Un tribunal militar de Myanmar condenó este lunes a la depuesta líder y premio nobel de la Paz Aung San Suu Kyi a otros seis años de cárcel por casos de corrupción que se le atribuyen, según fuentes cercanas al proceso judicial. Suu Kyi recibió tres años de condena al ser declarada culpable de abusar de su posición para alquilar unas tierras por debajo del precio de mercado y otros tres por construir una vivienda con donaciones que debían ser destinadas a obras caritativas en una fundación que ella presidía, detalló el medio local Myanmar Now.

La líder depuesta, de 77 años, fue juzgada a puerta cerrada por un tribunal controlado por los militares golpistas en la capital Naipyidó. La pena de seis años se suma a los once años de prisión a los que ya había sido condenada Suu Kyi, que permanece bajo arresto desde la mañana del 1 de febrero de 2021, cuando el general Min Aung Hlain se hizo con el poder por un golpe de Estado militar.

La líder derrocada recibió en abril una pena de cinco años de prisión por aceptar sobornos por valor de 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro de manos del exgobernador de Rangún Phyo Min Thein, quien testificó en octubre contra la líder electa.

En diciembre Suu Kyi fue condenada a cuatro años, rebajados a dos por un indulto parcial de la junta militar, por vulnerar leyes contra la pandemia e incitación contra la autoridades. En enero fue condenada a cuatro años por saltarse las medias contra la propagación de la covid-19 y por la importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones.

La exconsejera de Estado además es juzgada por supuestamente vulnerar la ley de secretos oficiales, penada con un máximo de 14 años de prisión, y es acusada ante la justicia por el delito de fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020. Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como una fabricación todas las acusaciones presentadas en su contra.

El golpe de Estado encabezado por el general Min Aung Hlain ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica, y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Al menos 2.189 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han llegado a disparar a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según los datos recabados por la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.