problemas, la Comisión ha seleccionado en total unas 100 regiones de toda Europa para recibir inversiones del Fondo de Transición, algo menos de un 10% del total de provincias y divisiones administrativas equivalentes. Una proporción algo superior en España, ya que atañerá a 8 de las 52 provincias y ciudades autónomas.

El anuncio forma parte de la presentación del Paquete de Invierno de la Comisión, que analiza la situación económica de cada país y el grado de implementación de las reformas que recomienda Bruselas. Por primera vez, el análisis incluye también una revisión de los problems de sostenibilidad medioambiental de cada país.

El Fondo de Transición Justa, presentado por la Comisión en enero, recibirá 7.500 millones de euros en dinero fresco, aunque la cantidad final aún no está confirmada. Solo lo estará cuando se cierre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, el presupuesto de la UE para los próximos siete años, cuyas negociaciones están de momento encalladas tras el desacuerdo que escenificaron algunos de los cuatro países más ricos con el resto en una Cumbre de dos días, que terminó el viernes pasado sin acuerdo. Aún no hay fecha para un nuevo encuentro, pero se espera que haya algún tipo de consenso antes de fin de año. En cualquier caso, la última propuesta sobre la mesa mantendría el Fondo de Transición en la misma cantidad.

De esos 7.500 millones de euros, Polonia sería la más beneficiada, con 2.000 millones, seguida de Alemania (877 millones), Rumanía (757 millones) y República checa (581 millones). España sería la octava receptora con 307 millones.

Además de ese dinero fresco, la Comisión prevé movilizar un total de 100 millones de euros, ya que las inversiones tendrán que ser cofinanciadas por el Estado y una parte del gasto se ayudarán de capital privado (el dinero público funcionaría de aval, como palanca para generar gasto privado).