Un tribunal de honduras condena a 22 años al coautor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

La justicia de Honduras condenó este lunes a 22 años y seis meses de prisión al hondureño Roberto David Castillo por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, un crimen por el que siete personas ya fueron condenadas en 2019.

La condena contra Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), firma que pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres, fue dictada por la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional.

Según la sentencia, Castillo fue condenado como "coautor intelectual" del asesinato de la ambientalista de la etnia lenca y deberá cumplir su condena en la Penitenciaría Nacional, la principal cárcel del país, en el norte de Tegucigalpa.

Cáceres fue asesinada a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte, por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, que afectaría a los integrantes del pueblo lenca.

El Tribunal dictó también "las penas accesorias de inhabilitación absoluta" mientras dure la condena y ordenó que el condenado "trabaje por el tiempo de la sentencia" en la Penitenciaría Nacional.

"Se declara al condenado responsable civilmente, lo que será objeto de casación en la fase de discusión de esta sentencia", subrayó el juzgado hondureño.

La portavoz del poder Judicial, Lucía Villars, dijo a periodistas que las defensas tienen 20 días para presentar un recurso de casación, el cual podría ratificar o modificar la sentencia y ordenar que se repita el juicio.

En diciembre de 2019 un tribunal de Honduras condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.

DESA ha rechazado siempre todas las acusaciones en su contra por parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que la ambientalista era coordinadora general, y la familia de Cáceres.