Trump amenaza la ola de legalización de la marihuana en diferentes Estados

El Gobierno del presiente estadounidense, Donald Trump, podrá interferir en el uso de la marihuana que decidan los diferentes Estados, lo que amenaza la ola de legalización y despenalización que se registra en todo el país. En una iniciativa que enfría el optimismo de los defensores del uso medicinal y recreativo de la marihuana, el Gobierno de Trump tumbó este jueves una norma aprobada por el expresidente Barack Obama que impedía la interferencia federal en las decisiones de los Estados respecto a la relajación de las leyes contra esa droga.

El fiscal general, Jeff Sessions, emitió un memorándum en el que encomienda a los fiscales del país hacer cumplir la ley federal y seguir los principios establecidos para perseguir las actividades relacionadas con la marihuana, según un comunicado del Departamento de Justicia. "Es la misión del Departamento hacer cumplir las leyes, mientras las directrices previas minaban este cumplimiento y la capacidad de nuestros compañeros locales y estatales de ejecutar su misión de hacer cumplir la ley", afirmó Sessions en el comunicado.

En esta línea, el secretario de Justicia incidió en que la derogación de la regla previa "simplemente pide a todos los fiscales utilizar los principios de la fiscalía previos que les proveen de todas las herramientas necesarias para acabar con las organizaciones criminales, la creciente crisis de drogas y el crimen violento en el país".

La decisión del máximo responsable de Justicia guiará a los fiscales del país a hacer cumplir la legislación nacional, por la que el consumo de marihuana -recreativo o médico- es ilegal, e imponerla sobre las normas adoptadas por los Estados que hayan despenalizado su consumo.

Desde 2013, cuando el Departamento de Justicia bajo el Gobierno de Obama aprobó su directriz, el Ejecutivo federal había optado por una postura más laxa ante las regulaciones en esta materia a nivel estatal, optando por no imponer la norma federal salvo que las normas de los Estados entraran en conflicto con otras leyes nacionales.

El Departamento de Justicia se refirió a la decisión de Sessions como "una vuelta al cumplimiento de la ley y a la confianza y el control local de los fiscales federales", quienes -comentó- saben hacia dónde enfocar los recursos existentes de manera "más efectiva" para reducir la violencia criminal. Con la dirección seguida por Sessions, según el comunicado, Estados Unidos continuará con la aplicación del Acta de Sustancias Controladas, promulgada en 1970 por el presidente Richard Nixon, que supuso el comienzo de la llamada guerra contra las drogas.

Actualmente, 29 Estados han aprobado leyes que posibilitan el uso de esta droga con fines médicos, mientras que siete lo han hecho también para fines recreativos. El último caso de legalización recreativa fue el del Estado de California, que desde el 1 de enero de 2018 abrió este mercado con proyecciones que apuntan a una facturación anual de al menos 7.000 millones de dólares (5.817 millones de euros).

La iniciativa emprendida por Sessions contradice las declaraciones realizadas durante la campaña electoral de 2016 por el propio presidente Trump, en las que afirmaba que la regulación de la marihuana debía ser decidida por los Estados. Por su parte, el senador republicano por Colorado Cory Gardner advirtió este jueves, a través de su perfil en Twitter, de que seguirá "todos los pasos necesarios" para que Sessions no acabe con la norma aprobada por el Ejecutivo de Obama y respaldó la postura que había adoptado el mandatario en su carrera por la presidencia.

Gardner explicó que antes de que el Senado aprobara la nominación del fiscal general, este le había asegurado que no tumbaría la regla de 2013, razón por la que el legislador dijo estar dispuesto a bloquear las futuras nominaciones en el Departamento de Justicia. Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó el giro de Sessions de "guerra injusta" y "vergonzosa" contra los estadounidenses que consumen esta droga legalmente, y consideró que "insulta" los "procesos democráticos" ejercidos en los Estados.